Yo opino
Desde la experiencia de los programas de protección especializados en abuso y ESNNA de Corporación Opción, y según datos relevados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género un porcentaje importante de los embarazos adolescentes surgen en contextos de violencia sexual.
En estos días en que conmemoramos la Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina, reiteramos nuestra preocupación por las niñas y adolescentes que día a día ven vulnerados sus derechos a una salud sexual y reproductiva digna, y a contar con una educación sexual integral, que permita evitar experiencias de maternidad temprana que afecten su desarrollo físico, emocional y social, limitando su acceso a la educación y condiciones de vida dignas.
Aunque las cifras a nivel mundial reflejan una baja, tanto en el embarazo adolescente, como en las tasas de natalidad y fecundidad (en Chile ambas han experimentado sostenidas caídas en los últimos 10 años) preocupa que casi un 4% de los nacimientos provengan de niñas y adolescentes menores de 19 años y que 171 hayan sido concebidos por niñas de 15 años de edad o menores (INE, 2023).
Desde la experiencia de los programas de protección especializados en abuso y ESNNA de Corporación Opción, y según datos relevados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género –a siete años de la implementación de la Ley IVE (2024)-, un porcentaje importante de los embarazos adolescentes surgen en contextos de violencia sexual. La violación constituye una de las tres causales que permiten a una niña, adolescente o mujer adulta, acceder al derecho a una prestación médica que le permita la interrupción voluntaria de un embarazo. El promedio de edad para dicha causal es de 23 años, y la edad donde se concentra el mayor número de casos de la causal por violación son los 13 años.
Chile se examinará prontamente ante la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres, y tiene compromisos como Estado para abordar la violencia de género y sexual hacia las niñas y adolescentes, así como para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva que permita prevenir no solo el embarazo adolescente, sino las experiencias de violencia que los producen, además de las desigualdades que se expresan en este grave problema social.
