La Cuenta Pública 2024 resaltó la aprobación de la Ley de Conciliación, la Ley Karin y la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, y el aumento del 25% en el presupuesto para el Registro Nacional de Personas Cuidadoras.
El anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre un proyecto de ley para legalizar el aborto en su tercera Cuenta Pública provocó un intenso debate en el ámbito político. El mandatario afirmó su convicción de que es necesario un debate democrático sobre los derechos sexuales y reproductivos, comprometiéndose a ingresar el proyecto al Congreso durante el segundo semestre de este año.
Durante la Cuenta Pública de 2023, se destacaron varios avances significativos logrados en materia de género durante el año 2022 y el primer semestre del año pasado. En cuanto a los compromisos para 2023, la Cuenta Pública se enfocó en varios objetivos clave. Se comprometió a garantizar el derecho a Sala Cuna, así como la propuesta de creación de una Ley de Conciliación para mejorar la compatibilidad entre la vida familiar y laboral, introduciendo cambios necesarios en el Código del Trabajo. Además, se presentó el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados, buscando establecer una red integrada de servicios e instituciones para personas cuidadoras.
En contraste, la Cuenta Pública de 2024, que se realizó el pasado sábado 1 de junio, resaltó los avances alcanzados durante el año 2023, empezando por la aprobación de la Ley de Conciliación, una normativa fundamental que mejora la compatibilidad entre la vida familiar y laboral, buscando un balance adecuado para los trabajadores. Se promulgó también la Ley Karin y, luego de siete años durmiendo en el Congreso, se aprobó la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Además, se incrementó en un 25% el presupuesto para el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, mostrando un compromiso continuo y un mayor respaldo a quienes desempeñan estas funciones esenciales.
Para el 2024, los compromisos incluyen recibir recursos desde el Ministerio de Seguridad para una mayor prevención del delito en diversos ministerios, incluyendo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Además, se anunció un proyecto de ley de equidad salarial, apuntando a reducir las brechas de género en el ámbito laboral. Además, se presentará un proyecto de ley que establecerá un marco institucional para el Sistema Nacional de Cuidados, consolidando los esfuerzos en este ámbito. También se propone, para el segundo semestre de este año, avanzar en la discusión por el aborto legal; y una ley sobre convivencia y buen trato que integrará las propuestas del proyecto de ley “José Matías”.
En la #CuentaPública2024 el Presidente @Gabrielboric presentó los logros y hoja de ruta del @GobiernoDeChile para avanzar y no retroceder en los derechos de las mujeres 📣 Revisa aquí los principales puntos hacia un #ChileParaTodas 🇨🇱💜
— Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) June 1, 2024
Desde el oficialismo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la iniciativa, destacando que el actual reglamento de la Ley IVE, que permite el aborto en tres causales (riesgo vital, inviabilidad del feto y violación), necesita mejoras en su implementación. Orellana destacó la importancia de garantizar que la objeción de conciencia no impida el acceso de las mujeres a su derecho a decidir. Asimismo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también apoyó la medida, calificando el debate sobre el aborto como un tema de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, no simplemente valórico.
Al respecto, la diputada oficialista, María Francisca Bello (CS), afirmó a El Mostrador Braga que “esto no se trata solamente de una propuesta valórica, como tratan de instalar quienes se oponen a que las mujeres tengamos el derecho a decidir, sino una necesidad urgente de debatir y conversar sobre maternidades deseadas, pero sobre todo un debate de salud pública con altura de mira, que por supuesto además cuenta con un buen nivel de aprobación según la misma encuesta Cadem”. Que, según esta encuesta, un 32% de la población está a favor de legalizar el aborto.
Las reacciones en el Congreso fuero diversas. El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), expresó su desacuerdo personal con la ley de aborto, pero abogó por la necesidad de escuchar y entender todas las posturas. La senadora PPD, Ximena Órdenes, coincidió en la importancia del debate y minimizó la polémica en torno al anuncio. En contraste, el senador UDI, Iván Moreira, criticó duramente el anuncio, considerándolo un error que polariza al país.
En esta misma línea, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, condenó la propuesta, argumentando que “con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes”. Asimismo, la exministra y exconstituyente de derecha, Marcela Cubillos Sigall, acusó vía X que “no hay acuerdos posibles con este Gobierno”.
Pdte @GabrielBoric pide acuerdos, pero no retrocede un milímetro en agenda estatista y “valórica” de la extrema izquierda
No hay acuerdos posibles con este Gobierno
Levantemos una alternativa clara que confronte y derrote el socialismo latinoamericano que encarna @GabrielBoric
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 1, 2024
Desde organizaciones sociales como la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), comentan que “para nosotros como institución, los anuncios del Presidente Boric constituyen una muy buena noticia, no solamente para nosotros y nuestra misión institucional, sino que creemos que para el conjunto de nuestro país, fundamentalmente para las mujeres y las personas gestantes. La ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que efectivamente, como dice el presidente, fue promulgada hace casi siete años, realmente tiene, y así lo han dicho los anuales monitoreos que se han realizado, una serie de obstáculos y de barreras que no permiten que las mujeres y las personas gestantes puedan acceder a una ley bastante mínima como es esta en relación con el resto del mundo”, afirmó la directora ejecutiva de Aprofa, Débora Solís.