El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el aumento de la violencia contra personas LGBTQ+ en Chile, instando al país a adoptar medidas efectivas para prevenir y combatir la discriminación.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el séptimo informe periódico de Chile donde expresó su preocupación por el “aumento” de violencia contra personas LGBTQ+ y lamentó que aún no ha sido derogado el artículo 373 del Código Penal, además de observar con preocupación la falta de aplicación efectiva de la Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación.
“Al Comité le preocupa el aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+, incluyendo las altas tasas de suicidio. Al Comité le preocupa también el alto nivel de impunidad por delitos de odio contra personas LGBTQ+, entre otras razones, por la falta de denuncias para evitar una revictimización”, se menciona en las conclusiones.
Estas observaciones tuvieron lugar luego de que el Comité de la ONU analizará los niveles de cumplimiento de Chile con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo a la vista diversos informes. Entre ellos, uno del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) donde alertó sobre los tópicos LGBTIQ+ sobre los cuales el órgano internacional hace un llamado de atención.
Desde el Movilh señalaron que “recibimos de muy buena manera estas observaciones de la ONU, pues hasta ahora el Estado no ha tomado nota de lo que venimos denunciando y advirtiendo”, y agregaron que “esperamos que ahora el Estado de Chile cumpla en breve y con urgencia las solicitudes formuladas por la ONU”.
Por su parte, el Comité exigió a Chile “redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género”, y lo instó a adoptar una serie de medidas.
Entre estas medidas se encuentra “garantizar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean investigados exhaustivamente, que los responsables sean llevados ante la justicia y si son declarados culpables, que sean sancionados adecuadamente”.
Además, se pidió establecer mecanismos que faciliten a las víctimas la interposición de denuncias de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, adoptando medidas para evitar la revictimización. Y puso énfasis en la relevancia de campañas de educación y sensibilización de la población para promover la tolerancia y el respeto a la diversidad.
En cuanto a la Ley Zamudio, el Comité mostró preocupación, en particular, por “su limitación a la “discriminación arbitraria”, las bajas tasas de enjuiciamiento de dichas demandas, la dificultad de aportar pruebas suficientes para acreditarla fehacientemente, así como la falta de medidas de reparación y medidas preventivas en dicha ley”.
Ante esto, el Comité instó al Estado a fortalecer las medidas de prevención y asegurar el acceso efectivo a la justicia y a las medidas de reparación, además de adaptar su legislación a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por último, el informe cuenta con observaciones sobre igualdad de género y violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, expresando su preocupación por el aumento de las tentativas de femicidio y de las denuncias de violencia, y por las barreras para al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.