La Ley Antonia, que reconoce el suicidio femicida como un nuevo tipo penal, avanza en su aplicación con el caso de Valentina Ruiz.
Este jueves 5 de diciembre se formalizó el proceso judicial por suicidio femicida en el caso de Valentina Ruiz, una mujer madre de dos niños que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, el padre de sus hijos. Este caso marca un avance crucial en la aplicación de la Ley Antonia, que reconoce el suicidio femicida como un delito derivado de los abusos sufridos por las mujeres.
Valentina Ruiz, sufrió varios tipos de violencia por parte de su pareja, quien la despojó de sus recursos, afectando gravemente su estabilidad económica. A pesar de haber denunciado en diversas ocasiones, incluso por un delito sexual, el agresor solo estuvo en prisión preventiva, pero Valentina, afectada por el hostigamiento y el temor a represalias, terminó retractándose. La violencia culminó en un intento de suicidio, que fue evitado en un primer momento gracias a la intervención de terceros. Sin embargo, lamentablemente, Valentina logró consumar su suicidio en un segundo intento.
Hoy, su ausencia deja sin madre a dos niños, uno de los cuales se encuentra en una situación particularmente alarmante, ya que su padre, el agresor, continúa manteniendo contacto con él.
Este caso es de particular relevancia ya que se trata de uno de los primeros casos formalizados en Chile bajo la Ley Antonia, que reconoce el suicidio femicida como un delito. Este avance marca un paso fundamental en la visibilidad de cómo la violencia de género puede tener consecuencias tan extremas como el suicidio, y resalta la necesidad urgente de que el sistema judicial responda con una perspectiva de género.
Francisca Millán, socia fundadora de AML Defensa de Mujeres, destacó “este caso busca justicia por Valentina, por sus hijos, su familia, pero también buscamos sentar un precedente que visibilice este tipo de violencia y que garantice que las historias de otras mujeres no sean ignoradas. Esta es una ley nueva para el sistema, veremos cómo responde ante la necesidad de perspectiva de género”.
La Ley Antonia, promulgada en 2021, establece el suicidio femicida como un delito al reconocer que la decisión suicida de una mujer, cuando está relacionada con la violencia de género sufrida, puede considerarse una forma de femicidio. El objetivo de esta ley es visibilizar y sancionar el sufrimiento que lleva a las mujeres a tomar esta drástica decisión en contextos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica.