Impacto económico del acceso restringido al aborto

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Seguro, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los derechos reproductivos, específicamente el acceso al aborto seguro. Este día no solo es un momento para hablar de aborto, sino también una oportunidad para romper el silencio y los estigmas que rodean esta experiencia, que muchas mujeres y personas con capacidad de gestar enfrentan en algún momento de sus vidas. A pesar de ser una práctica común y parte natural del ciclo reproductivo, el aborto sigue siendo objeto de un profundo estigma social. En muchos lugares, las mujeres que deciden abortar enfrentan el juicio de sus comunidades, familias e incluso de los profesionales de la salud. Este estigma no solo afecta el bienestar emocional de las mujeres, sino que también limita su capacidad para hablar abiertamente sobre su experiencia y buscar el apoyo que necesitan. Desmitificar el aborto es esencial para entender sus implicaciones en la salud pública, la economía y la vida de las mujeres, especialmente al observar ejemplos de países como Noruega e Islandia que han avanzado en este aspecto. 

Hablar sobre el aborto, compartir experiencias y normalizar la conversación es un paso crucial para desestigmatizar esta práctica. En algunos países, como Argentina e Irlanda, los movimientos sociales han jugado un papel fundamental en cambiar la narrativa sobre el aborto, lo que ha llevado a reformas legales importantes. Hablemos de aborto, porque es parte del ciclo reproductivo de las mujeres; hemos abortado incluso sin saberlo. Hablemos del aborto que nos hicimos y no le dijimos a nadie por vergüenza, por miedo a ser criminalizadas o por temor a quedarnos solas. Hablemos del aborto que nos dolió porque era un embarazo deseado, hablemos también del aborto que nos entregó tranquilidad y nos permitió trazar un proyecto de vida que nos hace felices. Hablemos del aborto que se hizo tu mamá, tu abuela, tu tía, tu amiga o tú misma. Cuando hablemos de aborto, nos daremos cuenta de que es una experiencia mucho más cotidiana de lo que imaginamos.  

Más allá del debate moral o político, la realidad es clara: las restricciones al aborto tienen un impacto profundo, no solo en la salud y bienestar de las personas gestantes, sino también en la economía. El aborto no es solo un procedimiento médico, sino una decisión que impacta el bienestar físico, mental, social y económico de quienes lo requieren. Estudios como los del Guttmacher Institute muestran que las personas que acceden a un aborto seguro tienen mayores probabilidades de continuar su educación y mejorar sus perspectivas laborales. Esto se traduce en una mejor calidad de vida a largo plazo, mientras que la falta de acceso a un aborto seguro perpetúa ciclos de pobreza y limitación económica. 

En países donde el aborto es ilegal o está fuertemente restringido, los costos indirectos de los abortos inseguros son inmensos. Además del dinero gastado en procedimientos clandestinos, se deben sumar los gastos médicos para tratar complicaciones, la pérdida de ingresos por incapacidades temporales o permanentes y el costo emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento de complicaciones derivadas de abortos inseguros cuesta más de 553 millones de dólares al año a nivel global, un gasto que podría evitarse si el aborto fuera seguro y legal. En Chile, se estima que la prohibición y las restricciones generan costos significativos para el sistema de salud pública. Por ejemplo, se calcula que las complicaciones relacionadas con abortos clandestinos pueden costar al sistema de salud alrededor de 15 millones de dólares anuales​.  

El impacto económico del acceso restringido al aborto no se limita a los costos inmediatos de la atención médica. Un estudio histórico conocido como el Turnaway Study en Estados Unidos mostró que las personas obligadas a llevar a término un embarazo no deseado tienen cuatro veces más probabilidades de caer en la pobreza en los años siguientes. Además, enfrentan mayores niveles de deuda y menor acceso al crédito, perpetuando un ciclo de pobreza. Estos efectos son aún más graves para mujeres de ingresos bajos y poblaciones racializadas, como afrodescendientes y latinas, quienes sufren de manera desproporcionada las restricciones al aborto. Un análisis publicado en el American Economic Journal, y que recogió también el Diario El País en 2022, encontró que las personas que no pudieron interrumpir sus embarazos vieron un aumento del 78% en sus deudas y un 81% más de eventos negativos, como desalojos y bancarrotas. Según la presidenta del EPI, Heidi Shierholz, la prohibición del aborto amplía las brechas de género y la desigualdad económica, ya que limita la capacidad de las mujeres para integrarse plenamente en el mercado laboral y reducir la pobreza a largo plazo: “El derecho al aborto es un derecho económico, y esta decisión significa la pérdida de la seguridad económica, la independencia y la movilidad de quienes buscan un aborto. Las personas de ingresos bajos y medianos, especialmente las mujeres afro descendientes y latinas, serán las más afectadas por el impacto”. 

Por otro lado, en países como Noruega e Islandia, donde el aborto es legal y cubierto por los sistemas de salud pública, los beneficios económicos son evidentes. En Noruega, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral ronda el 70%, gracias a políticas progresistas que incluyen el acceso al aborto, educación y cuidado infantil. Estas políticas han ayudado a reducir la brecha salarial y a aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo. 

Islandia, líder mundial en equidad de género, ofrece servicios de salud reproductiva de alta calidad, lo que permite a más del 80% de las mujeres participar activamente en la fuerza laboral. Este acceso a la salud reproductiva es un factor clave en el desarrollo profesional y económico de las mujeres, lo que contribuye directamente al crecimiento económico del país. 

En contraste, América Latina presenta una realidad muy distinta. La prohibición del aborto en varios países de la región, como El Salvador y Nicaragua, no solo afecta la vida de las personas gestantes, sino que también perpetúa la pobreza. La región tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes, un fenómeno vinculado a la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y al estigma social en torno al aborto. Esta situación no solo interrumpe la vida educativa y laboral de las jóvenes, sino que también tiene un costo económico significativo para sus comunidades.  

El concepto de “penalización por maternidad”, que refiere a la pérdida económica que enfrentan las mujeres cada vez que tienen un hijo, es otro aspecto clave en este análisis. En promedio, los ingresos de una mujer pueden reducirse hasta un 4% por cada nacimiento. En cambio, las mujeres que utilizaron el aborto para planificar su maternidad reportaron un aumento del 11% en sus salarios por hora a lo largo de sus carreras. En Chile, de acuerdo a un estudio de la Fundación Sol, las mujeres con hijos ganan un 20,8% menos que aquellas que no tienen.  

Garantizar el acceso al aborto seguro no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también de justicia económica. Las evidencias son claras: el acceso restringido al aborto limita las oportunidades educativas y laborales de las personas gestantes, perpetúa la pobreza y la desigualdad, y genera costos significativos para las economías nacionales. Los estudios internacionales demuestran que, cuando las mujeres tienen acceso a servicios de salud reproductiva, incluidos los abortos seguros, tienen mayores posibilidades de participar en el mercado laboral, mejorar sus ingresos y contribuir al desarrollo económico de sus sociedades. Garantizar este derecho no solo beneficia a las personas gestantes, sino a toda la sociedad, al permitir una mayor equidad de género y crecimiento económico sostenible.