Creo fundamental que un nuevo Ministerio para la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, debe ser una entidad que valore por completo la diversidad cultural, la libertad de expresión y de la creación, pero que además cumpla con todos los acuerdos de la “consulta indígena” y que tenga a la ciudadanía como eje fundante.
Uno de los temas que siempre ha generado discusión frente a la creación de un proyecto de Ley es el nivel de participación de la ciudadanía organizada en el mismo o del sector al que representa. Asunto que no es menor cuando efectivamente la Sociedad Civil demanda mayores cuotas de participación. Eso es indudable y las instituciones y sus cuerpos directivos deben estar a la altura de ello. Sería impensable en una democracia moderna construir el ideario público sin la voz de las organizaciones civiles.
Hoy el actual Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), Ernesto Ottone tiene el desafío de sacar adelante el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Aspiración que es bueno recordar no nace de un día para otro en Chile. Como lo he dicho en otras oportunidades, el dilema de la Institucionalidad cultural que es histórico toma forma y sentido colectivo con gran fuerza una vez que se recupera la democracia el año 90´. Hay que recordar además las comisiones Garreton bajo la administración del ex Presidente Aylwin, e Ivelic que impulsó el Ex Presidente Frei que debatieron transversalmente y que finalmente decantaron en el Proyecto de Ley 19.891 propuesto por Agustín Squella que crea el CNCA y que instala José Weinstein como primer Ministro Presidente. Tampoco hay que olvidar las propuestas emanadas de los Cabildos Culturales que impulsó con gran convocatoria nacional Claudio Di Girolamo en la Ex División de Cultura del Ministerio de Educación a fines de los años noventa a lo largo de todo el país. Hago esta síntesis solo para dejar muy en claro que discusión y participación en Chile sobre la Institucionalidad Cultural han existido en distintos planos y sectores de la sociedad.
Por otra parte hay que recordar que Chile como Estado suscribió el año 2009 el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y que se ha denominado “la consulta indígena” que es materia también inclusiva en el actual proyecto de Ley que crea al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asunto que está absolutamente asumido por las nuevas autoridades y los órganos colegiados del propio Consejo como sus trabajadores y cuerpos gremiales. Consulta que tuvo un largo proceso de discusión y que da cuenta de un proceso absolutamente participativo y arduo en todo el país.
Me parece fundamental entender los procesos y ritmos de la administración pública en un entramado tan espinoso como una propuesta de Ley de la República. Estamos hablando de un problema país en su totalidad y no solo de un sector en particular. Quiero decir con esto que es importante situar el problema de la participación en forma responsable y no dejarse llevar por manifestaciones y declaraciones populistas en torno al desarrollo cultural del país. Desde donde estamos discutiendo hoy, y el horizonte de la cultura, las artes y el patrimonio, no pueden en ningún caso estar lideradas por grupos de intereses, sectores económicos, asociaciones, aparatos corporativos u otros. Es comprensible y necesaria la disidencia, pero es mejor cuando tiene argumentos sólidos y una experiencia que va más allá de lo meramente testimonial.
Sin duda hay que mejorar la institucionalidad cultural y perfeccionarla como también la gestión del proyecto que había iniciado la Ministra de Cultura anterior, tarea que según fuentes de La Moneda no estaba bien evaluada. Me refiero a la propuesta de indicaciones sustitutivas que dejó en marcha la gestión anterior del CNCA y que lamentablemente desde el punto de vista de su diseño tenía problemas que me parece es imperativo resolver ahora. De lo contrario corremos el riesgo que una aspiración tan necesaria para el país quede en el cajón de los recuerdos por un largo tiempo.
Por otro lado, hay que admitir que se han hecho esfuerzos por abrir el diálogo con sectores que tenía el campo bastante minado. Nunca ha sido simple dialogar con los gremios de trabajadores pero se ha abierto una brecha que ojalá vaya más allá de los meramente discursivo y formal. Asociaciones con las que se han fijado nuevos itinerarios de trabajo como son los trabajadores de la DIBAM y del propio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ANFUCULTURA y del Consejo de Monumentos Nacionales con quienes se supone se establece en adelante una relación de diálogo nueva y productiva. Deseable que así sea. Trabajo que también se comenzó a realizar con los equipos directivos en regiones y de los Consejo Sectoriales (Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Consejo de Fomento de la Música Nacional, y el Consejo del Arte y de la Industria audiovisual) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, situación que ha dejado en evidencia un grado de desconocimiento que había en torno a las propuesta anterior en torno al proyecto de Ley. De la misma forma han participado en esta oportunidad los actuales directivos de la DIBAM como también ex Directoras de este Servicio. Sin dejar de mencionar a las organizaciones de Derechos de Autor y las Sociedades de Gestión, como también los gremios artísticos y múltiples asociaciones comunitarias.
En estos días han circulado en las redes sociales una declaración de apoyo al proyecto que lidera el Ministro Ottone como también un manifiesto que acusa un supuesto “mutismo y dilatación” por parte de las autoridades del ramo. Por decir lo menos, me parece poco productivo y poco serio que se comience a dialogar desde posiciones beligerantes en estos momentos. Uno espera que la participación sea responsable y que no impere el oportunismo que tantas veces hemos visto transitar en los contornos de la cultura. Quienes de verdad están en la cultura saben muy bien que construir una institucionalidad no es una tarea sencilla que pasa solo por la mera discusión, el debate y la reflexión, que obviamente son indispensables, sino también por un trabajo de ingeniería que implica atender y rediseñar con todas las áreas, programas, cuerpos directivos, consejos sectoriales, gremios, y sectores involucrados una propuesta coherente y de consenso. Asunto que no demora tres meses y menos cuando se requiere reorientar la gestión de un proyecto que todo indica estaba casi desahuciado.
Creo fundamental que un nuevo Ministerio para la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, debe ser una entidad que valore por completo la diversidad cultural, la libertad de expresión y de la creación, pero que además cumpla con todos los acuerdos de la “consulta indígena” y que tenga a la ciudadanía como eje fundante. Lógicamente con criterios que aporten al desarrollo de las regiones y que opere a través de un trato justo y digno con todos los trabajadores y funcionarios que formarán parte de esta nueva entidad.
Patricio Olavarría R
Periodista, Docente y Director Programa Cultura Fundación Progresa
