BRAGA
Agencia UNO
El pasado 2 de febrero se vivió una de las semanas más aterradoras y llenas de incertidumbre en donde más de 8.651 hectáreas se consumieron por el fuego. El que arrasó con casas, comunidades, reservas naturales y sectores industriales entre El lago Peñuelas, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Aún la región sufre las desapariciones, muertes y perdida de lo construido con el esfuerzo de años.
Las catástrofes y los eventos extremos siempre han representado una amenaza para la estabilidad y el bienestar de las comunidades en todo el mundo. Desde terremotos devastadores hasta incendios destructivos, estas crisis no solo desencadenan daños materiales y pérdidas humanas, sino, que también profundizan las brechas preexistentes en la sociedad, exacerbando la desigualdad en sus múltiples niveles. Las catástrofes aumentan la desigualdad, teniendo un mayor impacto en las mujeres. ¿Por qué? Porque estas catástrofes amplifican y exponen las fallas estructurales en los sistemas de apoyo social y económico.
Tras la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) se ha permitido obtener datos que muestran cómo este suceso ha afectado a las mujeres de la quinta región. Y es así, que la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, señaló que: al menos un 55% de las familias afectadas por los mega incendios de la región tiene a una mujer como jefa de hogar.
Lo anterior pone en el centro dos variables sociales directamente relacionadas con la realidad de las familias de la región. Por un lado, el impacto en el desarrollo familiar por la destrucción de las viviendas, acompañado de la interrupción de la infraestructura básica hacen que las mujeres queden sin los recursos necesarios para mantener a sus familias. Además, la falta de redes de apoyo sólidas y el acceso limitado a servicios financieros pueden dificultar aún más su capacidad para recuperarse económicamente después de una crisis, dejándolas aún más expuestas a la explotación y la marginalización.
Y por otro lado, el aumento de la carga en el Sistema de Cuidado durante y después de una crisis, las mujeres se enfrentan a la tarea de cuidar a sus hijas e hijos, a personas mayores a su cargo u otros familiares dependientes. La falta de acceso a servicios de cuidado infantil y atención médica puede aumentar su carga y dificultar su participación en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Esta carga de cuidado no remunerada puede perpetuar ciclos de desigualdad económica y social, limitando las oportunidades de las mujeres para salir adelante después de la crisis.
Ante esta preocupante realidad, es imperativo que se tomen medidas para abordar el impacto en las familias de la región de Valparaíso. Esto incluye garantizar el acceso equitativo a recursos y servicios de ayuda, así como adoptar enfoques sensibles al género en todas las etapas de la respuesta y recuperación ante esta catástrofe que enluta la región. Además, es fundamental abordar las causas subyacentes de la desigualdad de género, como la discriminación en el ámbito laboral y económico, y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género o situación socioeconómica.
Ante los antecedentes y la realidad regional el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha puesto en marcha junto al Ministerio de Educación y Deporte las acciones necesarias para la ejecución del Programa de Escuelas Abiertas, entregando contención y atención a las niñeces afectados por el incendio. Y que ha estado funcionando en el Palacio Presidencial Cerro Castillo para atender a más de 100 niñas y niños, como también, en otros 6 establecimientos educacionales de la región, que recibirán a más de 550 niñas y niños cumpliendo con el mismo objetivo. Según lo que señaló la misma Ministra Orellana, es que una vez que el Programa Escuelas Abiertas finalice, se habilitará el Programa de 4 a 7 de emergencia, que entregará y proporcionará a mujeres cuidadoras de niñas y niños de 6 a 13 años acceso al servicio de cuidado.
A modo de conclusión, ante esta realidad preocupante, es imperativo que la respuesta regional a la emergencia sea sostenible en el tiempo, inclusiva y sensibles al género. Las políticas y programas de ayuda deben reconocer y abordar las necesidades específicas de las mujeres jefas de hogar, brindándoles acceso equitativo a recursos económicos, servicios de salud, vivienda y protección contra la violencia de género. Además, es fundamental promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la preparación para la emergencia, la respuesta a desastres y la reconstrucción comunitaria. Porque tan sólo ahí, se podrá abordar esta desigualdad arraigada, adoptando un enfoque inclusivo y equitativo en la planificación y respuesta a la emergencia. Solo a través de medidas concretas y políticas centradas en la justicia de género podemos esperar mitigar el impacto desigual de las catástrofes y construir un futuro más resiliente y equitativo para todas y todos.
