¡Seremos madres juntas, y lo vamos a planificar!

Las declaraciones del exministro de salud de los oscuros tiempos de pandemia, Jaime Mañalich, han dado qué hablar las últimas semanas, luego de que en una entrevista emplazara abiertamente a las militantes comunistas, Camila Vallejo (ministra de Estado) y Karol Cariola (presidenta de la Cámara de Diputados de Chile) criticando la supuesta intencionalidad de su embarazo simultáneo.

La situación ha abierto la agenda pública para reflexionar sobre lo inadecuado de sus declaraciones al juzgar la instrumentalización política de un proceso de gestación.

Como señaló la diputada independiente Camila Musante, “para Mañalich, todo es cálculo político, hasta llegar a poner en duda la intención de dos mujeres al decidir ser madres”.

La acusación que señala que los embarazos no son accidentales y la crítica sobre que ellas tomaron la supuesta “decisión de quedar embarazadas” en un “momento adecuado” ha significado el apoyo transversal a las políticas chilenas y nos invita a pensar si aquel  “momento oportuno para tener una guagua”, ese que ilumina el exministro de salud piñerista, realmente existe.

En Chile, hay presiones culturales y sociales significativas para las mujeres en relación a su maternidad. La Encuesta Nacional de Salud de 2021, revela que las expectativas sociales influyen significativamente en la decisión de las mujeres sobre el momento adecuado para tener hijos. Por una parte, el Ministerio de Salud en 2022, señala que la edad promedio del primer parto se ha desplazado hasta los 31 años. Esta tendencia puede interpretarse como una consecuencia de la presión para lograr alcanzar una estabilidad económica y profesional antes de poder formar una familia.

Las mujeres están a menudo en la encrucijada de decidir entre avanzar en sus carreras o asumir el rol de madres, lo que puede hacer que ese “tiempo adecuado” se perciba como un equilibrio casi utópico.

Por otra parte, la tasa de participación femenina en el mercado laboral alcanzó el 53,3 % (INE, 2023). Esto refleja un aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral y una mayor conciliación de trabajo y familia. Los altos costos asociados y la insuficiencia de subsidios adecuados, podrían significar un condicionamiento mental a la idea de que la maternidad será posible, una vez que se cuente con la capacidad económica y el acceso a los recursos suficientes, en definitiva, una estabilidad material muy lejana a la realidad imperante. Así, por ejemplo, hasta el 2022, las mujeres en Chile ganaban, en promedio, un 20 % menos que los hombres por el mismo trabajo (INE, 2022). Esta desigualdad salarial, asociada a los altos costos de crianza, iluminan la lucha histórica que al día de hoy continúan enfrentando las mujeres en todo el mundo por asegurar su autonomía económica y enfrentar una maternidad.

Según la Encuesta de Uso del Tiempo de 2022, las mujeres en Chile dedican, en promedio, 4,5 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres dedican solo 1,5 horas. Este esfuerzo de medir la dedicación a las labores de cuidados, aplicado por primera vez en 2015, permite visibilizar cómo se distribuye el uso del tiempo al interior del hogar y medir la desigualdad. Según la misma encuesta, las mujeres trabajan más que los hombres cuando se suma el trabajo no remunerado con el trabajo remunerado, que significa, aproximadamente, un 26 % del PIB ampliado. En 2021, el 17 % de las mujeres reportaron dificultades para acceder a cuidados prenatales adecuados debido a barreras económicas o geográficas y solo el 25 % de los niños menores de 2 años tienen acceso a servicios de cuidado infantil (Ministerio de Desarrollo Social, 2023). Esto limita la capacidad de las madres para regresar al trabajo, continuar en cargos de poder y equilibrar las responsabilidades familiares.

Aunque la licencia por maternidad en Chile es relativamente extensa en comparación con otros países, la falta de políticas adecuadas para el cuidado infantil puede forzar a muchas madres a regresar al trabajo antes de lo ideal (Ley N° 20.545, 2011). La licencia por maternidad en el país es de 30 semanas, con 6 semanas antes del parto y 24 semanas después del parto (Ley N° 20.545, 2011) pero su cobertura y el apoyo adicional aún siguen siendo insuficientes para muchas madres.

Y es que hace cien años, este tema también era discutido en la esfera pública. Las mujeres no eran consideradas como sujetos de derechos políticos y estaban relegadas principalmente al ámbito privado. Cómo señalaba Elena Caffarena, en diversas publicaciones de la primera mitad del siglo XX, uno de los segmentos con mayor índice de vulnerabilidad era el de las madres obreras solteras. Aunque su salario no era ni la mitad de lo que ganaban los obreros a inicios de siglo, las organizaciones y mutuales femeninas que buscaron su defensa y protección se multiplicaron.

En la actualidad, esta visión colectiva sobre la maternidad podría responder a que el 25 % de las mujeres en Chile reportaron sentir soledad con frecuencia y este porcentaje es más alto entre las madres que viven solas o sin el apoyo de una red familiar cercana (Ministerio de Salud de Chile, 2021). Un estudio reciente de la Universidad de Chile en 2022 encontró que el 30 % de las madres primerizas reportan niveles significativos de soledad no deseada, exacerbados por la falta de redes de apoyo. Dicha soledad entre las madres está asociada con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad y depresión. De igual manera, esta situación se expresa en el estudio de la Universidad de Santiago de Chile en el mismo año, que mostró que las madres que sienten soledad tienen un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés, como hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Estos índices aumentaron durante la pandemia del COVID-19. El 30 % de las madres trabajadoras reportó un aumento en el estrés y la sobrecarga, mientras que el 40% de ellas constata que el teletrabajo les permitió manejar de mejor manera sus responsabilidades laborales y familiares, según un estudio de la Universidad de Valparaíso en 2023 y la Revista Chilena de Psicología en 2023.

En conclusión, la realidad de las madres aisladas y sin redes, dista de ser un proyecto de vida esperanzador.

¿Quién cuida a las que cuidan?

Las políticas públicas en Chile han avanzado en algunos aspectos, pero aún son insuficientes para abordar de manera integral las necesidades de las madres trabajadoras. Desde una perspectiva feminista, hace falta políticas efectivas de conciliación y el apoyo para extender la licencia parental no sólo a las madres sino también a los padres, permitiendo que ambos puedan compartir el tiempo de cuidado de sus hijos sin que las mujeres asuman el costo profesional que conlleva la maternidad, en una sociedad neoliberal y patriarcal.

Debemos avanzar, entonces, hacia una corresponsabilidad del Estado en la crianza y no solo un apoyo a las madres. Es urgente promover la equidad de género para asegurar el bienestar de las familias y las infancias. Un nuevo modelo de desarrollo que permita redistribuir las responsabilidades de forma equitativa, garantizando que tanto madres, padres y cuidadores/as, reciban una remuneración adecuada durante su licencia y/o tutela, lo que evitaría restricciones profesionales y penalizaciones económicas por dedicarse al cuidado de la familia.

Además, es necesario ampliar la disponibilidad de guarderías públicas de calidad con subsidios del Estado, para asegurar que todas las familias tengan acceso a servicios de cuidado infantil, así como, implementar nuevos sistemas de trabajo flexibles, permitiendo equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, fomentando la idea de que el cuidado de los hijos es una responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto. Más urgente aún, es ofrecer subsidios adicionales a familias monoparentales para garantizar sus derechos fundamentales, incluyendo vivienda, salud, alimentación, educación, arte y cultura.

Aunque pareciera una utopía, es posible seguir avanzando en promover políticas de cuidados y fomentar redes de apoyo comunitarias, donde madres y padres puedan compartir experiencias, recibir asesoramiento y apoyarse mutuamente en la crianza de hijos, hijas e hijes. En razón de ello, debemos legislar contra la discriminación laboral por razones de maternidad, asegurando que las mujeres no sean castigadas en su carrera por ser madres.

Como diría la teórica norteamericana Joan Tronto (1993, 2013), el cuidado debe ser una cuestión de justicia social y política, lo que implica que el Estado debe intervenir para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a cuidados de calidad y que quienes realizan el trabajo de cuidados reciban el reconocimiento y compensación adecuados. El neoliberalismo ha llevado a una desinversión en los servicios públicos, a una cultura segregadora soportada en malas prácticas laborales que fomenta la competitividad, afectando especialmente a las mujeres, saboteando el complejo y demandante ejercicio que exige maternar. El cuidado, para ser entendido adecuadamente, debe ser reconocido como una actividad fundamental para el funcionamiento de la sociedad y no simplemente una preocupación privada o individual. Como dice el preso político kurdo Abdullah Öcalan, la maternidad puede ser un acto de resistencia y liberación, que, despojado de las funciones biológicas tradicionales, juega un rol clave en la transformación y construcción de una sociedad realmente justa y democrática.

Para finalizar, corresponde responder al señor exministro Jaime Mañalich, que la amistad y la planificación entre amigas de una maternidad, puede ser un acto de resistencia ante un modelo impuesto a fuego, brutalmente desigual y segregador contra la mujer. En la perspectiva de Brigitte Vasallo, la amistad es una política social de cuidado, que propone una nueva ética feminista de las relaciones interpersonales. Quien entienda la amistad, no solo como una relación afectiva, sino como una práctica política y ética, hace del cuidado mutuo un nuevo orden que desafía las normativas sociales. Las amistades son subversivas porque crean espacios de apoyo y resistencia fuera de las estructuras normativas del poder y mientras no exista una corresponsabilidad real y la discriminación contra la mujer embarazada y las maternidades persista desde las instituciones, señor exministro: ¡Seremos madres juntas, y lo vamos a planificar!