BRAGA
Incluir los cuidados como un aspecto esencial de la protección social responde a una de las reivindicaciones de la agenda de género, pero también a los retos presentes y futuros del país.
La Cuenta Pública del Presidente establece las prioridades de los últimos años de gobierno. Bajo la sombra de temas más polémicos, el anuncio de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida) corre el riesgo de pasar desapercibido. Esta política pública busca articular más de 60 programas que, actualmente, ofrecen servicios de cuidado, formación y transferencias monetarias. La apuesta es diseñar un sistema integral que agrupe y aumente progresivamente distintas prestaciones estatales relacionadas con los cuidados que hoy se encuentran disgregadas. El objetivo es garantizar el cuidado como un derecho, con un enfoque comunitario y reconociendo la labor de las personas cuidadoras.
Aunque no conocemos en detalle el contenido de esta propuesta, se trata de una iniciativa para celebrar. Varios países de la región, siguiendo el ejemplo pionero de Uruguay, están desarrollando políticas públicas similares. Un rasgo característico de los avances en América Latina es la atención en la distribución de género de las tareas de cuidado, y con ello, un foco especial en las personas cuidadoras, en su mayoría, mujeres.
El anuncio establece que Chile Cuida se concentrará en las necesidades de personas con dependencia severa, priorizando así al grupo más vulnerable. Sin perjuicio de ello, este sistema se suma a otras medidas como la ampliación de permisos y teletrabajo para cuidadores, la reducción de la jornada de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar, el proyecto de sala cuna universal, entre otras.
Todas estas políticas no son cuestiones aisladas, sino que manifiestan la relevancia de los cuidados para nuestra vida. La disminución dramática de las tasas de natalidad en todo el mundo, el envejecimiento acelerado de la población, y los riesgos ambientales y climáticos obligan a repensar cómo cuidamos. Las familias no pueden ser las únicas responsables, las mujeres no pueden seguir llevando sobre sus hombros los costos de cuidar, y las necesidades de las personas más vulnerables no puede depender solo de sus redes familiares.
Incluir los cuidados como un aspecto esencial de la protección social responde a una de las reivindicaciones de la agenda de género, pero también a los retos presentes y futuros del país. Sin poner los cuidados al centro difícilmente podremos enfrentar los cambios demográficos ni lograr una transición ecológica realmente justa. El anuncio en la Cuenta Pública va en la dirección correcta.
El desafío es que esta y otras políticas públicas relacionadas impulsen transformaciones en la actual distribución de los cuidados, involucrando a hombres y mujeres. Es esencial que la intención de apoyar a quiénes cuidan no signifique profundizar estereotipos de género. Asimismo, es importante que estos avances no queden solo en el discurso. Se trata de necesidades concretas, de personas de carne y hueso que, más allá de los simbolismos, requieren condiciones materiales adecuadas para cuidar y ser cuidadas en dignidad.
