Violencia de género y protección de datos personales

A pesar de que en los últimos años se ha tomado mayor conciencia sobre cómo comunicar los casos de violencia de género, sigue existiendo en algunas ocasiones una brecha entre este mayor nivel de concientización y el tratamiento que los medios de comunicación y también las redes sociales hacen de estos casos y sus víctimas. De hecho, un reciente informe de LLYC reveló que el 8,3% de las noticias sobre violencia de género publicadas por medios y 6,8% de los mensajes en X (ex twitter) en Chile entre 2022 y 2023 expusieron de forma innecesaria datos personales de las afectadas.

Esta situación pone de relieve la complejidad de encontrar un punto de equilibrio entre dos derechos fundamentales para las personas: el Derecho a la Libertad de Información y el Derecho a la Protección de Datos y la Privacidad. Y en la época en que vivimos, donde la información es más accesible, continua e inmediata, el correcto cruce de estos derechos se ha vuelto cada vez más difícil de lograr, especialmente en lo que respecta a cómo informar adecuadamente los casos de  violencia hacia las mujeres.

Si bien los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en dar visibilidad y promover la sensibilización en torno a este grave problema social, muchas veces caen en la exposición de la información personal de las víctimas, que no es relevante y no forma parte de lo central de la noticia, ignorando así consideraciones de protección de datos y el impacto que la revelación de información produce en las vidas de las afectadas.

Este punto es en donde la exposición de información genera la revictimización, pues las afectadas además de sufrir las agresiones, experimentan la invasión de la privacidad, el duro escrutinio público y la pérdida de control sobre su narrativa a través de la tergiversación de los hechos y el sensacionalismo. Junto con ello, la publicación de sus datos personales en plataformas digitales genera un daño casi irreparable, porque pese a que una publicación original puede ser borrada, durante el tiempo que estuvo activa, pudo haber sido descargada, copiada o compartida sin límites.

Ante esto, se vuelve urgente tener una legislación que pueda entregar mayores garantías en cuanto al resguardo de la vida privada y en ciertos casos un “derecho al olvido efectivo”. Actualmente, el proyecto de ley que crea la Agencia de Protección de Datos Personales y moderniza esta legislación se encuentra en comisión mixta a la espera de que los senadores y diputados puedan resolver algunas discrepancias en torno a la iniciativa. Su avance ha implicado un largo recorrido de varios años, no por ello menos urgente. Al contrario, esta ley se vuelve cada vez más necesaria ante lo retrasada que se encuentra la regulación vigente en el país en comparación con la experiencia internacional.

Una legislación actualizada permitirá dar una guía a la ciudadanía en general y recomendaciones a los medios en específico sobre cómo se pueden comunicar temas sensibles. Todo lo anterior, permitirá fomentar un entorno comunicacional que promueva la responsabilidad, la empatía, el respeto y, en última instancia, les permitirá a las sobrevivientes tomar el control de sus propias narrativas y así avanzar en su camino hacia la recuperación. Al defender estos principios, podemos fortalecer la calidad de la información y contribuir a una sociedad más integral y justa para todos.