Desafíos, fortalezas, retrocesos y contradicciones a 6 años del mayo feminista

Desde el auge del mayo feminista de 2018 hasta las movilizaciones sociales de octubre de 2019, Chile fue testigo de un fenómeno social sin precedentes: el ascenso del movimiento feminista como una fuerza política y social influyente en el país. Sin embargo, tras dos procesos constitucionales y la pandemia de COVID-19, el movimiento ha enfrentado desafíos, cambios y contradicciones que han despertado diversas reflexiones sobre su relevancia y efectividad.

Para comprender estos aspectos, El Mostrador Braga conversó con Angela Boitano, doctora en Filosofía, magíster en Sociología, psicóloga clínica y directora del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales (UDP), quien analiza desde la perspectiva de la sociología y la psicología algunos de los fenómenos que han marcado la evolución del movimiento feminista en Chile.

Boitano destaca que, si bien es cierto que el movimiento feminista ha experimentado altibajos, no se puede hablar de una “baja” en su relevancia. Por el contrario, señala que el feminismo ha logrado permear diversos aspectos de la sociedad chilena, desde la política hasta la cultura popular, convirtiéndose en un tema ineludible en los debates públicos.

“Los feminismos llegaron para quedarse y quedan pocos espacios sociales en que no se haya incorporado, seriamente e incluso en tono de broma, que es una manera de instalarse también. Ciertas maneras de referirse a la paridad, a la división del trabajo doméstico, a la repartición del poder, etc., se han transformado en temas ineludibles”, asegura Boitano.

Respecto a la lucha por el aborto, la socióloga enfatiza que sigue siendo una de las principales banderas del movimiento feminista en Chile. Aunque reconoce que puede haber una percepción de menor presencia en las discusiones públicas, asegura que existen numerosas organizaciones y colectivos que continúan trabajando activamente por la despenalización y acceso al aborto seguro y gratuito.

En cuanto al uso del lenguaje inclusivo, la académica sugiere que los cambios sociales son procesos complejos y no lineales, influenciados por diversos factores, como los gobiernos de turno y las coyunturas sociales. Si bien reconoce que puede haber retrocesos en ciertos ámbitos, agrega que “el lenguaje inclusivo se adoptó en algunos sectores de la población con facilidad, entiendo que entre generaciones más jóvenes. Ha sido difícil asumirlo en los mundos más tradicionales, pero eso no significa que las demandas tengan menos peso. Más que observar cuánto se adopta el lenguaje inclusivo, es necesario observar las brechas salariales, la desigualdad, la repartición del poder, etc., eso habla más fielmente de una sociedad más o menos justa”, subraya.

Sobre el posible rechazo al movimiento feminista por parte de algunas mujeres, Boitano puntualiza que el feminismo es una posición política que va más allá de la identidad de género. Explica que, si bien puede haber diferentes formas de feminismo, es fundamental comprender que este busca promover la igualdad y la justicia para todas las personas, independientemente de su género. “Por otra parte, es probable que haya formas de feminismo más inclusivas que otras. Hay una infinidad de movimientos feministas, separatistas, no-terf, anticapitalistas, feminismos liberales, marxistas, maternalistas, etc., y algunos de ellos puede que susciten más simpatía o adhesión. Es importante diferenciar niveles: hay teorías feministas, también encontramos activismos feministas y estilos de vida feministas. Estos niveles no siempre van juntos”, precisa.

Respecto a los procesos constitucionales, Boitano señala que ambos han tenido impactos significativos en el movimiento feminista, especialmente al excluir o limitar las demandas de igualdad y justicia de género. Sin embargo, hace hincapié en que estos retrocesos también pueden ser motores de resistencia y vitalidad para el movimiento.

Sobre lo anterior, la filósofa declara que “solo diré que el primer proceso constitucional fallido pecó de soberbia al aspirar a sumar en un texto todas las demandas por diferencia, acentuando demandas muy ‘de nicho’, dejando de lado proyectos colectivos más inclusivos, es decir, reclamos por igualdad y justicia que afectan a sectores populares, del mundo rural, no feministas, etc. El segundo fue francamente el intento por instalar una versión más fundamentalista aún que la Constitución del 80, por lo que ni siquiera diría que afectó al movimiento feminista, sencillamente lo omitió por completo. Pero ahí está el resultado”, dice.

Por último, Boitano destaca los avances en materia de políticas de género durante el Gobierno actual, pero también reconoce que aún queda mucho por hacer en áreas como los derechos sexuales y reproductivos, el cuidado y la seguridad de las mujeres. 

En esa misma línea, la Coordinadora Feminista 8M –organización feminista y por los derechos de las mujeres y diversidades– se ha consolidado como una fuerza determinante en el escenario político y social del país. Gabriela Jadue, una de las voceras de la organización, hace hincapié en la necesidad de construir un movimiento feminista desde las poblaciones y sectores más empobrecidos, buscando ser una alternativa real para cambiar las condiciones de vida y promover una sociedad más justa e inclusiva. Asimismo, recalca la importancia de mantener una postura crítica respecto a la agenda gubernamental, destacando la falta de avances en temas como derechos sexuales y reproductivos, y el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados.

Respecto a si el Gobierno de Boric es uno feminista, desde la Coordinadora 8M explican que para que un Gobierno logre mejorar las condiciones de mujeres, infancias y diversidades, se necesitan medidas concretas. “Por ahora, hemos visto cómo los temas relevantes para nuestras vidas han perdido prioridad”, sostienen.

Debido a ello, mediante un punto de prensa, desde la organización feminista declararon que “nos propusimos que Kast no llegara a La Moneda y Kast no llegó a La Moneda. Hasta ahí llegó nuestro apoyo a esa candidatura (de Gabriel Boric)”.

Con relación a los procesos constituyentes, Jadue afirma que “luego de la pandemia y el triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022, las organizaciones políticas y sociales en general nos vimos enfrentadas a un proceso de desarticulación y desmovilización. Sin embargo, la frustración de la derrota y las restricciones sanitarias de a poco se han ido superando. Mientras nuestras vidas sigan en riesgo, seguiremos movilizadas para cambiar esta realidad brutal que afecta a la mayor parte de la población”. No obstante, destaca que fueron las mujeres y el movimiento feminista quienes impidieron el avance de un proyecto constitucional antiderechos de las mujeres. 

Acerca de la resistencia y rechazo que puede generar el movimiento en algunas mujeres, “el feminismo es una posición política que incomoda, que nos invita a cuestionarnos cosas que toda la vida nos enseñaron que eran normales y que, por supuesto, genera resistencias. Es importante reconocer que las feministas somos diversas y la realidad que vivimos las mujeres y disidencias bajo este sistema también lo es. En esta línea, nuestra apuesta siempre ha sido a mantener el diálogo abierto para poder construir colectivamente desde nuestras diversidades, respetando siempre nuestra autonomía y principios políticos”, asevera la vocera de la Coordinadora.

En cuanto a la amenaza que representan las políticas conservadoras, como es el caso de Argentina con el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, la Coordinadora enfatiza la importancia de mantenerse alertas y continuar articulándose para enfrentar los desafíos que ponen en riesgo los derechos de las mujeres y disidencias. En este sentido, convocan a una Huelga General Feminista: “Este año queremos hacer visible la violencia patriarcal. En lo poco que va del 2024, ya van 32 femicidios frustrados y 7 víctimas de femicidio”. Además de poner un foco particular en la crisis de seguridad.

¿Un Gobierno feminista?

Respecto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que llegó a La Moneda con propuestas ambiciosas en cuanto a políticas de género, desde la Coordinadora 8M afirman que “para nosotras una visión feminista transversal significa pensar no solo en aquellos temas que se asumen como temas de género, pues nuestras vidas no se limitan exclusivamente a estos, sino que en las transformaciones estructurales necesarias para garantizar el buen vivir. Hemos visto cómo demandas históricas del movimiento feminista han perdido prioridad, no hay avances en derechos sexuales y reproductivos, tampoco en el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados que pueda efectivamente modificar las condiciones de quienes cuidan y son cuidados. Sobre este punto, las organizaciones de cuidadoras han sido muy enfáticas en denunciar el abandono del Estado y de este Gobierno”. 

En la misma línea, en relación con la crisis de seguridad que enfrenta actualmente el país, afirman que “este Gobierno ha permitido el avance de un discurso contra migrantes que refuerza el racismo, que ha sostenido el negacionismo en torno a figuras como la de Sebastián Piñera y que ha decidido resolver la crisis de seguridad con el fortalecimiento de las políticas represivas que criminalizan la pobreza y no resuelven realmente el problema de fondo”.

Sobre estas declaraciones, desde el Ejecutivo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en conversación con El Mostrador Braga, asevera que “lo que hemos hecho como Gobierno y como ministerio ha sido escuchar las demandas de distintas mujeres, feministas y no feministas, trabajadoras, cuidadoras, dueñas de casa, madres o mujeres sin hijos, y lo que hemos podido concluir es que existen temas y preocupaciones transversales”. Sobre esto, pone énfasis en la aprobación de leyes como de la Ley Antonia; la ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familiares, con la pensión para hijas e hijos incluida; o las leyes 40 horas y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, ha sido una de las principales consignas del movimiento feminista contemporáneo, tanto en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica. Al respecto, la ministra Orellana asegura que “desde 2022 hemos sostenido periódicamente diálogos sobre derechos sexuales y reproductivos con diversas organizaciones de mujeres, el cual ha permitido un trabajo conjunto para priorizar necesidades y ver las formas en las que se puede avanzar en la garantía de derechos”. 

En enero de 2023, el Ministerio de la Mujer, en conjunto con el Ministerio de Salud, lanzaron el Manual de Fiscalización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “desde entonces, se solicitó en todas las regiones, a través de las Seremis de ambos ministerios, la fiscalización en los centros de atención médica. Durante el 2023 se realizaron cerca de 60 fiscalizaciones a nivel nacional”, afirma la secretaria de Estado.

Entre otras medidas, Orellana destaca la reducción del precio de seis anticonceptivos de uso frecuente entre las mujeres, y la implementación, junto al Instituto de Salud Pública, del retiro de anticonceptivos defectuosos, además de emitir un mensaje de advertencia a las consumidoras, “acciones que hasta ahora no ocurrían”, subraya, “afectando a cientos de mujeres”.