A cien años: la amenaza de la clase política hacia las madres trabajadoras

Hace exactamente un siglo, una conquista histórica para las trabajadoras de Chile, vio la luz con la promulgación de leyes laborales que buscaban proteger un problema social olvidado: la maternidad obrera. ¿Cuánto hemos cambiado en estos cien años? Hoy en día, este derecho parece estar cada vez más amenazado por un modelo de productividad neoliberal que invisibiliza a las madres, y por la indiferencia de una clase política que olvida las realidades que enfrentan las mujeres trabajadoras, sobre todo en lo referente al ejercicio de la maternidad y al cuidado de la infancia.

Prueba de ello es que, a tan solo diez días del nacimiento de su hijo, la presidenta de la Cámara de Diputados se ve obligada a interrumpir su permiso de maternidad debido a una injusta censura presentada en su contra. El allanamiento realizado el día de su parto evidencia lo urgente que es volver a reflexionar sobre nuestras luchas, como un llamado a recordar y revitalizar derechos que se han alcanzado gracias al sacrificio del movimiento de las mujeres obreras.

Uno de los avances más trascendentales en el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres fue el Decreto Supremo 442, promulgado en marzo de 1925. Esta normativa marcó un hito al establecer el pre y post natal, el fuero maternal, la remuneración durante el embarazo y el acceso a sala cuna, además de garantizar el acceso para alimentar a los hijos en el trabajo, como un derecho irrenunciable, ya establecido en 1917.

Esto significó una transformación sociocultural del Estado respecto a las necesidades de otro sujeto político: la madre trabajadora. El Artículo 1 de esta ley, señalaba que “las obreras, durante el período de embarazo, tendrán derecho a un descanso de cuarenta días antes del alumbramiento y veinte días después”, además de mandatar a los empleadores a reservar su puesto de trabajo.

A lo largo de los años, la legislación ha mejorado las condiciones de las trabajadoras y su derecho a la maternidad. Sin embargo, algunas dimensiones del cuidado, como el derecho a la lactancia y la posibilidad de que las madres trabajadoras puedan estar con sus hijos en los primeros dos años de vida, siguen siendo amenazadas por el modelo productivo y la clase política.

El artículo 3 de esta ley, exigía que las fábricas, talleres y el propio Estado dispusieran de un espacio para que las trabajadoras pudieran amamantar y estar con sus hijos durante las horas de trabajo. Este tipo de medidas, que parecen tan elementales, siguen siendo revolucionarias para nuestra época. La visibilización y protección de las condiciones de las madres y trabajadoras en fase de lactancia, es una tarea pendiente en todos los niveles de la sociedad.

Al analizar la situación actual, es evidente que el modelo neoliberal ha puesto en crisis estos avances. La precarización de la maternidad, evidenciada en su invisibilidad en el ámbito público y en la cultura de competencia promovida por el modelo económico neoliberal, genera rivalidades entre mujeres trabajadoras. La presión por cumplir con altos estándares laborales y alcanzar un estatus profesional elevado crea condiciones adversas para las mujeres embarazadas, en periodo postnatal y lactantes. Según el informe del Centro de Estudios Mujeres de 2021, el embarazo, la maternidad y el cuidado infantil siguen siendo frecuentemente vistos como obstáculos para la productividad y el desempeño laboral.

Este proceso se inscribe dentro de un modelo extractivista tanto en lo económico como en todas las dimensiones de la vida humana. El diagnóstico es claro: la feminización de la pobreza y la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados son prácticas que el neoliberalismo requiere para asegurar su continuidad. Siguiendo los datos de la Fundación SOL, entre 2006 y 2022, el número de hogares chilenos encabezados por mujeres se duplicó. Sin embargo, el ingreso principal de estas jefaturas solo experimentó un incremento del 16,5% en términos reales (ajustado a valores de noviembre de 2022).

Este contraste refleja un marcado desequilibrio en los ingresos de los hogares liderados por mujeres durante el período, relacionado con altos niveles de informalidad laboral, una brecha salarial persistente y el crecimiento de la monoparentalidad. Las mujeres somos forzadas individualmente a asumir el rol de cuidadoras, pero sin apoyo institucional, limitando nuestra participación en el mundo laboral formal y remunerado en igualdad de condiciones.

Bajo la lógica neoliberal, el Estado ha dejado de garantizar de manera efectiva los derechos de las madres, niños y niñas. Ha quedado en el olvido el Artículo 4 de la ley de 1925, que sancionaba con multa a los empleadores que impidieran la lactancia. Esta normativa establecía que “las madres tendrán derecho a disponer, para amamantar a sus hijos, de dos porciones de tiempo, que en conjunto no excedan de una hora al día”, asegurando así un mínimo de protección para la maternidad en el ámbito laboral.

En la actualidad, la falta de políticas efectivas en esta materia ha dejado el cuidado infantil en manos de servicios educativos colapsados, instituciones privadas inaccesibles o mujeres cuidadoras en condiciones de precariedad.

En este sentido, la crítica sobre la exposición pública de la diputada Cariola revela un aprovechamiento sobre la privatización de la maternidad. La exposición de este caso nos invita a exponer la fragilidad puérpera en la esfera pública, en pro de exigir respeto por la maternidad, las labores reproductivas y colectivizar su cuidado. Aun así, resulta necesario decir ¡basta!

La ética del cuidado es ir más allá de la ética masculinizada de la justicia y comprender, tal como promueven las activistas brasileras “Peita”: “Criar filhos/hijxs es un acto político”. La maternidad entendida como un otro acto de resistencia, debe ser posible para las mujeres trabajadoras. Para avanzar en esa dirección, debemos reconocer la desigualdad y el acoso que enfrentan las mujeres en su condición de madres, puérperas, lactantes y apoyarlas para que puedan sostener su maternidad, sin miedo de renunciar o la amenaza de perder su trabajo, contando con la protección que merecen.

Los procesos de cuidado son complejos. Como señala la politóloga Joan Tronto, requieren preocuparse, hacerse cargo, suministrar cuidados y permitirnos recibirlos. Se exige el refinamiento de varias cualidades morales, incluido lo que se refleja en la atención. Atender a las madres conlleva una reflexión profunda sobre la responsabilidad de la clase política sobre su condición y cuidado.

Mientras sigamos en la lógica del estratega, ese sujeto que crea trampas, recursos, operaciones políticas y guerras legales para crear noticia, las madres trabajadoras serán invisibles y la política carecerá de sentido humano. Es necesario alcanzar el proceso efectivo del propio cuidado y ser competentes en crear entornos justos y solidarios, que permitan ejercer el acto político que implica la crianza. Como diría Gabriela Mistral “la maternidad no es solo cosa de carne, sino de la carne y del alma”.

Finalmente, la protección de las madres y de las infancias es un deber institucional y la salud perinatal y materno-infantil sigue siendo una demanda pendiente que reclama una ética del cuidado hacia las madres trabajadoras y que a cien años de la Ley de Protección a la Maternidad Obrera, y en el contexto del caso de Karol Cariola, ilumina la deuda histórica del Estado y la sociedad en su conjunto en materias de protección a la maternidad.

Es hora de exigir un compromiso real de la clase política para el bienestar de las mujeres y las infancias y la sostenibilidad de la vida humana. Cualquier vulneración de los derechos de las madres, especialmente de las puérperas y lactantes, es un retroceso inadmisible que amenaza las conquistas alcanzadas por las mujeres trabajadoras y obreras de Chile.