8M: tolerancia cero a la violencia contra niñas y mujeres adolescentes

Una nueva conmemoración del 8 de marzo, debe volver a poner en el centro la urgencia de políticas de prevención de la violencia sexual y de género hacia las niñas y mujeres adolescentes.

En los últimos 20 años, nuestro país ha realizado esfuerzos relevantes tanto a nivel normativo como desde las políticas públicas, para apoyar a las víctimas de este tipo violencias, existiendo recursos importantes destinados por el Estado para desarrollar
procesos de intervención especializados, debido a sus graves consecuencias. Aun así, dichas experiencias no dejan de ser frecuentes y aumentan año a año.

En efecto, si comparamos las tasas de denuncia de delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, puede apreciarse un notorio aumento en un periodo de 6 años: de 27.520 en 2018 a 40.361 en 2023. Las sentencias definitivas en casos de explotación sexual
infantil no superan el 2% en el periodo 2020-2022, y se registran sólo 7 condenas. Más del 80% de las víctimas de estos delitos son niñas y mujeres adolescentes (Amparo y Justicia, 2024).

Las recientes recomendaciones de la CEDAW al Estado de Chile (2024), recoge los aportes de las contribuciones tanto de Corporación Opción como de otras organizaciones de la sociedad civil, en torno a la prevención de la violencia sexual y de género;
remarcando la necesidad de combatir la cosificación de la mujer en los medios de comunicación; eliminar discursos de odio hacia las mujeres y las niñas; intensificando la capacitación a los principales agentes de justicia y policiales, de manera que puedan
acoger a las víctimas sin estereotipos.

La implementación plena de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres (Ley 21.675), entre otras acciones, puede permitirnos como país, integralmente, dar señales claras y contundentes de la tolerancia cero hacia este tipo de vulneración de derechos humanos.