Yo opino
Hoy nos posicionamos del lado de las feministas aguafiestas que sostienen la queja desde su potencia, ante un contexto que posiciona a grupos de mujeres y niñas en la supervivencia de la exclusión radical y de violencia sexual extrema, ocurriendo a los ojos de toda la sociedad.
En medio de un complejo escenario nacional en torno a situaciones de violencia sexual provocada por figuras públicas cómo Eduardo Macaya y Cristián Campos, y del tratamiento que se le ha dado a estas situaciones desde la justicia y prensa chilenas, el pasado 11 de julio se publicó el 6° informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile, elaborado por la Corporación MILES, organización de la sociedad civil que desde el año 2015 promueve y defiende los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas.
El informe presenta temáticas alusivas al aborto –donde integra a la población migrante– a la objeción de conciencia, a los efectos psicosociales de la violencia sexual y el cómo viven la menstruación algunas personas de la población en situación de calle.
Con presencia en diversos medios, el informe es socializado y se encuentra disponible en el sitio web de MILES, podríamos señalar, teniendo una disposición de acogida y un cierto reconocimiento por el abordaje de temas tan relevantes para la sociedad, respecto de cuestiones que deberían ser abordadas por el Estado y de modo especial, por un gobierno que se auto declara feminista.
Sin embargo, más allá de lo importante que resulta contar con documentos de este tipo, que ponen sobre la mesa la brecha patriarcal a la que hoy asistimos en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, consideramos necesaria una problematización respecto tanto de la construcción de la información y su perspectiva, como de los usos y socialización de este tipo de documentos.
Se ha difundido que este sexto informe aporta cifras como: “el 93% de casos de violencia sexual son perpetrados por personas cercanas a la víctima” y el “38% señaló haber sido cuestionada al narrar sus experiencias”, “el 46% de los obstetras del sistema público son objetores de conciencia”, que “se estima un gasto anual de 125 mil pesos chilenos en insumos de higiene menstrual”, donde “el 60% de las personas señaló padecer dolor extremo”; todos estos, datos sumamente relevantes.
Más allá de las cifras y reflexiones presentadas en el texto, nos preguntamos acerca del contexto de un sexto informe y la presentación de los avances/retrocesos en los temas abordados respectos de los informes anteriores.
Notamos además de lo anterior, la ausencia de referencias al contexto sobre violencia sexual que han logrado visibilizar los movimientos feministas como la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Por otra parte, es problemática la falta de una perspectiva crítica ante cifras que si bien, no son conocidas con exactitud como el informe presenta, son de conocimiento público por la ciudadanía, con lo que planteamos preguntas como ¿cuál es el impacto de informes de este tipo?, ¿Qué hacer con esta información que se entrega?
Finalmente, planteamos una mirada problemática respecto de la difusión que se focaliza en temas que omiten nuevas informaciones relativas a población migrante y situación de calle, a la brecha en el cumplimiento de estándares internacionales sobre los métodos de aborto, a los estigmas y necesidad regulación de objeción de conciencia.
Con un afán de aportar, constatamos que surge la necesidad de una mayor problematización en el abordaje que realiza este tipo de documentos sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, dada la complejidad de los mismos en el Chile de hoy, pero por sobre todo, porque un texto de este tipo y con el alcance que puede tener, construye una cierta perspectiva.
Si el levantamiento de esta perspectiva y su socialización resultan prolijas, estaremos en condición de interpelar sobre cuestiones de política pública, como por ejemplo ¿Cuál es el posicionamiento de Sernameg? ¿Qué acciones son exigibles respecto de estos problemas? Esto de un modo concreto para una mejoría y cambio material en la vida de mujeres y niñas respecto de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, pero antes debemos responder ¿a qué intereses pretende aportar este tipo de documento? Donde tal como se explicita en el documento, se trata de un asunto de Derechos Humanos, el que pensamos no puede concretarse sin una determinada perspectiva política, puesto que Derechos Humanos y política no son excluyentes.
Entendemos que es un desafío aún, disminuir brechas en el acceso a prestaciones de salud asociadas a los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como también, promover una Educación Sexual Integral. Asimismo, es muy relevante visibilizar las condiciones reales de vulneración que padecen ciertos grupos de mujeres y niñas por efecto de opresiones bivalentes y de intersecciones opresivas, la estigmatización el uso de los “valores” en procedimientos que obstruyen el cumplimiento de derechos, por ello la tarea es enormes y desde ahí insistimos en la necesidad de un enfoque de Derechos de modo tal que esta información tenga impacto real en la vida de las personas. Como señala la “aguafiestas’ Sara Ahmed, sostenemos la queja, el malestar y el enojo. Hoy nos posicionamos del lado de las feministas aguafiestas que sostienen la queja desde su potencia, ante un contexto que posiciona a grupos de mujeres y niñas en la supervivencia de la exclusión radical y de violencia sexual extrema, ocurriendo a los ojos de toda la sociedad.
