BRAGA
Agencia UNO
La socióloga Teresa Valdés, la abogada Lieta Vivaldi y la académica de la UDP Danitza Pérez, conversaron con El Mostrador Braga acerca de cómo los feminismos, a través de sus distintos enfoques, han resignificado la idea de violencia machista.
La violencia machista abarca todas aquellas acciones que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad y la integridad física y mental de las mujeres, niñas, y personas con una identidad de género y/o sexualidad distinta a la normativa. Esta se ejerce bajo la referencia cultural del machismo como manifestación de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
El movimiento feminista y sus diversas organizaciones han puesto sobre la mesa la relación entre la violencia y las formas culturales de considerar a las mujeres inferiores a los hombres. De esta manera, los feminismos, a través de sus distintos enfoques y manifestaciones, han resignificado la idea de violencia machista y de género, aportando nuevas explicaciones a las causas de esta y siendo partícipe del tránsito de la denuncia de lo privado a lo público.
Acciones como el #MeToo en octubre del 2017, donde se inició un movimiento para denunciar la agresión y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein, fueron viralizadas incentivando a miles de personas a compartir sus historias como víctimas de violencia.
En Chile, tuvo un carácter parecido el apodado Mayo Feminista del 2018, cuando una ola de movilizaciones y manifestaciones se tomaron las calles, exigiendo un proceso de cambio social para erradicar el machismo imperante y el sistema patriarcal que ha sido estructural en el país. El énfasis en las denuncias contra las violencias machistas -sobre todo la violencia sexual- caracterizó las protestas que cobraron vida principalmente en las universidades.
De esta manera, acciones como las acusaciones públicas se convierten en una forma de acción política hacia acusados y/o victimarios de violencias de género, abriendo debates sobre el sentido de justicia asociado a ellas y su carácter colectivo.
La Socióloga y doctora en Ciencias Sociales, que se ha convertido en una de las referentes históricas del feminismo chileno, Teresa Valdés, afirmó en conversación con El Mostrador Braga que “la acción social colectiva de las mujeres no es independiente de procesos generales de cada sociedad”.
A su vez, existen casos donde la acción feminista se ha adelantado a profundizar lo que otros movimientos están manifestando. En Chile, en la última década hubo un ascenso de demandas sociales y populares. Con esto, las demandas de las mujeres enfatizaron en temas de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos, además de una lucha contra la violencia de género.
“El movimiento feminista ha sido fundamental para el cambio de las percepciones sociales sobre la violencia machista. Sin embargo, hay algo más importante que es que esta violencia es estructural”, señaló Valdés, y añadió que “si no es por la acción, el trabajo, la denuncia y la rebeldía feminista individual y colectiva, no se habría instalado la visión de que eso es un delito y que no puede ser aceptable”.
Actualmente, existe un rechazo cultural a la violencia, lo cual no quiere decir que esta desaparezca. De hecho, según la Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicada el 2020, hubo un aumento estadísticamente significativo de violencia general entre las mediciones 2017 y 2020, de 38,2% a 41,4%.
Pero, en esta misma encuesta se muestra que el indicador vida aumentó, lo cual puede deberse -a modo de hipótesis, como se menciona en el documento- a que habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía conciencia, y al mismo tiempo se habría dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones cotidianas. Esto significa, por tanto, una nueva manera de entender la violencia, resignificándola.
La deslegitimación de la violencia contra las mujeres es un proceso que ha ido avanzando a medida que nuevos movimientos sociales ocurren. Esta situación ha aportado una nueva explicación de las causas de la violencia y ha significado el tránsito de este tipo de violencia del espacio privado al espacio público y de la calificación de drama privado a problema social. Con ello, se abre el debate del sentido de la justicia.
Ante esto, la directora del programa de Género, Derecho y Justicia Social UAH, Lieta Vivaldi y la académica UDP, Danitza Pérez, conversaron con El Mostrador Braga, e indicaron que la cultura jurídica ha avanzado en la forma en que se abordan los casos para entender que existen diversos factores que influyen.
“Ha habido importantes contribuciones desde el derecho internacional, los derechos humanos, los movimientos feministas y la creación de instancias internas en el poder judicial —como la Secretaría de Género en la Corte Suprema—, para incorporar una perspectiva de género en el momento de enfrentar un caso de violencia o en el cual estén involucradas mujeres”, señalaron.
Sin embargo, continúan existiendo barreras en el sistema de denuncias de violencia machista, lo cual influye en los índices de impunidad. Para Valdés, “la principal barrera es que no se ven las consecuencias. La ley actual que penaliza la violencia intrafamiliar reiterada deja en impunidad una elevada proporción de las causas que completan el proceso judicial y en ese sentido no resuelve el problema”.
El entender que la violencia machista no es un tema privado, sino algo social y estructural que va mucho más allá, ha tomado años de movilizaciones, denuncias y acciones. Según Vivaldi y Pérez, ha existido un tránsito en cuanto al entendimiento y denuncia de la violencia de género desde lo privado a lo público.
“Si pensamos, el derecho hasta hace no tantos años estaba completamente ausente de la familia, ya que ahí el que “mandaba” era el padre de familia, pero además ciertos comportamientos eran amparados por la ley, precisamente porque se percibía como un espacio ajeno al Estado y la sociedad.
De acuerdo a Vivaldi y Pérez, la perspectiva de género da directrices de cómo una situación concreta puede afectar de diversos modos a hombres y mujeres, sobre todo si se consideran condiciones específicas como su clase social, pertenencia a un pueblo originario, ser migrante, entre otras.
Sobre esta transición de lo privado a lo público, Valdés mencionó que “lo más complejo es que siguen existiendo estas cifras sobre la cantidad de años que la víctima se demora en contar lo que está viviendo, ni siquiera en denunciar la violencia, sino en contarla”.
A pesar del avance, sigue siendo una barrera para las víctimas poder reconocerse a sí mismas como violentadas.
Ante esto, Vivaldi y Pérez afirmaron que “el que se converse sobre la temática, se visibilice y se deje de juzgar a las personas porque sufren violencia o por el momento en que denuncian o no, ha sido muy importante para que se perciba que esta violencia es transversal y viene de una forma de entender a las mujeres como “inferiores” lo que debemos culturalmente cambiar”.
Respecto al movimiento feminista y la violencia de género, indicaron que “en nuestro país los feminismos empezaron a influenciar en mayor o menor medida desde principios del siglo pasado contribuyendo paulatinamente a mejoras en las condiciones de las mujeres y a su vez en avances en igualdad de género”.
Por último, esta movilización social y política ha enmarcado la violencia machista y su proceso de difusión. Pero los desafíos continúan.
“Actualmente, la violencia de género enfrenta muchos desafíos para su reducción y eliminación que van mucho más allá de la denuncia. Lo más importante es la prevención, no hay suficientes palabras para decir que es ahí donde está el tema” señaló Valdés.
“La naturaleza del fenómeno de la violencia requiere un abordaje multisectorial y antes que la persecución penal y la condena judicial, se requiere la prevención”, finalizó.
En cuanto a Vivaldi y Pérez, es necesaria una ley integral contra la violencia machista que aborde las distintas dimensiones que imponen el problema. “Aquí todos los actores institucionales requieren mejorar los estándares de atención a las víctimas y el abordaje de los casos, de manejar que la impunidad no siga siendo la tónica en los casos de violencia”
“Debemos generar políticas que apoyen el proceso de entender lo que es la violencia, de prevenirla, de trabajar la vergüenza que puede generar para poder como sociedad resolver los daños que provoca no solo a la mujer sino eventualmente a sus hijos e hijas, a su entorno cercano y a la comunidad entera”, finalizaron.
