BRAGA
Agencia UNO
La reforma a la Ley Zamudio en Chile busca crear una institucionalidad antidiscriminatoria, sin embargo, aún no se ha avanzado lo suficiente. Según la parlamentaria Emilia Schneider, se espera su votación en la Cámara en junio.
Cada 17 de mayo, desde 2005, se conmemora el Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y Bifobia. Hace 34 años, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso crucial al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, sentando las bases para la lucha por la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad sexual y de género.
Este día, no solo busca recordar la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sino que también sirve como una oportunidad para educar y sensibilizar a la sociedad sobre las realidades que enfrenta la comunidad LGBTQIA+.
La lesbofobia, homofobia, la bifobia y la transfobia son formas de discriminación y odio que se manifiestan a través de actitudes y acciones de rechazo, hostigamiento y violencia hacia personas que no se ajustan a las normas tradicionales de género y sexualidad. Es fundamental comprender que estas actitudes van en contra de los derechos humanos y perpetúan un ciclo de injusticia y sufrimiento.
Según el XXII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, publicado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en marzo del presente año, el 2023 quedará marcado en la historia nacional como uno de los más alarmantes para los derechos humanos de las personas LGBTQIA+. Se registró un drástico aumento en los casos de discriminación, poniendo en peligro décadas de avances en la lucha por la igualdad.
El informe reveló cifras alarmantes: se documentaron 1.597 casos de discriminación en 2023, lo que representa un incremento del 52,6% en comparación con el año anterior. Estos casos incluyen asesinatos, agresiones físicas y verbales, abusos laborales y educativos, así como exclusiones institucionales y declaraciones de odio. De manera inquietante, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para el discurso de odio, con un 57,2% de los casos de discriminación ocurriendo en plataformas digitales.
En cuanto a la distribución geográfica, la región de Valparaíso encabeza la lista con el 35,8% de los casos, seguida de la Metropolitana con el 34%. Además, en 9 de las 16 regiones del país se registró un aumento en los casos de discriminación.
Según cifras del Primer Estudio sobre Violencia Homofóbica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, realizado el 2020, el 89,3% de la población que se identifica como LGBTQIA+ en el país, afirmó haber sido víctima de discriminación, pero solo un 4,3% de las personas discriminadas denunció o reportó estos hechos.
Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, afirmó a El Mostrador Braga que además de una institucionalidad antidiscriminatoria, se necesita capacitar a policías y fiscalías para que puedan recibir adecuadamente las denuncias. “Hoy en día las personas se sienten revictimizadas al ir a denunciar o, simplemente, tienen miedo a que se les vuelva a discriminar porque a muchos ya les ha pasado antes. Por esto es que Fundación Iguales creó ActuApp, una aplicación móvil que busca facilitar y hacer más ágiles los procesos de denuncia ante hechos de discriminación. Actualmente, está disponible solo en la región del Biobío, pero, necesitamos que esto se haga a nivel de Estado y en todo el país”. Asimismo, la vocera añade que se necesita una defensoría de las víctimas, que permita a las personas acceder a un abogado.
Sobre este mismo punto, desde la Asociación OTD Chile “Organizando Trans Diversidades”, también consideran que “es importante establecer que las policías y todas las instancias a través la cuales una persona puedes hacer una denuncia, deben estar capacitadas correctamente, para que las personas no tengan un desincentivo a la hora de poder denunciar los hechos, ya que muchas veces; particularmente en las comunidades trans, se relativiza o cuestiona la violencia, desde la ignorancia de estos organismos, lo cual se vuelve una primera barrera que impide la denuncia y la búsqueda de justicia”.
Al respecto, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider aseguró en conversación con El Mostrador Braga que se busca hacer cargo de este punto, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, aprobado en Cámara, y que permitiría representación jurídica gratuita y de calidad para víctimas de discriminación. “Pero eso no es suficiente si es que la Ley Antidiscriminación no brinda protección, y por eso este proyecto también incorpora elementos como la prueba indiciaria o el delito de acoso discriminatorio, que van en esa dirección, porque hasta hoy la ley no ha sido tan usada y eso no es porque no haya agresiones, es porque la ley es mala”, añadió.
Sobre la reforma a la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, Cumplido aseguró que “dentro de los puntos más relevantes se encuentran, primero, la creación de una institucionalidad en la Subsecretaría de DD. HH. para elaborar y coordinar las políticas, planes y programas para la no discriminación. En segundo lugar, amplía el objetivo de la ley que ahora tendría como finalidad no solo sancionar, sino también erradicar, prevenir y reparar estos actos. Por último, facilita el proceso civil tanto en su lenguaje, como aumentando plazo y dando la posibilidad de reparación a la víctima en caso de que haya una condena. Recordemos que hasta ahora solo contempla una multa a beneficio del Estado”. Añade, además, que el retraso en su discusión ha afectado profundamente a las diversidades, que deriva en el abandono de personas de la diversidad, con un aumento de crímenes de odio y discriminación sin protección del Estado.
Para las y los voceros de OTD Chile, la Educación Sexual Integral (ESI) debe implementarse y dar garantías a las futuras generaciones, no solo para evitar la posibilidad de ser víctimas de abusos, sino para también concientizar sobre identidades sexuales y de género. “También, la capacitación a toda la institucionalidad respecto a esta temática, para la correcta aplicación de las políticas públicas y las normativas vigentes”, añaden.
Al respecto, la parlamentaria, afirmó que “esta reforma ha tenido una tramitación larga, más de un año de votaciones en la Comisión, y más de 200 indicaciones: esto típicamente pasa con aquellos proyectos en los que la ultraderecha se opone con caricaturas odiosas, como que este proyecto sería solo para las personas LGBTQIA+ cuando en verdad protege a todos los grupos discriminados, pero esperamos que ya en junio lo vote la Cámara para seguir avanzando”.
Para la diputada Schneider, al igual que las organizaciones, considera que lo más relevante de la reforma es la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria, “que es una idea que se remonta al 2002, en un anteproyecto de ley que presentaron un grupo de organizaciones al expresidente Lagos y que quedó fuera de lo enviado por el gobierno al Congreso en 2005”. Destaca que esta institucionalidad busca crear una división en la Subsecretaría de Derechos Humanos y un Consejo compuesto por sociedad civil y órganos del Estado, que sigue el diseño que hay en países como Alemania, México, Argentina, entre otros, sobre la prevención de la discriminación. “Otra cuestión esencial, es la posibilidad de que organizaciones puedan iniciar acciones judiciales colectivas por afectaciones a un grupo discriminado, similar a lo que hay en derecho del consumidor”, agregó.
Por otro lado, otra de las denuncias que se movilizaron desde organizaciones civiles LGBTQIA+, corresponde al INE frente a la eliminación de la pregunta referente a orientación sexual en el Censo 2024, así como la representación de personas trans solo en mayores de edad. Sobre aquello, María José Cumplido afirmó que “el INE nos prometió crear una herramienta focalizada en la población LGBTQIA+ ante nuestra demanda, por lo que estamos esperando que esté lista para poder trabajar en conjunto en mejorar las herramientas de medición. Respecto a otras autoridades, ninguna se ha pronunciado al respecto del Censo”.
En esta misma línea, desde OTD Chile enfatizan que es relevante considerar que el Censo no es el único instrumento de medición. “Existen los cambios registrales de nombre y sexo en el registro civil, que pueden permitir esa aproximación. No es importante hacer políticas públicas porque exista más o menos gente, es fundamental porque justamente existe gente, independiente de la cantidad que sea. La circular 0812 no se hace porque haya un millón de estudiantes trans, sino porque hay estudiantes trans. Esto, ya que, la Constitución obliga a que el Estado garantice a todas las personas su mayor desarrollo espiritual y material posible”, agregan.
Asimismo, sobre los diálogos con la institucionalidad, son enfáticos en afirmar que sí han mantenido diálogos, al menos con el Ejecutivo y Legislativo, pero “quizás con quien menos se ha generado ese diálogo es con el Poder Judicial, lo cual se ve reflejado en las sentencias que han salido este último tiempo en relación con personas trans”, puntualizan.
Schneider es enfática en asegurar que fue un error del INE eliminar la pregunta de orientación sexual, ya que, debido a los medios tecnológicos con los que contó este Censo, era posible resguardar la seguridad y confidencialidad de los encuestados. “Hay mejoras que hacer, y en ese sentido, lo que se hizo en la encuesta Casen fue un ejercicio interesante desde el Ministerio de Desarrollo Social, y es algo que celebramos”, agregó.
Sobre el avance de discursos de odio en países vecinos, como en Argentina con la llegada de Javier Milei al poder, que llevó a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y con discursos como los de Dina Boluarte, que recientemente aprobó el Decreto Supremo que considera a personas trans como enfermos mentales, Cumplido es enfática en asegurar que el gran desafío los próximos años es evitar que estos discursos anti-derechos humanos sigan avanzando en la región.
“Para ello, es importante seguir educando, impulsando leyes e instituciones encargadas de velar por el bienestar de las personas LGBTQ+ en el más amplio espectro y, además, necesitamos más valentía por parte de las fuerzas progresistas que, muchas veces, están calladas frente a estos avances. Los discursos de odio han aumentado considerablemente los últimos años y creo que es hora de legislar para erradicarlos de nuestra sociedad. Los discursos de odio no son opiniones, sino que son el primer paso que conlleva torturas, menoscabos y asesinatos de las personas LGBTQIA+ como seguimos viendo que ocurre en nuestra región y en Chile”, comenta Cumplido.
Sobre este punto, desde OTD afirman que se deben sancionar los discursos de odio que promueven la desinformación y prácticas regresivas, así como violentas. “El factor fundamental es la penalización y la sanción a estos discursos que legitiman este actuar y que catalizan este retroceso en materia de derechos fundamentales”, concluyen.
Para la diputada, este aumento en los discursos de odio se debe al avance de la ultraderecha en la región y en el resto del mundo, que también permite la instalación de discursos negacionistas. “Por eso, incorporamos a la reforma a la Ley Antidiscriminación un derecho de rectificación que permitiría enfrentar violencia grave en internet, pero una solución más de largo plazo es promover hablar de estos temas desde la escuela, y creo que los esfuerzos en materia de convivencia educativa, en el proyecto de ley José Matías, por ejemplo, que está en el Senado, o el de Salud Mental en Educación Superior, que estamos tramitando en la Cámara, van en una buena dirección, para prevenir no solo la violencia contra estudiantes, sino que cuidar su bienestar emocional y la de toda la comunidad educativa”, concluyó.
