Declaración de renta, evasión de la crianza

Cada abril, la Operación Renta marca el inicio del proceso en el que miles de contribuyentes deben declarar sus ingresos, pagar impuestos o, en algunos casos, recibir una devolución. Sin embargo, para quienes tienen deudas por pensión de alimentos, ese reintegro es retenido por el Estado como una forma de forzar el pago de lo que deberían haber entregado mes a mes.

Esta medida, establecida en la Ley N°21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, busca garantizar que los recursos lleguen a los niños, niñas y adolescentes afectados por el incumplimiento de sus progenitores. En la práctica, sin embargo, sigue siendo un parche en un sistema que continúa fallando a las madres y, sobre todo, a sus hijos.

La retención de impuestos a deudores ha crecido de manera exponencial. En el año 2024, la Tesorería General de la República retuvo más de $4.390 millones a casi 24 mil contribuyentes, un aumento del 189% respecto al año anterior. ¿Eso significa que ahora sí se está haciendo justicia? No. Significa que el problema está descontrolado. Son miles los que siguen sin pagar, confiados en que las sanciones llegan tarde o nunca.

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se anunció como una solución histórica. La realidad es que, aunque ha permitido visibilizar a los que deben, no ha garantizado el pago. Muchos simplemente buscan nuevas formas de evadir. Ocultan ingresos, trabajan en la informalidad, ponen bienes a nombre de terceros. Mientras el Estado persigue sus impuestos con precisión quirúrgica, la deuda con los niños sigue creciendo sin una respuesta efectiva.

El proceso para acceder a los montos retenidos es otro obstáculo más. No es automático ni inmediato. Las madres deben iniciar trámites, probar la deuda, enfrentar demoras. A eso se suman las maniobras de los deudores, quienes presentan apelaciones y dilatan cualquier resolución. Y mientras todo eso ocurre, los niños siguen sin recibir lo que les corresponde. No es justicia, es un callejón burocrático.

El problema no es solo que no paguen. Los niños y niñas siguen creciendo, comiendo, enfermándose, necesitando educación y cuidados, y esos gastos no desaparecen. Pero mientras los deudores evaden su responsabilidad, son las madres quienes se endeudan, ajustan cada peso y hacen lo imposible para que sus hijos no lo resientan. No es solo un incumplimiento financiero: es una forma persistente de irresponsabilidad económica y afectiva que recae por completo en quienes sí eligen hacerse cargo.

No basta con retener impuestos una vez al año. Se necesita un sistema que realmente garantice el pago, que impida a los deudores seguir eludiendo, que castigue con efectividad y rapidez. Un sistema que no dependa de que las madres persigan la deuda, sino que asegure que el dinero llegue sin necesidad de pelearlo en tribunales.

El Estado tiene claro cómo hacer cumplir sus propias reglas cuando se trata de cobrar impuestos. Esa misma energía debería aplicarse a las deudas de alimentos. No con parches, sino con medidas que de verdad aseguren que los niños, niñas y adolescentes reciban lo que les corresponde. Porque la justicia que llega tarde no es justicia. Y en este tema, llevamos demasiado tiempo esperando.