BRAGA
Esta ley, que generó un intenso debate antes de su promulgación, convirtió a Chile en el último país latinoamericano en legalizar el divorcio.
Según los datos entregados por el Registro Civil, desde la entrada en vigor en 2004 de la ley de matrimonio civil -que regula el divorcio en Chile-, más de 700 mil parejas han optado por disolver su matrimonio, con 38.093 disoluciones registradas en 2023, la cifra más baja desde 2008.
La tramitación de esta ley generó un intenso debate que se prolongó casi una década antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2004. Con esta legislación, Chile se convirtió en el último país latinoamericano en legalizar el divorcio, lo que representó un hito significativo en la historia jurídica del país.
El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca Jorge del Picó Rubio recordó que “hubo choques de convicciones morales, religiosas y políticas. Fue probablemente la propuesta que más opinión recogió, pero no es que la ley generara la ruptura de las parejas. Lo que hace la normativa es certificar el término de esa relación y, a la fecha, ha funcionado bien. No ha aumentado proporcionalmente la cantidad de separaciones, ha sido eficaz y vino a sancionar jurídicamente una realidad que estaba presente”.
Según explicó el académico, durante gran parte del siglo XX, se intentó aprobar una ley de divorcio en Chile. Sin embargo, el golpe de Estado paralizó el interés por temas más privados. Con la recuperación de la democracia, la legislación sobre las rupturas matrimoniales y la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio se tornó prioritaria. “Los derechos que tenían los niños y niñas no reconocidos eran absolutamente discriminados respecto de los hijos que nacían dentro del matrimonio. Para 1997, se estimó que más niños nacerían fuera del matrimonio, lo que impulsó seriamente el debate sobre una ley de matrimonio civil”, argumentó Del Picó.
Dos décadas después, la realidad social ha cambiado significativamente. “En el campo de las relaciones de pareja y familiares, 20 años es mucho tiempo. La ley se aprobó y entró en vigor en 2004, pero se pensó en gran medida para lo que ocurría en ese momento. Temas como el matrimonio igualitario no fueron considerados y tampoco correspondía que lo hiciera en ese momento. Sin embargo, en materia de sociedad conyugal y uniones, de hecho, todavía falta terreno por avanzar”, señaló el académico.
Asimismo, Del Picó destacó las diferencias entre la ley de divorcio y el Acuerdo de Unión Civil (AUC). “El AUC es básicamente un estatuto de la pareja, mientras que la ley de matrimonio civil y el matrimonio igualitario son instituciones vinculadas a la familia. Hay que hacer el esfuerzo de dirimir qué regula cada uno de estos cuerpos normativos”.
Una de las innovaciones de la ley de matrimonio civil fue la posibilidad de celebrar el matrimonio en dos formas: civil y religioso, siendo este último reconocido por el régimen civil. Sin embargo, “pese a la expectativa de que se utilizaría ampliamente, la realidad es que ha sido mucho menos frecuente de lo esperado”, concluyó Del Picó.
