La organización, que fue marginada de exponer en la instancia, apunta que lo que está en juego “es la libertad de que jóvenes y sus familias sean quienes decidan el mejor curso de acción para sus vidas”.
Durante el mismo día en que sesiona por última vez la Comisión Especial Investigadora CEI 57, dedicada a evaluar los programas de acompañamiento a la identidad de género, Fundación Iguales dio a conocer su decepción e inquietud respecto al trabajo desempeñado por ésta en los tres meses en que se desarrolló.
“Lo que está en juego aquí es la libertad de que jóvenes y sus familias sean quienes decidan el mejor curso de acción para sus vidas, guiados caso a caso por médicos y terapeutas”, explicó la directora ejecutiva de la organización, María José Cumplido.
La comisión investigadora de Programas de Salud Trans está enfocada en las terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales y sociales, entre otros aspectos, a sujetos cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral.
La representante de la fundación señaló que “la comisión ha dado muestra de una preocupante falta de rigor y profesionalización en la forma en que aborda estos temas. En lugar de promover un espacio de discusión técnica, basado en evidencia científica y en la experiencia de expertos, vemos cómo algunos diputados eluden su deber de informarse adecuadamente y prefieren recurrir a visiones ideológicas, dejando de lado las necesidades y los derechos de cientos de personas en situación de vulnerabilidad”, aseguró.
“La amenaza es que las familias queden sin apoyo especializado para ser parte del proceso de sus hijos, que los jóvenes pierdan acceso a la orientación y tratamientos que requieren, y que médicos y terapeutas no puedan ejercer su práctica siguiendo los estándares internacionales”, expresó.
Durante la sesión de hoy “esperábamos que pudiese exponer nuestra directora, Alessia Injoque, quien es activista trans y experta en la materia, pero finalmente no se lo permitieron. Tampoco expuso ninguna organización que centre su trabajo en la población trans”, afirmó María José Cumplido.
“Esta decisión revela no solo una falta de apertura, sino un sesgo que insiste en excluir visiones técnicas y experimentadas en favor de enfoques que refuerzan prejuicios y temores infundados”, agregó.
La directora ejecutiva dijo que no sólo se excluyó a organizaciones de la sociedad civil especializadas, sino también a personas que han participado del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) que son el objeto de estudio de la comisión, así como a personas que han realizado una transición con apoyo psicosocial experto y están satisfechas con su proceso de acompañamiento.
“La comisión ha optado por cerrar las puertas a un diálogo cívico y democrático”, indicó, detallando que “sin la presencia de voces informadas y especializadas, el debate se reduce a un ejercicio retórico, alejado de la realidad de quienes sufren los efectos de la discriminación”.
Finalmente, Cumplido emplazó a los diputados: “Apelamos a la responsabilidad cívica y profesional de la comisión y de sus miembros para que reconsideren su enfoque y busquen abrir espacios donde el conocimiento técnico y la perspectiva de derechos humanos sean el fundamento de las decisiones que afectarán a la sociedad. También llamamos a las familias a respaldar el derecho de los padres a apoyar a sus hijos y a médicos y terapeutas a comunicar e informar la opinión pública sobre la importancia del ejercicio profesional bajo los estándares internacionales. Solo mediante un debate genuino, plural y profesional lograremos construir políticas públicas que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas en Chile”.