Según una encuesta, entre los jóvenes científicos un 85% trabaja jornada completa, pese a boletear; un 33%, no tiene ningún sistema de salud; un 67%, no cotiza de ninguna forma; un 84%, no tiene seguro de accidente; y un 93% carece de seguro de invalidez o sobrevivencia. El sueldo promedio del grupo, la mayoría profesionales científicos sin doctorado, es de $ 500 mil.
Un fantasma recorre desde hace varios años la ciencia chilena. El fantasma de los jóvenes científicos que trabajan por proyecto, a honorarios, a veces cumpliendo horarios y e incluso marcando tarjeta, por años, por sueldos regulares o derechamente bajos, con jefes que se preocupan -o no- de esta situación: todo depende del lugar.
Eso sí, fuera del trabajo las consecuencias son comunes. Cotización baja o nula de AFP, en Fonasa (incluso como indigente) o ISAPRE, con dificultades para cosas tan simples como arrendar un departamento, abrir una cuenta corriente o sacar un crédito bancario. Ni hablar de proyectarse para tener un hijo.
Estas son las problemáticas que se explicarán en detalle en este nuevo artículo del ciclo «La Crisis de la Ciencia en Chile» y que acompaña la tercera entrega de la serie científica Mentes Brillantes y que se dedica al Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, el matemático y físico Eric Goles.
«La precariedad es más bien generalizada en muchos aspectos», dice Natalia Muñoz, líder del movimiento Científicos con Contrato, que data de 2014 y tiene 1.500 adherentes. «Más allá de que Chile no se caracteriza por tener una cultura de protección de los trabajadores, el tema de los profesionales científicos es bastante particular».
«Hay que ser sinceros, con el presupuesto que Chile dedica a ciencia y tecnología con suerte podríamos tener dos universidades haciendo investigación de nivel mundial en condiciones óptimas», dice. «Pero el país se las ha ingeniado para multiplicar los lugares donde se hace investigación incluyendo a todas las universidades del CRUCh más muchas privadas, haciendo malabares con el poco dinero que hay. Uno de esos malabares pasa por tener un número importante de profesionales dispuestos a trabajar por dos sueldos mínimos mensuales o menos y en condiciones precarias. En resumen, falta realismo y sobran las ganas de mantener una fachada de país científicamente sofisticado, con muchas publicaciones ISI, pero con tremendos costos ocultos».
Una encuesta del movimiento realizada entre investigadores en 2014 reveló cifras aterradoras. Un 85% trabajaba jornada completa, pese a boletear; un 33%, no tenía ningún sistema de salud; un 67%, no cotizaba de ninguna forma; un 84%, no tenía seguro de accidente; y un 93% carecía de seguro de invalidez o sobrevivencia. El sueldo promedio del grupo, la mayoría profesionales científicos sin doctorado, fue de $ 500 mil. Muchos dependen de proyectos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), una entidad que no quiso opinar para esta nota.
Los casos se multiplican, pero pocos están dispuestos a hablar del tema. Muchos temen por sus puestos de trabajo. L., por ejemplo, es de Santiago, de una familia de profesionales. Estudió Psicología, hizo un Magíster y actualmente es candidata a doctora en una universidad pública, donde además hace docencia, siendo la primera de su familia en hacer estudios de posgrado. También hace clase en dos universidades privadas.
En la universidad pública donde trabaja tiene jornada completa, pero como es a honorarios no puede acceder «a los beneficios de bienestar, ni convenios colectivos porque no soy a contrata, soy a honorario. Cuando pregunté a recursos humanos qué beneficios tenía, sólo me dijeron que el de licencia médica y bueno… más encima tengo que marcar con huella la asistencia a la pega por si Contraloría (Universitaria) va a darse una vuelta para fiscalizar».
«He tenido varios problemas para arrendar porque ahora en todos lados te exigen tener contrato a plazo fijo, o demostrar estabilidad laboral y para mí que no tengo contrato por todo el año es bien complicado. Por suerte un conocido justo arrendaba un departamento y lo tomé. ¡Te hacen problema hasta para arrendar estacionamiento!», lamenta.
K. vive una historia similar. Es de Santiago, pero tras obtener puntaje nacional estudió Veterinaria en el sur. Se doctoró en una prestigiosa universidad norteamericana gracias a una Beca Chile y quiso volver a regiones para investigar, «pero no pude encontrar trabajo en otro lugar que no fuera Santiago. En general la investigación que no está necesariamente asociada a un lugar geográfico, se concentra muchísimo en Santiago».
Actualmente trabaja en dos proyectos (un FONDEF y un FONDECYT) y hace docencia (en dos departamentos distintos de la Facultad de una universidad pública), todo a honorarios. A pesar de tener 31 años, aún no tiene AFP, y la Isapre se la paga ella.
Los inconvenientes por la precariedad se multiplican, tanto adentro como afuera. «Por ejemplo, no tienes voz ni voto en las decisiones de tu institución, no hay derecho a pataleo. No tengo oficina, pero igual para cumplir con mis obligaciones laborales tengo que estar todos los días en la universidad. No tienes derecho a licencias, ni a días administrativos, ni a vacaciones».
Sin embargo, para ella la consecuencia más grave es la inestabilidad, porque aunque le gusta mucho su trabajo, sabe que cuando se acaben los proyectos se tendrá que ir. «Y si tengo un accidente o una enfermedad grave, no tienen ninguna obligación contractual, perfectamente podrían despedirme y sin indemnización ni nada». Por lo mismo ha pospuesto tener hijos: no tiene derecho a prenatal ni postnatal, y tampoco fuero maternal. ¿Y cómo va a tener hijos si no sabe si va a tener trabajo para mantenerlos?
R. lo tiene un poco peor. Estudió biología en una universidad del sur, con un Magíster en la misma área y un doctorado de una universidad tradicional de la capital. Sin embargo, hoy está cesante, tras varios trabajos temporales.
«En Fonasa tengo categoría de indigente, siendo profesional. En la AFP tengo una cuenta casi vacía, ya que prácticamente no he podido cotizar. No he podido tener licencias médicas. No tengo casa, ni puedo postular a ello o a cualquier crédito», revela.
Para R., trabajar boleteando se convierte en un círculo vicioso, porque cada vez que postula a un trabajo serio con contrato le piden acreditar experiencia y allí las boletas no sirven.
«No eres parte de una empresa a pesar que pongas todos tus conocimientos y habilidades por ‘tu’ empresa, no eres parte de ella. Asimismo estas tampoco están dispuestas a verificar que fuiste parte integral porque incumplen las leyes laborales al tener empleados de forma indefinida boleteando y sin contrato. En mi caso particular no he podido acceder a un buen trabajo a pesar de haber dirigido proyectos y grandes equipos, diseñado cursos y poseer 15 años de experiencia profesional», lamenta.
«Creo que todos soñábamos con seguir la carrera académica, sin ver lo duro que es entrar a ella», confiesa. Le entristece que hay muchos de «nuestros compañeros egresados viviendo en la miseria o derechamente abandonando el sueño de ser científicos pasando a ser visitadores médicos, vendedores, artesanos, orfebres o trabajando en call center». Por lo mismo se plantea emigrar en caso de seguir igual.
S., en comparación, tuvo suerte. Es una bioquímica de regiones que actualmente realiza un Magíster en el laboratorio de una universidad de Valparaíso. Pudo comprobar su fortuna el año pasado, cuando tuvo un accidente en su trabajo.
«En el centro donde trabajo me pagaron todo el tratamiento, pero esto no ocurre en todos los lugares y es más probable que cada uno se pague el accidente de su propio bolsillo. Yo recién hace un par de meses comencé a cotizar en Fonasa por que durante muchos años no me alcanzaba para hacerlo».
Para ella, el problema general de la precariedad es la completa desprotección, donde los profesionales se sienten en «tierra de nadie», donde «no se aplican las leyes laborales, los sueldos en general son bajos y puedes estar eternamente trabajando a boleta de honorarios sin reconocer años laborales. Tampoco existes para el sistema bancario, por lo que obtener un crédito hipotecario es casi sacarte la lotería».
Cuando se estudia «uno se imagina que una vez tenga el título sera contratado como en la gran mayoría de los trabajos, pero la realidad en muchas veces es triste y desalentadora. Esta realidad es aún más cruda en regiones, donde las oportunidades de trabajos y los sueldos se reducen drásticamente».
Consultado por el problema, Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, lo tiene claro. Hay una «ausencia de planificación en asignación de becas de doctorado en relación a las necesidades del país. No tenemos metas de desarrollo concretas». Y la precariedad laboral genera una «desmoralización de los jóvenes científicos y preferencia por realizar estudios en el extranjero en vez de robustecer los programas de doctorado de nuestro país».
Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, señala que los «científicos en precariedad» son básicamente «aquellos ayudantes de investigación, pagados por proyecto, en etapa de formación -haciendo un magíster o un doctorado- y consigue algo de ingresos trabajando en un laboratorio. Creo que la definición de ‘científicos’ no calza completamente porque no es gente que por sí sola lleve un proyecto. Es más bien personal de colaboración en investigación», con jornadas que van de un cuarto, media o completa.
Aún así, el tema le preocupa. Hidalgo fue parte de la comisión presidencial “Ciencia para el desarrollo de Chile”, integrada por 35 especialistas y presidida por el economista Gonzalo Rivas, que tras seis meses de estudio entregó en julio de 2015 una serie de recomendaciones al gobierno de Michelle Bachelet. Allí Hidalgo abogó fuertemente para que los participantes de los proyectos de investigación tuvieran un trato laboral justo.
Sin embargo, su postura no tuvo una gran adhesión «porque creo que la mayoría de la gente que estaba allí no tenía conciencia de cuan serio es el problema para mucha gente que lleva varios años trabajando en esas condiciones», obligados a financiarse ellos mismos la jubilación y el sistema de salud, en una situación de inestabilidad.
«Queda a conciencia de cada investigador cómo tiene a la gente que contrata», admite. En su grupo de trabajo trata de pagar sueldos dignos, que permitan a los ayudantes de investigación contratar «una buena salud como previsión. Además siempre les consideramos las vacaciones, porque nos parece justo. Pero no toda la gente tiene la conciencia de tratar bien a los que trabajan con ellos. Desgraciadamente, el sistema se presta para abusos».
Nada de esto asombra a Muñoz. Ella atribuye la precariedad a una excesiva concentración de la investigación en las universidades; por otro lado, dice, los Institutos o Centros de Investigación del Estado se desfinanciaron o eliminaron a comienzos de los ‘80s para favorecer el actual modelo de subsidios, con lo que desapareció otra posible fuente laboral que sí existe en muchos países «que pretendemos imitar como Estados Unidos, Alemania, Finlandia, etc.».
También culpa al modelo de financiamiento mediante proyectos concursables, el cual tercerizó prácticamente toda la actividad de investigación que hacen las universidades y donde los empleadores no tienen ningún incentivo o sanción efectiva para cumplir con las leyes laborales.
Aquí apunta principalmente a FONDECYT, que fue el primer programa de este tipo en Chile y sirvió de modelo para casi todo el resto de los instrumentos de financiamiento de CONICYT y otras agencias del Estado.
«Este modelo es muy bueno para los investigadores establecidos contratados en sus universidades, favorece también a las universidades con equipamiento y personal de investigación a un costo casi cero, pero ha sido nefasto para los que trabajamos como personal de apoyo a los proyectos», denuncia. «Las universidades prácticamente ya no tienen personal de planta para trabajar con sus investigadores. Todo está ‘subcontratado’ vía proyectos concursables, y en las bases de estos concursos nunca se ha regulado explícitamente el tema laboral, como sí ocurre por ejemplo en los Fondart».
Muñoz critica que tanto las universidades como los investigadores principales, en su calidad de empleadores, nunca se preocuparon en serio de estos temas básicos para el funcionamiento de sus grupos de investigación. Y que «miraron para el lado y la han sacado bastante barata en general».
La educación convertida en una mercado de feria, donde se titulan profesionales sin campo laboral, ha hecho el resto.
En su opinión, en lo inmediato las soluciones comienzan por fijar condiciones laborales dignas en los fondos concursables.
En cuanto a soluciones de más largo plazo, a su juicio pasan por restablecer un balance en los mecanismos de financiamiento a la investigación. «Ojalá una vuelta a los centros de investigación estatales, y también privados, que sean independientes de las universidades, con un presupuesto suficiente y reglas claras de buenas prácticas para el trato digno de los trabajadores científicos. Igualmente importante es que la inversión privada independiente en proyectos de I+D aumente significativamente, creando nuevos nichos donde los trabajadores científicos se puedan insertar en condiciones adecuadas», dice.
«Siempre hemos dicho que es deseable mantener líneas de investigación con financiamiento competitivo concursable, pero no puede ser esa la mayor fuente de recursos y no pueden estar casi por completo capturados por académicos como ocurre actualmente», agrega. «Las universidades públicas debieran recibir un aporte fiscal directo bien reglamentado para la contratación de trabajadores que ejecutan investigación, y no sólo para pagar la luz, el agua, equipamiento e internet».
Asimismo, estima que las universidades e instituciones privadas que quieran recibir fondos públicos para investigar deberían al menos garantizar suficiente financiamiento propio para cubrir la contratación de su personal de investigación en condiciones decentes. «El sistema de subsidio tipo FONDECYT, con un ítem laboral completamente desregulado, es una aberración que debe terminar», reclama.
Sin duda hay modelos a seguir. Por ejemplo, Estados Unidos, «sin ser precisamente una república socialista, le ha entregado al Estado y sus universidades un rol fundamental en investigación. Lo mismo Alemania, Inglaterra y casi todo el mundo desarrollado».
«En Argentina, volviendo a nuestra región, la agencia homóloga a CONICYT abordó el tema laboral a través de la creación de la Carrera de Investigador, con financiamiento estatal. México y Brasil siguieron un camino parecido, algo que aquí sería impensado. Otros países tienen estatutos especiales que regulan el trabajo en investigación y la gran mayoría simplemente cumplen las normas laborales que existen para todos los trabajadores».
«Aquí creo que hemos explorado los límites del Estado subsidiario y la flexibilización del trabajo en áreas que no corresponden, y la investigación académica es una de ellas. Esto ha tenido algunas ventajas pero ha producido una serie de problemas de los cuales el tema laboral es uno de los síntomas más evidentes. Nos falta una visión más amplia y diversa para no seguir encasillados en un esquema que nos amarra los pies como país».
«De alguna manera esa situación se tiene que resolver», coincide la profesora Hidalgo, para quien es clave, por un lado, que las bases de los proyectos de investigación exijan condiciones laborales dignas para sus ejecutores. Pero además es necesario invertir más dinero en ciencia. «No queremos más plata para los científicos, sino desarrollar más ciencia porque eso es bueno para el desarrollo del país. No hay ningún país que haya transitado al desarrollo sin haber hecho una inversión importante en la generación de conocimiento».
