BRAGA
Desde el año 2022, OLA ha ofrecido una línea de apoyo directo a mujeres, niñas y personas trans en situación de aborto, destacando en su informe las barreras estructurales que persisten en los servicios de salud pública.
A siete años de la promulgación de la Ley 21.030 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los desafíos para su plena implementación en Chile continúan. Según el Informe 2023 de Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), más de 3.159 personas se contactaron con la organización el año pasado en busca de información y acompañamiento. Sin embargo, un alarmante 76% de quienes cumplieron con alguna de las tres causales definidas por la ley decidió no presentarse en los hospitales para solicitar el servicio, evidenciando profundas brechas en el acceso a este derecho.
Cabe recalcar que la Ley IVE fue promulgada el 14 de septiembre de 2017, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Desde la organización OLA señalan que los principales motivos para no acudir al hospital son: “Miedo a la violencia Obstétricas, miedo a enfrentar procesos de Judicialización, miedo a que el agresor se entere, ser expulsada de la casa, ser juzgada o castigada por la familia, incompatibilidad con los tiempos de las mujeres (trabajo doméstico y trabajo formal) y la oferta hospitalaria y tener problemas en el trabajo (juzgada si se sabe que se realizó un aborto voluntario o no les dan permiso para ir al médico, malas condiciones laborales)”.
Además sostienen que “El límite gestacional de la causal 3 representa una de las barreras más importantes para acceder a la justicia y salud reproductiva, muchas mujeres y especialmente menores de edad no logran acceder a la información precisa y solicitar el aborto antes del límite gestacional que indica la Norma Técnica.“
El informe también pone en evidencia el doloroso panorama que enfrentan los sobrevivientes de violencia sexual. De quienes solicitaron el aborto, el 73% invocó la Causal 3 (violación), representando 110 casos . No obstante, el 92% de ellas decidió no denunciar a su agresor, lo que refleja la persistencia del miedo y la revictimización, factores que continúan siendo barreras importantes para el acceso a la justicia y la salud reproductiva.
En relación a las personas víctimas de violencia sexual, explican que “para las menores de edad es especialmente más complejo porque se ven obligadas a enfrentar un proceso de judicialización que se sabe no es fácil, muchas veces prefieren no contarle a nadie antes de enfrentar al agresor. También las menores se enfrentan al juicio de su familia lo que muchas veces las detiene para acceder a la salud y justicia reproductiva”.
Desde el año 2022, OLA ha ofrecido una línea de apoyo directo a mujeres, niñas y personas trans en situación de aborto, destacando en su informe las barreras estructurales que persisten en los servicios de salud pública. El documento revela que sólo 220 personas (el 24% de las consultantes) acudieron finalmente a un hospital, pero de estas, un preocupante 32% no logró acceder al procedimiento debido a obstáculos como la objeción de conciencia, la falta de información adecuada y la demora en la atención. Estos números subrayan la necesidad de fortalecer los protocolos de atención para garantizar el acceso pleno y equitativo al aborto en Chile.
“La objeción de conciencia en el acceso al aborto afecta de manera estructural ya que estamos hablando de servicios públicos donde casi un 46% de las y los obstetras del sistema público de salud, se acogen al mecanismo en causal 3. Esto quiere decir que en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación”, afirman.
En ese sentido, manifiestan que en 5 hospitales públicos, la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en casos de embarazos producto de violación.
“La objeción de conciencia, en el caso de existir, debe existir para regularizar la excepción, no la regla y en el caso de Chile al parecer objetar es la regla“, expresan. “La modificación al reglamento de objeción de conciencia que se encuentra actualmente en la contraloría apunta a regularizar esta situación, no obstante hace falta mayor capacitación e información sobre estos temas, así como las implicancias del secreto profesional en la atención de salud y las garantías que este establece para los y las profesionales, asi como para el acceso a la salud de las mujeres”, agregan.
Frente a esta situación, OLA ha presentado una serie de propuestas para mejorar la implementación de la Ley IVE. En primer lugar, hacen un llamado urgente a las autoridades para que agilicen la aprobación del nuevo reglamento de objeción de conciencia, pendiente desde junio de este año. Esta modificación permitiría ofrecer mayores garantías y evitar que la objeción de conciencia se convierta en una traba para el acceso al aborto en los hospitales públicos.
Además, destaca la importancia de implementar políticas inclusivas que respondan a la creciente diversidad cultural y migratoria en Chile. Entre estas medidas, proponen la distribución de información sobre la ley en varios idiomas y el fortalecimiento de las redes de apoyo para las mujeres migrantes, quienes enfrentan vulnerabilidades adicionales debido a su situación irregular o a la falta de acceso a la salud.
Desde la promulgación de la Ley 21.030 en 2017, se han logrado importantes avances, como el establecimiento de equipos de salud pro-derechos y la mayor visibilidad de las organizaciones feministas en la promoción del derecho al aborto. Sin embargo, aún quedan pendientes, como la erradicación de la desinformación en hospitales y la reducción de los tiempos de espera , que en algunos casos han superado los siete días, poniendo en riesgo la salud de las solicitantes.
El Informe 2023 de OLA, detalla estas barreras y presenta recomendaciones para mejorar la implementación de la Ley IVE, con el objetivo de garantizar un acceso integral, seguro y sin discriminación a los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Te invitamos a leer el informe en ESTE LINK
