CULTURA
La decisión, tomada en una sesión bajo la dirección del subsecretario del Patrimonio Cultural, el arquitecto Emilio de la Cerda, también fue posible gracias a una acción del MOP, que avaló –sin cuestionamientos– un informe de la inmobiliaria para la demolición del último de los 27 edificios originales, según denunciaron los expobladores afectados, agrupados en la Fundación Villa San Luis.
En medio de protestas y en una sesión en la Biblioteca Nacional, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) revirtió ayer la declaración de monumento histórico de la ex Villa San Luis en Las Condes y, autorizó la demolición del último edificio que quedaba en pie de la emblemática urbanización construida en la Unidad Popular.
Según un comunicado del CMN, se explicó que se «aprobó en general la propuesta del propietario del predio, la Inmobiliaria Presidente Riesco, de construir a su costa un espacio de memoria en los terrenos pertenecientes a la ex Villa San Luis de Las Condes, con lineamientos, condiciones y observaciones, que serán entregados por el CMN en su resolución».
Entre los fundamentos, se citó un informe del Ministerio de Obras Públicas del 21 de junio, según el cual el último edificio en pie «reviste un alto riesgo a la integridad de las personas que transitan por el lugar (…) no es posible requerir que se recupere o rescate alguno de los pisos inferiores, porque la demolición debe lograr echar abajo todo el edificio para liberar todos los mecanismos en equilibrio inestable presentes”.
De esta manera, se impuso la presión de la inmobiliaria de Marcelo Cox Vial y Felipe Gilabert Prieto, con su propuesta de marzo, con la que lograron revertir un fallo de la Corte Suprema, que en 2018 habría refrendado la declaratoria original de 2017, que consagraba el terreno de cuatro mil metros cuadrados. Ahora solo serán 300 metros, tal como propuso la inmobiliaria, sin que esté claro qué tipo de memorial se erigirá.
El CMN emitirá un «decreto condicionado de reducción de límites del MH, entendiendo que los valores de este se concentrarían en el Espacio de Memoria».
La decisión, tomada en una sesión bajo la dirección del subsecretario del Patrimonio Cultural, el arquitecto Emilio de la Cerda, también fue posible gracias a una acción del MOP, que avaló –sin cuestionamientos– un informe de la inmobiliaria para la demolición del último de los 27 edificios originales, según denunciaron los expobladores afectados, agrupados en la Fundación Villa San Luis.
«Hubo colusión público-privada respecto de la zona protegida, solo para favorecer el negocio inmobiliario de una constructora», comentó el arquitecto Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, en la red social Twitter.
«La inmobiliaria actúa por hechos consumados y tememos, tras el resultado de la votación, que proceda a demoler lo último que queda», manifestó el presidente de la Fundación, Jaime Díaz Lavanchy. Anunció que apelará ante la ministra de Culturas, Artes y Patrimonio, Consuelo Valdés y, de no tener éxito, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También hubo críticas del presidente de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, José Osorio, quien destacó que se trata de un caso emblemático de represión de la dictadura, «que afectó a miles de personas que fueron desplazadas de manera obligada y que como medida reparatoria buscaban un mínimo grado de reconocimiento de esas violaciones a través de la declaratoria de monumento histórico».
La ex Villa San Luis fue construida en 1971 para pobladores de Las Condes, que compraron las viviendas para pagarlas en un plazo de 20 años. Inicialmente se llamó Carlos Cortés, en homenaje al ministro de Vivienda que lideró la construcción.
Sin embargo, en diciembre de 1978, en plena dictadura, miles de sus habitantes –hombres, mujeres y niños– fueron expulsados por uniformados y desperdigados por todo Santiago en un operativo de noche, incluso en terrenos baldíos, bajo el pretexto de ser ocupantes ilegales. Tras el golpe, a muchos se les impidió seguir pagando sus viviendas, lo cual fue el pretexto para esta acción posterior. Numerosos departamentos fueron reasignados a familiares de uniformados, como relata el libro El despojo de la Villa San Luis de Las Condes, de las periodistas Francisca Allende y Scarlett Olave.
Con el retorno de la democracia, en 1990, el Ejército inició un proceso de venta de los terrenos a privados, con lo que recaudó varios millones de dólares. Los terrenos fueron adquiridos finalmente por una inmobiliaria para construir un centro de negocios.
Actualmente, una recolección de firmas para salvar el último edificio en pie lleva recolectadas más de mil quinientas firmas.
En 26 de septiembre de 2018, el MOP emitió un informe preliminar sobre el estado de la última entidad que se encontraba en pie, que había sido dañada por acciones de la propia inmobiliaria. Según dicho documento, «eventualmente se podría recuperar parcialmente el block número 14 en sus dos primeros pisos (…) aunque es necesario realizar, preliminarmente, una estabilización del edificio» ante un eventual caso de sismo.
Sin embargo, con posterioridad, la inmobiliaria presentó un informe que justificaba la demolición, pero según Díaz «lo más grave es que ese informe está avalado hace pocos días por el MOP, dándole la razón a la inmobiliaria que el edificio debe ser demolido, sin haber hecho ningún estudio estructural».
«Es un acto irregular, donde el Gobierno se pone de parte de la inmobiliaria. Simplemente están validando, sin fundamento técnico, un informe que fue pagado por el propietario», criticó.
Díaz agregó que, con ese informe en mano, el subsecretario De la Cerda convocó a la sesión para la demolición, sin dar tiempo a la fundación de presentar un informe alternativo, ni que el MOP realice un estudio más completo.
Desde el ministerio desmintieron esa versión. «A la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se le encomendó hacer un análisis respecto de la calidad técnica del informe realizado por la firma VMB Ingeniería, que desarrolló sobre la condición general de la estructura del Block Nº 14 de la ex Villa San Luis. Cabe señalar que dicho estudio se hizo a partir de las modelaciones efectuadas a los planos originales del edificio», señalaron desde el MOP a El Mostrador.
«La conclusión de los ingenieros de la Dirección de Arquitectura del MOP es que dicho informe cumple con los estándares técnicos, lo cual no significa que avalan esas conclusiones ni las decisiones que otras instituciones adopten a partir de ellas», concluyó el ministerio.
Para el presidente de la Asociación de Barrios, el tema es grave porque «están primando intereses privados», además de criticar también al MOP por su respaldo a la inmobiliaria: «Hay una clara confluencia entre actores, privados y públicos, para reducir al mínimo el monumento histórico ya declarado. Ha habido una clara presión de la inmobiliaria al organismo público. Nos parece muy extraño que, en los mismos días en que se va a votar la posible desafectación, aparezcan estos informes».
Osorio comparó el caso con la ex La Fábrica Textil Bellavista Oveja Tomé, también declarada Monumento Nacional en 2017. Esta semana, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado en contra de la declaratoria por el Banco de Chile, dueño del inmueble. «En el caso de la Villa San Luis», hubiésemos esperado lo mismo, donde el Estado hubiera jugado un rol de negociador con el privado, para poner en valor el monumento», comentó.
La inmobiliaria ha propuesto un memorial menor en reemplazo de la declaratoria, que nunca fue aceptado por los afectados. Es «un saludo a la bandera, sin un relato adecuado para que se conozca la verdad de lo que allí ocurrió», sentenció Díaz.
«Deberíamos estar discutiendo cómo se le da valor a ese lugar y no cómo se desafecta y desaparece el último vestigio de ese monumento. Se ha perdido el foco entre quienes debieran llevar adelante una política de reparación de nuestro patrimonio», agregó Osorio.
Enrique Vial, miembro del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y exconsejero del CMN, comentó que se trata de uno «de los casos más espinudos» por resolver y puso el foco en la errática conducta del Estado, que primero vendió el terreno –a través del Ejército– a privados y, luego, declaró monumento nacional una parte del mismo.
Aunque saludó el compromiso de construir un memorial por parte de la inmobiliaria, Vial precisó que su diseño y magnitud deben estar bien definidos, más allá de una promesa escrita, «siempre y cuando la obra tenga un gran valor conmemorativo. Si la empresa va a buscar alguna solución compensatoria, tiene que ser algo que esté resuelto, que tenga materialidad, donde se diga ‘este es el proyecto, estas son las características, esto es lo que cuesta’, y que además cuente con la aprobación de las partes».
«Creo que esa es la mayor dificultad en este momento para llegar a una solución, porque pueden prometer cualquier cosa, y luego se hace la reducción del polígono, construyen lo que quieran construir, ¿y dónde está la garantía de que van a hacer algo de calidad equivalente a lo que se estaría perdiendo? Ese es el asunto», concluyó.
