Es ley: por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

“Teníamos dos opciones: estar calladas y morir, o hablar y morir, y decidimos hablar”

Con esta frase de la activista pakistaní Malala Yousafzai, tan significativa por cierto hoy en día respecto a la lucha que da el pueblo palestino, las mujeres palestinas y del resto del mundo por alzar sus voces, desde Abofem celebramos la aprobación en el Congreso de la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se asoma como una ley integral y como normativa marco para hacer frente a la violencia de género y reconocer la lucha que damos las mujeres de nuestro país todos los días.

El proyecto no solo reconoce las brechas existentes hoy en día para las mujeres en los distintos ámbitos, sino que entiende que se trata de una lucha constante, que la violencia es parte de la cotidianeidad de mujeres, niñas y adolescentes, de tener que batallar para que no te denosten por el hecho de ser mujer; de pelear por espacios tanto en la vida privada como en las comunidades y grupos donde nos desarrollamos; y de sobrevivir ante un machismo crudo que se ve reflejado no solo en los sectores más vulnerables, sino que se trata de una realidad social que afecta de manera transversal e intergeneracional, con discursos de odio y negacionismo ante la violencia institucionalizada que llamamos patriarcado.

Entrando ya de lleno en el contenido de la ley, celebramos que se pueda ampliar y hablar directamente de todos los tipos de violencia, porque es una forma de visibilizar a lo que nos enfrentamos las mujeres, no solo la violencia física y psicológica hacen eco en nuestras vidas, sino que también la violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, violencia institucional, violencia política, violencia en ámbito laboral y violencia gineco-obstétrica.

También el proyecto visibiliza la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos, como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras, esto para efectos de la regulación de la relación directa y regular o visitas con padres no custodios y otras materias de familia y para reforzar la necesidad de instaurar programas de atención, contención y reparación que también las y los incluya.

Además, modifica la ley de violencia Intrafamiliar, ampliando su ámbito de aplicación a las parejas sin convivencia e incorporando la violencia sexual como una conducta que pueda dar lugar al delito de maltrato habitual. Por otro lado, modifica el Código del Trabajo agregando el término “género” en la definición de actos de discriminación.

En ámbito de responsabilidad estatal, el Estado de Chile, ya no podrá mirar a un costado, sino que deberá cumplir una serie de obligaciones, independiente del gobierno de turno y en el marco de la aplicación de estándares internacionales en materia de erradicación de la violencia de género, que dicen relación con la necesidad de implementación de medidas de prevención de la violencia de género; medidas para la atención, protección y reparación; y medidas para la articulación interinstitucional respecto al abordaje de la violencia hacia las mujeres. También en el conocimiento de las denuncias por violencia de género, se establece la obligación general de todos los órganos del Estado, especialmente de aquellos que digan relación con la defensa de mujeres, niñas y adolescentes, de ejercer las acciones con una debida diligencia y evitando la victimización secundaria.

Por último, es preciso destacar que se establecen garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género, quienes tendrán derecho a contar con asistencia y representación jurídica y así acercar, facilitar, el tan anhelado acceso a la justicia, que esperamos como abogadas feministas, dé pie a la incorporación de la perspectiva de género en los procedimientos judiciales.

Estaremos atentas a que la bajada de la ley y su pronta implementación, venga respaldada con los recursos públicos necesarios para que ello ocurra, siempre pensando en que el Estado de Chile está al debe en aquello y que no sacamos nada con aprobar una ley que a todas luces es nuestro respaldo jurídico ante la violencia de género, si seguimos con el mismo paradigma de dejar todos los programas, proyectos y planes, sujetos a la disposición presupuestaria.

Recordemos que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sigue teniendo uno de los presupuestos más bajos de toda la ley de presupuesto del sector público que se aprueba cada año en el Congreso, así que queda mucho por avanzar, pero hoy por fin podemos decir que el Estado de Chile está, o al menos se declara, contra todos los tipos de violencia hacia la mujer.