El libro es de candente actualidad en momentos en que el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, intenta la construcción de un nuevo conjunto de viviendas sociales en la rotonda Atenas. «Queríamos exponer las injusticias y violaciones que habían sufrido los pobladores de la villa San Luis y que, hasta entonces, habían permanecido veladas», comenta Francisca Allende, una de las autoras de esta obra, junto a Scarlett Olave. El texto ganó el Premio Escrituras de la Memoria 2017 del Ministerio de Cultura.
Un libro sobre el despojo que sufrieron los propietarios de la villa San Luis de Las Condes, una emblemática urbanización que construyó la Unidad Popular en la comuna para los trabajadores de la misma, será lanzado este jueves en el Café Literario del Parque Balmaceda (Metro Salvador), a las 19:15 horas.
El libro es de candente actualidad en momentos en que el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, intenta la construcción de un nuevo conjunto de viviendas sociales en la rotonda Atenas.
El despojo de la Villa San Luis de las Condes, de las periodistas Francisca Allende y Scarlett Olave (Ceibo Ediciones), narra cómo fueron desalojados de sus edificios tras en golpe militar de 1973 por el Ejército de Chile, para entregar sus hogares a familias de militares. Las viviendas, finalmente vendidas y demolidas para construir un centro de negocios. El libro, que empezó como una memoria de título, será presentado por el arquitecto Miguel Lawner y por el editor Dauno Tótoro.
Hoy el lugar está en el ojo del huracán, luego que el año pasado el Consejo de Monumentos Nacionales declarara Monumento Histórico los edificios que quedan en pie. La inmobiliaria Riesco, propietaria del terreno, presentó un recurso de protección, pero el mes pasado la Corte Suprema lo rechazó.
«Este libro fortalece la memoria que nosotros queremos volver a reconstruir, cuenta la verdad», celebra Javiera Martínez, vocera del Comité de Defensa de la Villa San Luis, que impulsó la declaratoria.
«Es fundamental, para recuperar el proyecto, el poder contar la forma en que antes se pensaba la sociedad, una sociedad integradora, los recuerdos de las familias», agrega. «La discusión que debemos establecer y posicionar es el contenido de lo que se quiere contar en el futuro sitio de memoria y este proyecto fortalece la discusión y se enfoca en las violaciones de las que fueron victimas las familias».
«Queríamos exponer las injusticias y violaciones que habían sufrido los pobladores de la villa San Luis y que, hasta entonces, habían permanecido veladas», comenta Allende sobre esta obra, ganadora del Premio Escrituras de la Memoria 2017, otorgado por el Ministerio de las Culturas.
También «deseábamos abordar un tema que había sido invisibilizado por las autoridades de la época y que, hasta el momento, no había sido abordado correctamente por las políticas públicas existentes: las viviendas sociales construidas constantemente en la periferia de la ciudad y la segregación socio espacial existente por aquellos años».
«Fue así que conocimos el caso de la Villa San Luis de Las Condes y de sus pobladores. En este caso puede verse encarnada la falta de soluciones habitacionales de calidad para los grupos más modestos, los cuales se mantenían viviendo en la periferia de la ciudad, y cómo los gobiernos han perpetuado esta situación en el tiempo», añade.
«Cuando comenzamos nuestra investigación en el año 2012, no era un tema bullado sino que, por el contrario, eran acontecimientos de los que se sabía muy poco», complementa Olave. «Este silencio, a medida que íbamos conociendo la historia a través de archivos y testimonios, nos pareció que no era saludable para un país en democracia. Hablamos de personas cuyo daño no ha sido reparado, y consideramos que con la publicación podríamos aportar en cierta medida a una reparación simbólica», destaca.
De los 27 edificios originales, solo uno queda en pie.
La investigación, producto de un acucioso trabajo que incluye la recopilación de testimonios de múltiples protagonistas de uno de los episodios emblemáticos en el proceso de aniquilación de los proyectos programáticos consolidados durante el Gobierno de Salvador Allende, aparece precisamente en momentos en que la discusión acerca de la construcción de viviendas sociales se ha tomado parte de la agenda política y se ha transformado en una de las banderas populistas izadas por las más dispares autoridades ministeriales y comunales, según sus editores.
«Los crudos relatos de los pobladores de la Villa San Luis, levantada en uno de los paños urbanos más codiciados por las empresas inmobiliarias, develan el doble discurso y el extremo oportunismo político de quienes hoy pretenden levantarse como impulsores de la inclusión y la justicia social, mientras que en el pasado reciente no dudaron en conducir ante las cámaras de televisión la maquinaria de demolición de un complejo habitacional que albergó a centenares de familias obreras y marginadas», señala Tótoro.
Para sus editores, la obra se convierte así en un elemento de análisis imprescindible para entender en su dimensión histórica el proceso de segregación social urbana de la ciudad de Santiago. El cineasta Jaime Díaz también realizó un emblemático documental sobre el caso, La consagración de la pobreza.
Allende cuenta que los principales desafíos para escribir el libro tuvieron que ver con la obtención de ciertos documentos claves para comprender el desarrollo de los eventos. «En muchas ocasiones nos encontramos con que aquellos resultaban estar perdidos o quemados», detalla.
«Una de las grandes sorpresas que tuvimos, al realizar la investigación, tiene relación con las consecuencias sociales y psicológicas que tuvo el desalojo de la villa San Luis», enfatiza.
«Mediante las entrevistas y visitas a terrenos, fuimos testigos de cómo los pobladores tuvieron que perder no solo sus viviendas, sino también sus lugares de trabajo y sus redes de apoyo. Desterrar a los pobladores hacia zonas de la periferia de Santiago, fue desterrarlos a una situación de olvido y abandono. Aún hoy los vecinos se estremecen al relatar sus historias, recordando cómo el anhelado sueño de la casa propia se vio, de pronto, truncado por las políticas del gobierno militar», destaca.
En ese sentido, resultó sorpresivo descubrir que que el año 1999 se le entregó el título gratuito de dominio a un centenar de personas que vivían en la Villa San Luis para dar cumplimiento al programa de saneamiento y normalización de tenencia irregular. «Años en que, paralelamente, los ex pobladores de la villa que habían sido desalojados de los años 70, habían entablado demandas que no llegaron a nada», destaca Olave.
«Por otro lado, muchos de los ex pobladores guardan hasta el día de hoy los comprobantes de pago de las primeras cuotas de sus viviendas», agrega. «En el Serviu no hay respaldo de dichos documentos de pago. Entonces, nos parece curioso que por tantos años se le haya restado legitimidad a los ex pobladores, enarbolando el discurso de que se habían tomado esas viviendas, y no haya habido un trabajo de pesquisar los comprobantes de los asignatarios originales».
El año 1975, en una carta firmada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, se les avisa los pobladores que la villa había sido adquirida por el Ejército y que, por esto, se les trasladaría a otros departamentos que el Ejército tenía en la ciudad de Santiago, relata Olave.
«Más adelante, en diciembre de 1978, la Intendencia publica en un comunicado que el Serviu le había manifestado que grupos de pobladores se habían tomado ilegalmente los departamentos, razón por la cual habrían solicitado el auxilio de la fuerza pública», añade.
Para Francisca Allende, el desalojo de la Villa San Luis, ocurrido en diciembre de 1978, era solo cuestión de tiempo. Unos pocos ocupantes ilegales fueron la excusa para desalojar junto a ellos a familias completas –hombres, mujeres y niños– que habían pagado religiosamente sus dividendos.
Un grupo de 17 familias fueron «literalmente botadas en potreros de Pudahuel», comentó ese año la revista Hoy.
«Allende había ideado este proyecto habitacional inédito, que promovía la integración social de Las Condes y buscaba reducir el número de campamentos de Santiago», expresa la autora. Sin embargo, la dictadura «no compartía las mismas políticas habitaciones».
«Llegaron los militares y nos dijeron ‘tienen una hora para embarcarse en los vehículos que están afuera, sacar todo lo que puedan y subirse con sus familias'», recuerda un testigo en el libro. «Nos dijeron que después nos darían explicaciones. Fue de noche, con armas y todo», relata.
«Una vez que el Ejército compra la Villa San Luis, decide desalojar a las familias y poner en su lugar a personal del Ejército», cuenta Allende.
«Los militares realizaron dicho desalojo, donde fueron sacadas cerca de 900 familias de la villa, bajo el pretexto de que se trataba de una ocupación ilegal de viviendas destinadas al Ejército. Esto fue posible debido a que, en aquel momento, los pobladores no contaban con una documentación que acreditase el dominio de sus departamentos, puesto que los certificados de propiedad solo se entregaban una vez que fuesen habilitados los servicios de luz, agua, alcantarillado y pavimentación. En el fondo, los únicos comprobantes que tenían los pobladores eran sus pagos de dividendos y los certificados de asignación», relata.
«Los ex pobladores vivieron vejámenes al ser desalojados de la manera en que sucedió, en medio de la noche y en camiones pestilentes», critica Olave. «Se les envió a distintos puntos de la capital, donde perdieron sus redes de contacto, sus trabajos, dejaron de asistir a los colegios, conocieron situaciones que les eran ajenas. Perdieron el tejido social que habían logrado como comunidad y muchas familias fueron separadas», puntualiza.
Finalmente, los efectos del desalojo e intento de demolición de la villa resultaron definitivamente negativos para la ciudad, en opinión de Allende.
«Las consecuencias para la ciudad es que se perpetúa un modelo de concebir la ciudad como un espacio que debe permanecer estratificado», reflexiona Olave.
«El proyecto habitacional de la Villa San Luis era inédito para la época porque, en primer lugar, buscaba la construcción de viviendas sociales al interior de la comuna, con el fin de disminuir la segregación socioespacial existente y evitar la aparición de bolsones de pobreza», destaca Allende.
En segundo lugar, «el proyecto materializaba el sueño de la casa propia para muchos de quienes vivían en los campamentos de la comuna, ofreciéndoles soluciones habitacionales de calidad que se adecuaban a las necesidades de cada familia. Por esto mismo, había departamentos con 1, 2 y 3 dormitorios».
Tras el retorno de la democracia, en los años 90, el Ejército de Chile vendió los terrenos en un negocio millonario a inversores privados, que pretenden construir allí un centro de negocios. Un lugar de inclusión se termina convirtiendo de esta forma en todo lo contrario.
«Primero fue un traspaso del Serviu al Ministerio de Bienes Nacionales (1989) y luego de este ministerio al Ejército (1991)», explica Olave. «Esto último bajo la condición de que los departamentos fueran ocupados con fines habitacionales, si esto no ocurría, se debía poner fin a este traspaso. Ignorando aquello, el 22 de diciembre de 1994 se inicia la licitación privada para poner en venta la villa», apunta.
Finalmente, «los distintos gobiernos tendieron a silenciar lo ocurrido e invisibilizar las luchas judiciales que llevaban a cabo los ex pobladores», lamenta Allende. «Los ex pobladores, en muchas de nuestras entrevistas, reclamaban que ningún Gobierno se dio el tiempo de escucharlos y que sus querellas parecían languidecer, silentes y apolilladas, en los archivos de alguna entidad estatal», expresa.
«El traspaso de la Villa San Luis al Ejército se produce en un periodo de transición a principio de los noventa, obviamente un clima de mucha tensión», reconoce su compañera. «Pero, con el avanzar de la década, tampoco hubo una postura de la Concertación respecto al tema, salvo excepciones como Patricio Hales, en ese entonces diputado, quien trató de posicionar el tema. Ese silencio, en democracia, fue para los ex pobladores una sentencia más al olvido», sentencia.