BRAGA
Estamos a días de que el del Convenio 190 entre en vigor y se mantiene un alto nivel de denuncias de trabajadores y trabajadoras del sector publico y privado, existiendo un desconocimiento transversal del convenio y la recomendación 206, incluso de la Ley Karin.
Esta semana se presentaron los resultados del estudio sobre el Convenio 190 de la OIT para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo – desarrollado a partir del acuerdo de cooperación de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores y la Mutual de Seguridad- el que presenta resultados que pueden ser insumos para una serie de acciones que ayuden a avanzar a poner fin a la violencia, acoso y abuso en el mundo del trabajo.
Dentro de las materias que podemos destacar, es que confirma que son las mujeres las más propensas a ser víctimas de acoso y de violencia, sumado a que la violencia psicológica es la que predomina en los espacios laborales y que existe temor a denunciar por temor a represalias.
Estamos a días de que el del Convenio 190 entre en vigor, y el escenario es más que complejo, manteniéndose un alto nivel de denuncias de trabajadores y trabajadoras del sector publico y privado, existiendo un desconocimiento transversal de el convenio 190, y la recomendación 206 incluso de la ley Karin que entra en vigencia a partir de agosto del presente año. Situación que nos tensiona teniendo presente las expectativas y el cumplimiento real al compromiso que como país firmamos con la ratificación de este acuerdo internacional.
Los resultados del estudio antes mencionado dan cuenta de la necesidad de que el Estado, el sector privado, trabajadoras y trabajadores junto con sus organizaciones sindicales pongan la mayor de sus energías en esta tarea de prevención de la violencia y abuso en nuestros entornos laborales. Pero son urgentes herramientas tanto legislativas como de gestión que apunten a concretar ambientes laborales
libres de violencia.
Más allá de que el Convenio entre en vigor a mediados de junio o que la Ley Karin se comience a aplicar el 1 de agosto, debemos asumir que tenemos un grave problema ahora y debemos hacernos cargo. No podemos quedarnos en la activación de la institucionalidad para evitar hechos de visto que provoca.
El estudio también deja tarea al Parlamento. Una de las principales ideas que se transmitieron durante la investigación es que no basta con la promulgación de leyes que cumplan, en el papel, o con el nombre de alguna victima en una ley. Debemos dotar a las leyes y normativas con todas las herramientas, financiamiento, dotación funcionaria, disponibles para lograr sus objetivos y que el cumplimiento de las leyes se pueda certificar y no queden como un mero saludo a la bandera.
Cada uno de nosotras y nosotros somos agentes de la prevención de la violencia en nuestros espacios laborales. Al mismo tiempo, en nuestro caso, las organizaciones sindicales tenemos un importante rol en la promoción y defensa de espacios laborales libres de violencia. Debemos avanzar en que las negociaciones colectivas sean momentos en los que definamos los protocolos para prevenir, proteger a víctimas o sancionar a agresores.
Hemos dado un primer paso en la desarrollo de la CUT, a través de la Vicepresidencia de la Mujer, en conjunto con la Mutual y con el apoyo de otros organismos, de una serie de procesos de seguimiento, observación y articulación con el fin de poner freno a la violencia, el acoso y el abuso laboral. Pero este desafío a propósito de los mínimos que nos damos como sociedad exige de una Política de Estado que garantice el Derecho a tener un trabajo libre de violencia y acoso en el mundo laboral.
