Yo opino
para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, es fundamental contar con una educación sexual integral, no sexista y accesible, que facilite de manera interseccional el acceso a información sobre el propio cuerpo.
A lo largo del último mes han salido a la luz diversas denuncias por violencia sexual. Adhiriendo a la importancia de que estos casos se investiguen y sancionen como corresponde, queremos destacar en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer las situaciones de riesgo que difícilmente -o que simplemente no– llegan a constituirse en denuncias.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas indica que existen colectivos que requieren ser priorizados por los Estados debido a que están expuestos a factores ambientales que aumentan su situación de vulnerabilidad y riesgo de violencia. Entre esos colectivos están las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual. Este heterogéneo grupo social se encuentra en especial riesgo de experimentar la vulneración de su autonomía sexual y reproductiva, como causa y efecto de prácticas y estereotipos paternalistas y patriarcales, así como también de violencias materiales y epistémicas que suceden cuando se atribuye falta de capacidad mental.
La violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual está presente en ámbitos institucionales estatales, no estatales, familiares y comunitarios. Además, tiende a ser mayor a aquella que viven sus pares sin discapacidad y a la que sufren los hombres con discapacidad intelectual. Sin embargo, cuando se analiza este fenómeno frecuentemente queda reducido a agresiones físicas puntuales, sobre todo en el caso de infancias con discapacidad, que son tres veces más vulnerables de experimentar violencia sexual. Asimismo, vulneraciones como las esterilizaciones forzosas, aun insuficientemente documentadas y sancionadas en América Latina, mantienen bajo un manto de invisibilidad este tipo de violencia a la que niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual y/o con discapacidad mental, sobre todo aquellas internadas en instituciones, son frecuentemente sometidas.
Esta forma de control reproductivo forzado es parte de las problemáticas de justicia reproductiva que afectan a diversos grupos en desventaja social; entre ellos las personas con discapacidad empobrecidas y las personas con VIH en Chile y en otros países del continente; las mujeres y personas indígenas en Perú; y las mujeres, personas trans y otros grupos afectados por conflictos armados en Colombia.
Diversas mujeres, entre ellas aquellas con discapacidad intelectual, continúan siendo objeto de intervenciones como estas, proscritas por instrumentos del derecho internacional, pues configuran una forma de violencia sexual, control social y coerción basada en el género y la capacidad mental, que viola el derecho a la dignidad y a dar consentimiento con conocimiento de causa.
En todas las personas, la capacidad de consentir se configura a partir de un conjunto de oportunidades de acceso a información compleja y a toma de decisiones dinámicas en el tiempo. Esta capacidad de consentir y ejercer autonomía responde por lo tanto a un contexto, a circunstancias y a relaciones específicas. Las mujeres con discapacidad intelectual no son una excepción. Su capacidad de consentir y ejercer autonomía da cuenta de un espacio de apoyos y cuidados que han permitido desarrollarla. Negar estas condiciones es también una forma de violencia. En ese sentido, para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, es fundamental contar con una educación sexual integral, no sexista y accesible, que facilite de manera interseccional el acceso a información sobre el propio cuerpo, así como también a formas respetuosas y diversas de explorar y experimentar la sexualidad. Esta es una deuda con las mujeres con discapacidad intelectual, cuyos problemas continúan invisibilizados en la agenda pública.
Referencias:
López Radrigán, C. (2024). “Discapacidad y género: avances y desafíos normativos en materia sexual y reproductiva en Chile“. En P. Fuica, J. Maluenda, & F. Moraga (Eds.), Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad. Una aproximación desde la interseccionalidad (pp. 28-42). Universidad Tecnológica OTEIMA. DOI: 10.61209/TYCD6177.
Tenorio, M. & Fuentes, A. (2024). “Sin detección, sin denuncia y sin proceso: la vulneración de derechos de niñas y niños con discapacidad intelectual en Chile”. En P. Fuica, J. Maluenda, & F. Moraga (Eds.), Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad. Una aproximación desde la interseccionalidad (pp. 116-132). Universidad Tecnológica OTEIMA. DOI: 10.61209/ESRU8667.
