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La Urgencia de Erradicar la Violencia de Género: 30 Años de la Convención de Belém do Pará BRAGA

La Urgencia de Erradicar la Violencia de Género: 30 Años de la Convención de Belém do Pará

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Las cifras actuales de violencia machista reflejan una realidad alarmante: en 2023, se registraron 48 femicidios, y hasta abril de 2024 se registró una escalada de violencia del 42% respecto al año anterior.


Hace 30 años, la OEA aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Belém do Pará”. Este documento pionero abordó específicamente la violencia de género y sus devastadoras consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Ratificada por Chile en 1996, nuestro Estado asumió la Presidencia de la Conferencia de Estados Parte 2023-2025, celebrándose este 11 y 12 de junio la IX Conferencia de MESECVI en nuestro país.

La Convención Belém do Pará establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, prohibiendo expresamente la violencia basada en género y abogando por la erradicación de discriminación y estereotipos. Sin embargo, ¿ha logrado Chile garantizar este derecho en los últimos 30 años?

Si bien, se ha avanzado en la creación de leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, destacando la Ley N°20.820 que establece el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y la Ley N°20.066 de Violencia Intrafamiliar. También se han promulgado leyes específicas como la tipificación del delito de femicidio y la Ley Antonia sobre el suicidio femicida. Sin embargo, las cifras actuales de violencia machista reflejan una realidad alarmante: en 2023, se registraron 48 femicidios, y hasta abril de 2024 se registró una escalada de violencia del 42% respecto al año anterior.

Estas estadísticas evidencian la necesidad urgente de una justicia con perspectiva de género y medidas efectivas de prevención y protección. El sistema judicial debe aplicar los principios de la Convención para resolver y trabajar para erradicar los estereotipos patriarcales de sus fallos. Además, es crucial que todo los operadores del sistema judicial, incluidas las fuerzas policiales, tengan una formación en género y DDHH.

Informes de la Red Chilena contra la Violencia, revelan que muchas veces los Carabineros minimizan y naturalizan la violencia, revictimizando a las denunciantes y perpetuando la lógica patriarcal.

Es importante recordar que, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe tomar en cuenta y comprender la subordinación de la mujer en las prácticas y normas culturales, y en el contexto de la investigación de las violaciones de los derechos de la mujer; esas prácticas constituyen una violación de los derechos humanos en sí misma, pues los estereotipos se convierten en “una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres”[5]. Por tanto, los esfuerzos del Estado deben centrarse, no sólo en perseguir y sancionar a quienes violen los derechos de las mujeres, sino a modificar los patrones socioculturales de conducta que crean estos estereotipos, educando en el respeto a los derechos humanos, y previniendo la violencia de género.

En este sentido reconocemos como un avance la reciente promulgación de la Ley Integral de violencia contra las mujeres, tras 7 años de tramitación en el congreso y su infructuosa impugnación ante el Tribunal Constitucional. Pues establece responsabilidades claras para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, exigiendo la debida diligencia por parte del Estado; tipificando nuevas formas de violencia como la gineco-obstétrica y política; reforzando las medidas cautelares y su supervisión judicial y reconociendo a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género, incidiendo en las consideraciones que deben incorporar las y los Jueces de Familia, al momento de regular la relación directa y regular con un padre victimario.

Organizaciones de la sociedad Civil que abogamos por los derechos de las mujeres estaremos atentas y vigilantes a su aplicación, a la correcta implementación y su adecuada fiscalización en el ámbito público y privado, de esto dependerá el avance de nuestra nación hacia una sociedad más justa para todas y todes, en cumplimiento de los principios e ideales perseguidos por la Convención que celebramos el día de hoy.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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