Aborto legal: la urgencia por despenalizar y regularizar los abortos clandestinos

El anuncio de un proyecto de ley de aborto legal durante la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, significó un hito determinante en cuanto a la discusión legislativa para este segundo semestre de 2024. Desde 2017, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) solo contempla tres causales para proceder en abortos: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. 

Según estimaciones, al año se realizan entre 30.000 a 150.000 abortos en clandestinidad. Cifras que datan de más de una década. Debido a ello, el nivel de peligrosidad de esta práctica es sumamente alto. 

En el país no existen instituciones que unifiquen el número de causas judiciales vinculadas a abortos. Según datos recopilados por La Tercera en 2023, se abrieron 42 causas relacionadas con abortos, de las cuales 19 correspondían a mujeres que interrumpieron su embarazo de forma voluntaria fuera de la ley. En los últimos 10 años, Corporación Miles ha registrado por lo menos mil denuncias, de las cuales 60% provinieron de profesionales de la salud. Al menos tres han terminado en prisión.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo en conversación con El País que, si bien no se tienen cifras concretas de esta práctica en la clandestinidad, existe “harto mal uso del Yuzpe”, que consiste en la ingesta de varias pastillas anticonceptivas de uso diario, que puede desencadenar diversos efectos secundarios debido a la alta dosis de hormonas, específicamente estrógenos y progestágenos. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, afirmó la secretaria de Estado.

El proyecto de ley, propuesto por el gobierno, busca despenalizar y regularizar la interrupción voluntaria del embarazo, extendiendo el plazo hasta las 14 semanas de gestación. La actual ley IVE en tres causales solo permite hasta las 12 semanas de gestación en la causal de violación, y 14 excepcionalmente para niñas menores de 14 años.

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo, también pretende hacerse cargo de los desafíos en la implementación actual de la ley a partir de la sobre-objeción de conciencia por parte de algunas instituciones privadas y profesionales de la salud que carecen de información y la capacitación adecuada.

Un análisis realizado por Corporación Humanas, revela que en las zonas rurales, al menos cinco hospitales públicos, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. La normativa busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Asimismo, según datos de la última encuesta CEP, más del 30% apoya la idea de legislar por un aborto legal sin causales. Además, en la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, las jóvenes de 15 a 29 años afirmaron que estarían dispuestas a realizarse o inducirse un aborto antes de las 12 semanas, en un 37,1%, versus al 15% en 2018. Bajo las tres causales, retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y en ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,1%