BRAGA
Informes reportan que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de IVE, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho desde su promulgación en 2017. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de la Ley Corta de Isapres, surgen interrogantes sobre si la afiliación a la prestación de salud puede afectar el acceso a este derecho.
Cabe recordar que para optar a un aborto legal en Chile se deben cumplir con una de tres causales: cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal para sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es causado por una violación.
Según la ley 21.030, las mujeres con Isapre pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en servicios públicos y privados, ya que es un derecho universal. La diferencia es el costo del procedimiento, que depende del plan de salud elegido.
“Todas tenemos derecho a acceder a la IVE, ya sea en el sistema público o privado, sin importar nuestra afiliación a FONASA o ISAPRE”, expresan desde Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA Chile).
Sin embargo, la objeción de conciencia se manifiesta como una barrera para su acceso, tal como reporta un informe de Corporación Humanas, que da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación.
