El proyecto neoliberal de la dictadura implicó la destrucción o reducción de los institutos que realizaban ciencia, que a partir de 1981 quedó reducida a fondos concursables que se pelean las casas de estudio, inhiben la cooperación entre los científicos y limitan los plazos.
Si el Estado desarrollista fomentó la creación de múltiples centros de investigación como el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA, creado en 1954) o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, de 1964), el proyecto neoliberal de la dictadura de Pinochet le restó recursos y apostó por los fondos concursables (Fondecyt) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt).
El resultado fue que la ciencia se concentró en las universidades públicas y en algunas privadas, que compiten ferozmente entre ellas por ganar los concursos públicos.
En el presente artículo, que acompaña a la cuarta emisión de la serie Mentes Brillantes –dedicado esta vez al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2004, el biólogo y matemático Juan Alfonso Asenjo–, veremos que esta competencia, en lugar de estimular la investigación –en opinión de diversos expertos del mundo de la ciencia–, habría terminado por inhibir la cooperación entre los científicos, precarizar la relación laboral de sus ejecutantes y acotar a plazos reducidos sus trabajos. Así como en el caso de la educación la iniciativa de la inversión pasó del Estado a las familias, en el caso de la ciencia pasó del Gobierno a los investigadores.
Y 16 mil proyectos de investigación Fondecyt después, los resultados están a la vista. Si bien los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría han intentado cambiar la situación con iniciativas que permitan trabajar a más largo plazo –por ejemplo, con los Institutos y Núcleos Milenio– aun es insuficiente. La inversión es la más baja de la OCDE, apenas un 0,34% del PIB, frente al 4,3% de Corea del Sur, el líder. Esto, junto a un sector privado que prácticamente no invierte, acostumbrado a prácticas extractivas o rentistas, deja un panorama desalentador en relación con las capacidades del país.
Los datos son claros. Hoy la investigación se concentra en el sector académico de unas ocho universidades en un 80%, mayormente en Santiago, Valparaíso y Concepción. Y según datos del Banco Mundial de 2010, en Chile hay 800 investigadores por cada millón de habitantes, frente a 3.600 de la OCDE en promedio y 5.600 de Dinamarca.
En 2011, trabajaban en Chile unos 6.500 doctorados, un 80% en universidades, con 4.000 alumnos de doctorado en todo el país, frente a 13.000 solo en la Universidad de San Pablo, según un documento del Consejo de Rectores de 2013. Según el mismo, en cuanto a las patentes registradas en Estados Unidos, si en 1965 Chile y Corea del Sur registraban menos de 10 al año, hoy nuestro país está más cerca de las 100, pero los asiáticos de las 10.000.
Según el ranking internacional SCImago 2016, las 4 universidades que más investigación realizan son, en orden descendente, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Los Andes. Es decir, una pública y tres privadas. Asimismo, las universidades generan un 100% de las publicaciones, mientras en países como Francia las mismas son responsables del 56%, mientras el resto se reparte entre el gobierno (29%) y la industria (14%), según el Scimago Journal & Country Rank (datos de 2011).
Todos coinciden en que los científicos chilenos son de excelencia, con una alta productividad. El tema es que no son suficientes, ni todos están bien remunerados. El Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, el biólogo marino Juan Carlos Castilla, destaca que las universidades de investigación de nuestro país tienen cuerpos docentes y de investigadores del más alto nivel nacional y en algunos casos mundial, con programas de doctorado y numerosos cargos de postdoctorado. Allí mas del 80% del cuerpo docente y de investigadores tienen doctorado y postdoctorado.
«Una parte muy importante de la docencia se basa en la investigación y los alumnos se forman con docente-investigadores», dice. «Tienen más capacidades, equipamientos e infraestructuras. Se ganan la gran mayoría de los proyectos concursables y hay una internacionalizacion de muy buen nivel. ¡Hay que protegerlas!».
Según Castilla, la investigación se realiza sobre la base de proyectos concursables –básicos o aplicados o de innovación– internacionales –lo estima en un 25-30% de muy buen nivel– y nacionales –el resto–. «En general no hay aportes internos directos a la investigación propiamente tal… aparte de los sueldos, facilidades, etc.», aunque los investigadores «son de alta competencia nacional e internacional».
«La mayor parte de los proyectos son concursables, lo cual es bastante razonable», coincide el matemático Andrés Navas, académico de la Universidad de Santiago. «Lo cuestionable es la excesiva carga burocrática que esto impone a los investigadores, que muchas veces deben invertir parte importante de su tiempo en administrar los proyectos en lugar de realizar la investigación allí propuesta».
«A pesar de todas las políticas públicas para incentivar a la empresa privada a que realice investigación, esto no ha ocurrido mucho», comenta el bioquímico Felipe Villanelo Lizana, académico de la Universidad de Chile, quien ha escrito varios textos al respecto. «Lo que sí ha tenido un poco más de efecto es el fomento al emprendimiento privado en temas relacionados con investigación científica (innovación), que ha empujado a muchos investigadores de las mismas universidades a convertirse en emprendedores», añade.
¿Por qué la investigación científica se concentra en las universidades? «La razón es que la empresa privada aún no ha invertido en investigación científica como debiera», comenta Navas.
«Por razones históricas las universidades son las que tienen mayores capacidades de llevar a cabo proyectos de investigación. Es algo que ocurre en todo el mundo porque las universidades concentran gran parte de la infraestructura y las personas con los conocimientos suficientes para estas tareas», complementa Natalia Muñoz, líder del movimiento Ciencia con Contrato.
Agrega que el Estado abandonó su rol realizador «para adoptar un modelo orientado al subsidio de la investigación en la década del 80», para lo cual da como ejemplo lo ocurrido con la «marea roja».
«El Estado chileno, con todos los kilómetros de costa que tiene el país, no cuenta con un Instituto o Centro de Investigación propio, con financiamiento estable, que se preocupe del mar desde una óptica científica, que es un tremendo tema», dice. «En cambio, tiene que salir a comprar servicios a universidades y centros de investigación que el mismo Estado financia con proyectos concursables. Un poco ridículo, ¿no? El Estado debería tener infraestructura y capacidades propias para hacer investigación en temas estratégicos para Chile, como ocurre en los países más desarrollados», puntualiza.
Para Villanelo, claramente tiene que ver con el modelo económico. «En el resto del mundo, particularmente en los países industrializados o desarrollados, la investigación yace repartida en tres sectores: universidades, empresa privada y Estado. El Estado chileno, a través de los múltiples centros de investigación que posee –como INIA, INTA, CCHEN, ISP, etc., creados a mediados del siglo XX al alero del modelo desarrollista– hace muy poca investigación, porque durante la dictadura se les quitó el financiamiento y se los dejó como meros fiscalizadores o prestadores de servicios. Esto, porque el modelo que se impulsó deseaba al Estado lo más pequeño posible y con nula capacidad de creación», explica.
En el caso de la empresa –agrega–, pasa por el hecho de que el modelo chileno es extractivista y la industria que había se destruyó durante ese periodo. Añade que empresas extractivas –de minerales, de peces, de materia prima forestal, etc.– no requieren gran conocimiento para extraer y vender cosas que la naturaleza entrega –salvo innovaciones productivas, para aumentar productividad y disminuir costos– y, por lo tanto, no requieren hacer investigación en serio.
«Además, en el caso de las mineras –que dominan el 50% de la actividad económica nacional–, suelen ser grandes transnacionales que tienen sus laboratorios o centros de investigación en sus países de origen», comenta. «Los gobiernos postdictadura agravaron esto, dando todo tipo de exenciones tributarias a mineras o firmando muchísimos tratados de libre comercio que facilitan importar cosas, sepultando lo poco que quedaba de industria manufacturera nacional. Entonces, a los investigadores no les quedó más que refugiarse en las Universidades, incluso considerando que también fueron desfinanciadas durante la dictadura».
Castilla admite que el sistema es perfectible. «El sistema de financiamiento Conicyt-Fondecyt se ha ganado un extraordinario prestigio a lo largo de unos 40 años. Es altamente confiable, pero se debe revisar. Esto de largo. No me pronuncio de la misma forma sobre el sistema de Corfo o de los Ministerios o de Fondef», afirma.
«No se trata de que los proyectos deban ser no concursables, sino de aligerar la carga administrativa», estima Navas por su parte. «No se entiende, por ejemplo, por qué coexisten programas de características similares –como Anillo vs. Milenio– que tienen plataformas distintas de postulación y a los que los grupos de investigadores de cierto nivel acostumbran postular, duplicando el tiempo invertido en ello. Otra cosa cuestionable es el hecho de que muchos programas no ofrezcan continuidad inmediata para el financiamiento, como ocurre con los fondos Anillo».
Villanelo tiene una visión más crítica. Para él, la desfinanciación de las universidades a partir de la reforma de 1981 –cuando pasaron de ser gratuitas a pagas– está en directa relación con la creación de los proyectos concursables (Fondecyt) para investigar en el «resignificado Conicyt, que se convirtió en asignadora de concursos, en lugar de asesora o hacedora de políticas, como era originalmente».
«Hoy estos concursos han proliferado y sostienen el financiamiento nacional de la investigación en Universidades u otros sectores. Fondos estables de las instituciones son prácticamente inexistentes. Hay muy poca estabilidad porque los proyectos duran entre 4 y 5 años, y son normalmente considerados como empresas personales de cada investigador, desvinculados de la institución y de sus colegas», denuncia.
Esto hace posible, por ejemplo, que otra institución, como una universidad privada, pueda llevarse a un investigador desde otra universidad, con su proyecto, su financiamiento, sus estudiantes y su laboratorio completo.
Entre otras desventajas cita la inestabilidad de la asignación de recursos; la debilidad de las instituciones que alojan la investigación; la exacerbación de la competitividad como atributo deseable, dado que los fondos concursables no alcanzan para todos; o la dificultad de tener líneas de investigación integrales relacionadas con temas de interés, porque las investigaciones son exclusivamente evaluadas por indicadores personales y/o del proyecto mismo, y no por temas de interés nacional o relacionados con la institución.
Además, hay otras instancias transversales que no pueden participar de proyectos, «pero que son importantísimas para el desarrollo», tercia Navas. «Por ejemplo, el presupuesto de la Academia de Ciencias es exiguo, y las Sociedades científicas no tienen fondos permanentes. El punto es que estas instituciones dan una dinámica de comunidad al avance científico que no ofrecen los proyectos concursables, y vienen trabajando desde hace décadas». Por ejemplo, las Olimpiadas de Matemática, que se desarrollan desde 1989, la actividad de difusión de mayor tradición y mayor convocatoria en el país, no tiene un fondo permanente y asegurado de financiamiento.
«El esquema de proyectos concursables, aunque sea grupales, es demasiado atomizador», afirma el matemático. «Sería deseable que se instituyeran iniciativas transversales de apoyo. Por ejemplo, Chile no cuenta con un centro de convenciones científicas, algo que sería de enorme utilidad para la comunidad en general. Y, ciertamente, con la lógica de proyectos individuales o de grupos, una iniciativa de este tipo no es prioridad», sostiene.
Los fondos concursables tienen ventajas en cuanto a la flexibilidad en la utilización de los recursos, pero generan mucha inestabilidad en el sistema porque los proyectos son siempre acotados y el financiamiento para tareas básicas se vuelve inestable, acota Muñoz. «Cuando los recursos son escasos y la demanda sube demasiado, como ha ocurrido en Chile, se genera además un mal ambiente de hipercompetitividad e individualismo exacerbado entre los académicos. Eso no contribuye a una cultura sana en ciencias», expresa.
Todos, eso sí, saludan las iniciativas de largo plazo, como los Núcleos Milenios. «La cosa es que por ahora no hay visión de futuro al respecto», lamenta Castilla, quien cree que es lo que le correspondería planificar al nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. «Lo que sí es que el 0,35-0.45% del PIB en investigación es totalmente insuficiente. Se debe apuntar al 1% en los próximos 3-5 años. Sí o sí», asegura.
