A poco más de dos semanas del triunfo de Bachelet
Simón Pérez Wilson, coordinador de la Comisión de Cultura, Revolución Democrática.
Foto: Wikimedia commons
Hace 15 días que ya tenemos presidenta electa. Michelle Bachelet sacó más del 60% de los votos en la segunda vuelta presidencial. Ya contamos con todas y todos los integrantes de la Cámara Baja y Alta; tenemos consejeros regionales electos democráticamente por primera vez.
Los grandes temas de debate de las campañas hicieron referencia al cambio o continuidad, específicamente a la profundización de la obra del gobierno saliente, por parte de la Alianza, y una serie de reformas audaces para la clase política por parte de la Nueva Mayoría. Estos sido la punta de lanza de todo debate, foro o conversación. Dichos ejes están puestos en la Reforma de la Educación, la Reforma Tributaria, y el debate sobre la Nueva Constitución.
El punto de arranque de los cambios puede fijarse en 2011 con el surgimiento del movimiento estudiantil y movimientos sociales. No es casualidad entonces que representantes de ese fenómeno –Vallejo, Cariola, Jackson y Fuentes– ocupen hoy un lugar en el parlamento.
La necesidad de cambio ha alcanzado incluso a la constitución. La campaña Marca Tu Voto es el indicio más concreto de una idea que hasta hace pocos años escasamente ocupaba el discurso público: el reemplazo definitivo de la constitución heredada de la dictadura cívico militar por otra legitimada democráticamente en su origen.
Esta guiará la discusión hacia el cambio profundo de la constitución política que nos rige hoy en día, llena de enclaves autoritarios y heredera de una dictadura cívico-militar.
En el ámbito de los derechos civiles, el matrimonio igualitario; la creación de una AFP estatal que apunte a mejorar la crisis de pensiones miserables que se avecina; nuevo código del trabajo como demanda sectorial que se ha arrastrado y dejado de lado por muchos años; una política energética sustentable; salud; entre otros.
En una reciente columna publicada por El Mostrador, titulada “Los errores en cultura que Bachelet no debe repetir en su segundo mandato” se hace mención a grandes rasgos a las políticas llevadas a cabo por el gobierno anterior de la presidenta electa. Y también de reciente aparición la opinión de Ricardo Brodsky en el Quinto Poder, “El nuevo ciclo en cultura”. Ambas opiniones nos dan cuenta de la necesidad de una nueva mirada sobre las políticas culturales y de dar un giro respecto de las mismas hacia un rol más preponderante en la discusión social.
Es generalizada la opinión de que Chile ha transitado por un largo camino desde 1990 hacia la construcción de su institucionalidad cultural. El primer paso fue la creación del Consejo de la Cultura y las Artes que cobró forma y autonomía bajo el gobierno de Ricardo Lagos, proyecto que este año cumple diez años y que tardó cinco en su discusión. Esta iniciativa fue aplaudida por el amplio espectro cultural. El Consejo significó una innovación en términos de institucionalidad, allí donde la estructura de ministerial goza de una verticalidad fuerte a partir de la figura del ministro, el Consejo, como su nombre lo dice, se conformaba en torno a otro tipo de orgánica horizontal, en el que la sociedad civil tendría un lugar preponderante en la toma de decisiones de este nuevo órgano cultural.
En el contexto de demandas sociales, políticas y económicas, la cultura pareciera estar en un segundo plano. Su rol en los sucesivos gobiernos ha pasado a ser decorativo, un indicador político de esto es que siempre los ministros mejor evaluados son los que hacen menos ruido, es el caso de cultura. Su accionar para la ciudadanía se reduce muchas veces a los actos masivos, fiestas y carnavales. Para el sector cultural la conversación siempre queda entrampada en los fondos concursables, los recursos para las infraestructuras, etc. Muy pocas veces se ha puesto en el centro del debate nacional, en su calidad de política pública de desarrollo social y cultural en su amplia expresión. No se ha construido la relación de que los cambios que se han demandado en las calles requieren de una transformación cultural profunda.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera y su ex ministro de Cultura, presidente del CNCA, Luciano Cruz-Coke, desarrollaron un proyecto de Ministerio de la Cultura, una nueva institucionalidad para el sector, ámbito que luego de diez años de existencia del órgano anterior era discusión en muchos ámbitos de debate de política pública en relación a la cultura. El proyecto de ley señala en su diagnóstico que el CNCA no ha logrado coordinar políticas, planes, programas y acciones, bajo una visión amplia de país, a mediano y largo plazo, que permita hacer más eficiente la utilización de los recursos, y sobre todo abordar de manera profunda y coordinada los distintos objetivos que se ha propuesto. Se ha visto como parte de este diagnóstico la duplicidad de funciones que han cumplido en el tiempo distintas instituciones ligadas a la cultura, en ámbitos del patrimonio, de los museos y archivos, de los bienes nacionales, de las direcciones de cultura, incluso la CORFO.
Teniendo en consideración estos diez años de recorrido y en un contexto social que espera y exige mayor representatividad, transparencia y participación, el proyecto de ley que cree o modifique la institucionalidad existente, a lo menos deberá responder a estos ejes con el mismo ímpetu transformador que los hiciera diez años atrás, y por lo tanto responder a las exigencias de una ciudadanía que espera de sus representantes y de las leyes que estos promueven, el reflejo de una mirada comprometida con la sociedad que queremos construir.
Estamos en una contingencia interesante para el mundo de la cultura respecto a poder tener un debate abierto y participativo sobre una nueva institucionalidad para el sector. Los años de experiencia nos dicen que estamos en condiciones de ser innovadores en términos de esta nueva cartera.
La pregunta que surge y nos surge en Revolución Democrática es si esta vez estamos en condiciones de darle un peso político mayor a este órgano del Estado. La interrogante es si estamos dispuestos a poner como parte del modelo de desarrollo nacional a la cultura, si podemos abrir nuestras mentes a esta nueva institucionalidad más allá de la independencia en términos presupuestarios que puede traer consigo un ministerio.
Darle peso político a un Ministro de Cultura supone que el debate sobre la cultura se establezca desde la política pública, desde la participación de los sectores en la construcción colectiva de esta visión. Es cierto que han existido cabildos, comisiones, instancias colectivas, en pasados gobiernos, pero es momento de entender a la cultura dentro de los grandes debates nacionales, como Comisión de Cultura de Revolución Democrática, entendemos la cultura como un eje principal del desarrollo de nuestro país. Se vienen años en los que debiesen potenciarse las instancias de participación y construcción de la próxima institucionalidad cultural.
El peso político en cultura también supone una ministra o ministro que tenga la capacidad y las herramientas de liderar la discusión de esta nueva orgánica, por ende el próximo gobierno no debe insistir en figuras del ámbito artístico o gremial en orden a su popularidad, sino su mirada debe centrarse en las capacidades de dirección que detente, en la discusión que levante y al mismo tiempo profundice en avances sustantivos en cultura durante los próximos cuatro años.
Si el gobierno pasado puso su sello cultural en la gestión y en la relación entre economía y cultura, este nuevo ciclo tiene que consolidar una mirada pública a largo plazo, donde seamos capaces de establecer un diálogo transversal, donde no sigamos girando en torno a la apertura de espacios culturales escasos de modelos de gestión, donde el pensar una política nacional haga real la mirada descentralizada, en que podamos entender la multiculturalidad como una riqueza, donde iniciemos una discusión de fondo sobre los modelos de derechos de autor, donde nos preocupemos de entender y respetar a los trabajadores de la cultura como poseedores de plenos derechos sociales, que podamos integrarnos regional y culturalmente con nuestros países vecinos, dar una discusión sobre la televisión pública y sobre los medios comunitarios, entre tantos otros desafíos que existen y tenemos por delante.
Dotar de peso político a la cultura pasa por consolidar una mirada de país maciza y robusta en relación a las políticas públicas del sector, entender que existe una deuda política con el tema, que no se trata de cortar cintas, de entregar más fondos, sino más bien de un entendimiento de que se viene, como muchos han dicho y así lo entendemos en Revolución Democrática, un nuevo ciclo político, del cual la cultura no puede estar ausente.
