Organizaciones sociales instan a Boric a priorizar temas de género y DDHH en la Cuenta Pública

Por: El Mostrador Braga

Una decena de organizaciones sociales entregaron un comunicado al Presidente Gabriel Boric en la previa a su tercera Cuenta Pública, destacando los puntos claves a discutir. Entre ellos, enfatizan en la reforma a la sociedad conyugal y la implementación de la Ley Integral.

A días de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, liderada por la Corporación Humanas, presentó un comunicado detallando una serie de desafíos legislativos esenciales para el avance en materia de derechos humanos en el país.

Las organizaciones pusieron especial énfasis en los derechos de las mujeres, destacando la urgencia de avanzar en la reforma a la sociedad conyugal. Enfatizan la necesidad de que el mandatario mantenga la urgencia de discusión inmediata para cumplir con las obligaciones internacionales de igualdad de género, recordando que esta reforma es parte del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonia Arce Esparza.

Asimismo, celebran la aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, sin embargo, destacan la necesidad de que el Ejecutivo asigne los recursos necesarios para su efectiva implementación.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, se solicita que el Presidente patrocine el proyecto de ley sobre parto respetado y violencia ginecobstétrica, conocido como Ley Adriana, y que se destinen fondos para su ejecución.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Señalan que la iniciativa ha perdido su objetivo original de prevenir la violencia institucional y proteger a los grupos más vulnerables. Enfatizan la necesidad de que el Ejecutivo reafirme su compromiso con la prevención, investigación y sanción del uso desproporcionado de la fuerza, en línea con las obligaciones internacionales.

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También enfatizan en la urgencia de implementar medidas de seguridad pública con perspectiva de género, que incluyan las experiencias y necesidades de las mujeres, promoviendo su inclusión en los espacios de toma de decisiones para diseñar soluciones sostenibles y duraderas en esta materia.

La atención también se centra en la presentación de un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Cuidados, junto con la Reforma del Sistema de Pensiones y la Ley Integral sobre Personas Mayores.

En cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, se espera que se impulse el proyecto de ley sobre prisión preventiva y cumplimiento de sentencias de mujeres embarazadas y madres, en resguardo del interés superior de los niños y niñas.

En relación con los derechos de las personas migrantes, se insta al presidente a reafirmar su compromiso con su protección plena, rechazando iniciativas legislativas que criminalicen el ingreso irregular al país. Se propone un proceso extraordinario de regularización migratoria y campañas de sensibilización para frenar los discursos de odio.

Para las personas con discapacidad, las organizaciones piden sistemas de protección social inclusivos y accesibles, especialmente en el ámbito de la salud, basados en el consentimiento libre e informado.

En materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición, se aboga por la creación de un mecanismo permanente para la calificación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y por el acceso a los documentos y testimonios de las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura. También se demanda un proyecto de Ley de Memoria Integral para garantizar este derecho y proteger los Sitios de Memoria.

Finalmente, las organizaciones solicitan al mandatario el ingreso de un proyecto de ley que reconozca y proteja la labor de los defensores de derechos humanos.