La capacitación de profesionales en temas de abuso sexual infantil permite que quienes trabajan con niños —desde médicos hasta profesores en los colegios— sepan detectar señales de abuso y ofrecer la orientación adecuada para que las víctimas y sus familias reciban el apoyo necesario.
Millones de niños y adolescentes en todo el mundo son víctimas de estos crímenes que dañan su integridad y marcan sus vidas para siempre. UNICEF estima que al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes menores de 20 años ha sido víctima de violencia sexual, una cifra que equivale a alrededor de 120 millones de niñas en todo el mundo. En nuestro país por otro lado, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones reciben un promedio de 20 denuncias diarias de delitos sexuales contra menores de edad, lo que se traduce en aproximadamente 7.300 casos al año. Sin embargo, la cifra real puede ser mucho mayor, pues muchas víctimas no reportan los abusos debido al temor, la vergüenza o la falta de apoyo.
El abuso sexual infantil deja una herida profunda, no solo en la salud física sino también en el bienestar mental y emocional de las víctimas. Este trauma puede derivar en problemas de salud mental crónicos, como ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático, además de afectar la relación que las víctimas tienen con su propia sexualidad y sus relaciones interpersonales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que hasta 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños experimenta algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. Esto representa millones de casos en los que la salud mental, física y sexual de los menores se ve gravemente afectada.
Desde una perspectiva de salud sexual y reproductiva, es esencial considerar que estos efectos también abarcan riesgos de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y una tendencia a enfrentar violencia en relaciones futuras. Estas consecuencias hacen urgente un enfoque integral que aborde tanto la protección de los menores como el acompañamiento a las víctimas. Los reportes institucionales dan cuenta de que cerca de 9 mil niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de protección en Chile han sido víctimas de violencia sexual, reflejando la necesidad de reforzar la prevención y el acompañamiento en estos casos.
La prevención, como primer paso, debe incluir una educación sexual integral que entregue a los niños y adolescentes conocimientos y herramientas para reconocer y defender sus derechos sobre su propio cuerpo. Esta educación no solo les enseña a identificar el abuso, sino que también les brinda el lenguaje necesario para comunicar lo que sienten y pedir ayuda si lo necesitan. Sin embargo, la educación sexual debe ser una tarea de toda la sociedad: familias, escuelas y comunidades pueden y deben unirse para formar una red de apoyo en la que los menores se sientan seguros y protegidos. Hablar con claridad y sin tabúes sobre la salud sexual y los derechos infantiles es clave para crear ambientes de confianza que, en muchos casos, pueden ayudar a evitar situaciones de abuso.
Pero la prevención no es suficiente. Las víctimas de abuso necesitan apoyo para sanar, y aquí es donde los sistemas de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva juegan un papel crucial. La sanación requiere acceso a servicios especializados de atención médica y apoyo psicológico que brinden acompañamiento a largo plazo, ya que el proceso de recuperación no es inmediato. Además, es imprescindible eliminar el estigma que rodea a las víctimas de abuso infantil, promoviendo entornos seguros y compasivos en los que puedan expresar su dolor y trabajar en su recuperación sin ser juzgados.
Para abordar eficazmente este problema, es fundamental un enfoque intersectorial en el que la salud pública, la educación, los servicios sociales y los organismos de protección infantil colaboren activamente. La capacitación de profesionales en temas de abuso sexual infantil permite que quienes trabajan con niños —desde médicos hasta profesores en los colegios— sepan detectar señales de abuso y ofrecer la orientación adecuada para que las víctimas y sus familias reciban el apoyo necesario. Al integrar la salud sexual y reproductiva en estos programas, se pueden ofrecer respuestas más completas y efectivas, promoviendo la prevención y facilitando la sanación.
