La Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“A siete años de la promulgación de esta ley, hoy damos cuenta de las cifras de los casos constituidos. A junio de este año, han llegado a los centros de salud un total 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a alguna de las tres causales, de ellas, el 85% decidió interrumpir su embarazo”, señaló la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, quien explicó, entre otros datos, que, en la causal de violación, en cerca del 92% de los casos las mujeres o niñas deciden interrumpir el embarazo.
Según los datos recabados por el Departamento de Estadística de Información de Salud (DEIS) del Minsal desde 2019 a junio de 2024 y que son parte de un informe conjunto de los ministerios de la Mujer y Salud, 4.553 de esas casi 5.370 mujeres decidieron finalmente interrumpir su embarazo, es decir, el 84,79%.
“Gracias a esta ley, las mujeres tienen hoy la posibilidad de decidir si continúan o no con estos embarazos en condiciones extremas, y las cifras muestran que muchas de ellas deciden continuar con su embarazo, pero también muchas más deciden interrumpirlo. Por eso insistimos, la discusión respecto a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver sobre todo con una decisión en cuanto a los proyectos de vida, a poder decidir y planificar en cuanto a la propia vida”, señaló por su parte la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
La ministra (s) de Salud destacó distintas acciones que está impulsando este ministerio para mejorar la implementación de la ley IVE, entre ellas, las 99 fiscalizaciones realizadas por las seremis de Salud -entre 2023 y 2024- a instituciones públicas y privadas. Asimismo, informó que el Minsal iniciará una campaña de difusión sobre la Ley IVE, la cual se trabajó con participación del Consejo Consultivo Minsal, en contexto de difusión y educación en salud a niñas, adolescentes y mujeres.
“Como autoridad sanitaria tenemos un rol de fiscalización y nuestras Seremis revisan que los establecimientos de salud cuenten con los documentos que habiliten el ejercicio efectivo a este derecho en el caso de constituirse alguna causal”, explicó la ministra (s).
Modificaciones al reglamento
El 31 de mayo de este año, el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, “resguardando este derecho de los profesionales y técnicos que intervienen en el procedimiento IVE, que está consagrado en la ley”, señaló la ministra Orellana, pero asegurando el acceso a este derecho garantizado en la ley, con más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y garantizar que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.
Antecedentes de la ley
La Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) permite, mediante la voluntad de la mujer, la interrupción de su embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. En este último caso, el límite es de doce semanas de gestación y catorce semanas en caso de niñas menores de 14 años.
Es importante mencionar que desde 1931 y hasta 1989, en Chile estuvo permitido el aborto terapéutico, con una interpretación amplia respecto de las causales, esto hasta que fue prohibido por la dictadura militar. Veintiocho años después el Congreso de Chile aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).
Aunque el proyecto aprobado fue llevado al Tribunal Constitucional por la oposición de ese entonces, el órgano rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, materializándose en la Ley N° 21.030.
Esta norma cuenta hoy con una gran legitimidad social, logrando -de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio de 2024- la adhesión mayoritaria de la población cuando se consulta sobre la posición respecto del aborto (45%), seguida de cerca por la opinión de que el aborto debe ser una opción en cualquier caso (38%). Ambas posturas suman un 83% de adhesión.
“Aquí estamos hablando de algo que es transversal en cuanto a su validez a la sociedad chilena”, señaló la ministra Orellana.
BRAGA
