BRAGA
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Diputados de oposición ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la Ley Integral, que reconocía, entre sus principios, la violencia gineco-obstétrica. Tras los hechos, organizaciones civiles se manifestaron para impulsar la ley Adriana, que legisla sobre la materia.
Una veintena de agrupaciones reunidas por los derechos del nacimiento, profesionales de la salud y víctimas de violencia gineco-obstétrica, acudieron a La Moneda para destacar la incorporación de este tipo de violencia en la Ley Integral de violencia contra las mujeres, aprobada el pasado miércoles.
La decisión de aprobarla fue cuestionada por un grupo de diputados pertenecientes a partidos como la UDI, RN, Republicanos, PDG y Partido Social Cristiano, quienes el viernes pasado ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnarla. Esto, cuestionando la educación sexual que está presente en la normativa, porque —a su juicio— atentaría contra la libertad de enseñanza que tienen los padres.
Ante esto, el gobierno anunció que buscará todos los medios posibles para poder defender la ley ante el Tribunal Constitucional.
Las organizaciones civiles y profesionales de la salud visitaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para discutir e insistir en el avance de la Ley Adriana, proyecto por el cual llevan luchando siete años. Este proyecto establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
Dos de sus autores estuvieron presentes en la jornada: el diputado Patricio Rosas y la diputada Claudia Mix, quien destacó que esta normativa incorpora una agravante en el Código Penal, para sancionar las negligencias y violencia gineco-obstétrica reconocida por primera vez en la Ley Integral.
“Esta no solo es una ley punitiva; esta ley viene a cambiar el paradigma de la forma de nacer en Chile, garantizando los derechos del parto e incluso los derechos del acompañante, que antes era invisibilizado. Estamos muy contentos por el avance que significa la Ley Integral, pero entendemos que no es suficiente sin la aprobación de la Ley Adriana. Llevamos casi siete años insistiendo en esto”, señaló la diputada.
Las agrupaciones solicitaron a la ministra impulsar la Ley Adriana. “Nos preocupa que los sectores conservadores hagan indicaciones que desconfiguren la ley, que cambien su sentido original”, indicó la diputada, y agregó que “creemos que todos los profesionales deben responder por sus actos, como cualquiera”.
“La Ley Adriana le da forma y fondo a la Ley Integral contra la violencia a la mujer; sin su aprobación, esta solo incorpora el concepto, pero para que no sea solo una cáscara, tenemos que aprobar esta otra ley. La forma de nacer sí importa”, concluyó la diputada.
En Chile, ocho de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia gineco-obstétrica en alguna de las etapas de la gestación, parto y postparto. Estudios revelan que más del 40% tuvo una episiotomía —una cirugía hecha durante el parto para ensanchar la abertura vaginal—, al 30% se les practicó la maniobra de Kristeller, cuya aplicación ha sido motivo de discusión incluso en clínicas privadas. Más del 60% de las parturientas no pueden estar acompañadas durante el parto en los hospitales.
Ignorar el dolor de las pacientes, no informar los procedimientos que se le están realizando, programar cesáreas sin justificación, dificultar la entrega de anticoncepción o esterilización voluntaria, son acciones categorizadas como violencia gineco-obstétrica. Además de negligencias que dejan secuelas en los recién nacidos.
El representante de la Sociedad Chilena de Gestión de Matronería (Sochigema), René Santana, señaló que la Ley Adriana “visibiliza el proceso de atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres desde una mirada integral, desde las prestaciones que se entregan en atención primaria, hasta el nivel terciario, cuando finalmente acuden a las maternidades a tener a sus bebés”.
“Creemos que esta ley eleva los estándares, fija un estándar a nivel nacional, el cual va a ser una oportunidad de crecimiento para todos los hospitales y todas las maternidades a lo largo de Chile y para el desarrollo del ejercicio profesional en esta área”, indicó.
La Ley Adriana busca defender los principios de dignidad en el trato, autonomía de la mujer, privacidad, confidencialidad, interculturalidad, derechos humanos y transparencia. Contempla además la prevención y la educación.
Por último, a este encuentro concurrieron representantes de la Mesa de Parto Respetado, Coordinadora por los derechos del nacimiento, Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Asociación de Ginecólogas Chile, Relacahupan, ParirNos Chile, Fundación OVO Chile, Red Nacer Madre y el Colegio de Matrona entre otras.
Actualmente, este proyecto se encuentra en el Segundo Trámite Constitucional en el Senado, donde espera ser abordado por la Comisión de Salud.
