BRAGA
A un año de la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos es necesario mirar las cifras que nos ha dejado este periodo. Desde su implementación, más de 147 mil deudores fueron registrados en este sistema, la mayoría de estos deudores son hombres.
El 84% de las pensiones reguladas judicialmente no están pagadas, y más del 90% de estas deudas impagas recae sobre los hombres. Esta estadística refleja una realidad dolorosa para las mujeres que, día a día, enfrentan la violencia económica y psicológica derivada del incumplimiento de las pensiones alimenticias.
La pensión de alimentos es más que un mero compromiso financiero; es una responsabilidad; su no cumplimiento constituye una forma de violencia, tanto económica como psicológica para cientos de mujeres y sus familias.
La entrada en vigencia de este registro representó un cambio significativo en la forma en que abordamos el incumplimiento de las pensiones alimenticias. Antes, la gestión de estas deudas recaía en la parte alimentante, un proceso que resultaba engorroso y revictimizante. Con todo, es fundamental entender que la aplicación de este registro no busca precarizar la situación de los deudores, sino garantizar el cumplimiento de una obligación; la ley no busca castigar, sino proteger y asegurar el bienestar de los hijos e hijas.
En este primer año de vigencia, el registro ha logrado poner sobre la mesa una problemática que afecta a miles de mujeres en Chile. Es un paso importante hacia la justicia y la equidad de género, pero aún hay trabajo por hacer. Necesitamos seguir avanzando hacia sistemas de justicia más eficientes y sensibles a las necesidades de las mujeres, asegurando que la ley se traduzca en una verdadera protección y empoderamiento para quienes han sido históricamente vulneradas, pues la implementación de la norma ha sido lenta e igualmente muy compleja de seguir para quienes requieren de respuestas urgentes.
La socialización de los cuidados, la eliminación de sesgos de género en los procesos judiciales y la garantía de un acceso rápido y efectivo a la justicia son parte de los desafíos que debemos abordar para construir un futuro donde la equidad y la justicia prevalezcan.
En este segundo año, instamos a seguir fortaleciendo y perfeccionando este proceso, para garantizar el bienestar de las familias y el respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados. La justicia no puede ser una opción, debe ser una realidad para cada persona, especialmente para las mujeres y niños y niñas que merecen vivir en un entorno seguro y protegido.
