BRAGA
Tras la reciente victoria de José Antonio Kast en las pasadas primarias presidenciales, se hizo evidente en Chile el progreso de la derecha más conservadora. Sin embargo, este fenómeno no tan solo ha ocurrido en nuestro país, ya que en estos últimos años el avance de este movimiento en el continente ha tomado cada vez más fuerza, el ejemplo más homologable a la situación chilena es la derecha de Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, cuya presencia, según la Historiadora y miembro de la Fundación Sol, Alejandra Sato, ha ocasionado una “Pandemia de femicidios” y un retroceso en una serie de derechos sociales que perjudican directamente a las mujeres.
En la última década, la causa feminista en América Latina gozó de un gran fortalecimiento. Ni Una Menos –movimiento que nació para protestar contra las altas cifras de femicidios– y el movimiento Me Too –que visibilizó el acoso en Estados Unidos y el mundo– actuaron como catalizadores de la fuerte presencia que tiene hoy el feminismo en la esfera pública. El Mayo Feminista en nuestro país, aquella ola de manifestaciones universitarias en 2018, fue síntoma del ascenso del movimiento en la región.
Sin embargo, así como se han levantado cambios sociales a favor de los derechos de las mujeres y disidencias, también ha habido una reacción opositora desde la derecha tradicional y principalmente la derecha más conservadora. Un signo de esta respuesta, es el constante uso del término “ideología de género” para desviar la discusión en materia de derechos humanos hacia un plano meramente ideológico.
Esto ha repercutido directamente en que parte de la población se forme una idea conceptual errónea acerca de qué es el feminismo y de lo que implican las discusiones relacionadas a temas de género, incluyendo aquellas que se han podido elevar al congreso. En este contexto, el ascenso de la derecha conservadora en el cono sur supondría una amenaza directa a los derechos de mujeres y disidencias.
Teniendo en cuenta el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, junto al avance de José Antonio Kast a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Chile, la investigadora de la Fundación Sol y licenciada en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, Alejandra Sato, da cuenta de las múltiples dimensiones en donde preocupa y advierte que puede haber un retroceso en materia de derechos de las mujeres.
La experta explica que una de las características más peculiares de los grupos de derecha ha sido su capacidad para crear movimientos reaccionarios ante causas feministas. Bajo esa línea, “se establecen caricaturas que buscan desvalidar los feminismos a partir del concepto de ‘ideología de género’, junto con otros mecanismos como los slogans de ‘con mis hijos no te metas’, estos buses del odio con una patologización importante a la comunidad trans y de todo lo que está dentro de esta norma. En ese sentido, lo que hacen es buscar que las estructuras se mantengan lo más estáticas posible a través de la caricaturización y de la demonización”.
En ese sentido, asegura que no es casualidad que el programa de José Antonio Kast sea uno “anti derechos para las mujeres”, de la misma forma que no es casualidad que se utilicen caricaturas para desprestigiar el avance del movimiento de mujeres y feminismos en América Latina.
Uno de los ejemplos más claros del avance de la extrema derecha dentro de América Latina es la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. En ese sentido, de acuerdo a Sato, el avance de la ultraderecha –que se plantea como liberal en lo económico y conservadora en lo social– ha tenido consecuencias bastante directas en la sociedad, pero particularmente en la vida de las mujeres.
La experta asegura que durante el periodo de Bolsonaro hubo un importante aumento de femicidios. Durante 2019, de acuerdo al Foro Brasileño de Seguridad Pública, hubo 1.310 asesinatos, un aumento de más de 7 puntos porcentuales respecto del año anterior, cuando se registraron 1.222 casos de femicidios. La licenciada señala que “se habla de una pandemia de femicidios durante su periodo presidencial (…)”.
En ese sentido, la académica de la Universidad de Chile, parte del Centro de Estudios Saberes Docentes y miembro de la Red de Politólogas, Gabriela Martini, asegura que el avance de la extrema derecha en el continente tiene otra consecuencia además de los femicidios que se mencionan anteriormente.
“Otra línea es la persecución directa a los movimientos feministas y a sus dirigentes y activistas; el amedrentamiento. Brasil es uno de los claros y tristes ejemplos de ello. La llegada al poder formal, institucionalización de la ultraderecha en los gobiernos, otorga un estatus de legitimidad a sus seguidores, los empodera y les da un marco que justifica y avala su acción. Y ello permite que la violencia de género se expanda en todas sus expresiones y en los espacios públicos y privados. Por ejemplo, y muy concretamente, las agresiones a una pareja homosexual en un parque, a una pareja de lesbianas en el autobús, a estudiantes transgénero en la escuela, se vuelven conductas permitidas y hasta legitimadas por el poder formal”.
Según Sato, otra de las características del avance de la derecha extrema se vincula con una suerte de reprivatización en el ámbito de la seguridad social, sobre todo en los temas de pensiones y el peligro de retroceder en materia de sindicalización.
Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, hasta las distintas discusiones que se han dado en el gobierno de Piñera, y sobre todo desde los movimientos sociales, ha habido un énfasis por avanzar en equidad salarial entre géneros. “Lo que hemos visto en otros gobiernos, es que los proyectos quedaron totalmente paralizados, sumado a que en Chile ya hay una estructura de negociación colectiva que no promueve la sindicalización femenina como tampoco una equidad real entre empleados y empleadores. Las discusiones de salario mínimo quedan estancadas y no hay mayores aumentos, y esto es fundamental para las mujeres, porque más del 60% de las personas que reciben el salario mínimo en Chile son mujeres”.
Finalmente, la investigadora reflexiona que “hay que observar que efectivamente el avance de la ultraderecha niega derechos, pero que también trae una agenda económica que perpetúa la desigualdad. En ese sentido, claramente las mujeres, por el lugar que ocupamos en la división del trabajo, somos las más afectadas en torno al salario. Las dimensiones en que la ultraderecha amenaza a la sociedad son múltiples y las mujeres y disidencias son las más afectadas, particularmente en el mundo del trabajo. Se ha luchado por una autonomía económica, especialmente después de que la pandemia dejó a más mujeres desempleadas, exponiéndolas a más violencia económica”.
