CULTURA
Declarativo, carente de medidas concretas y sin referencias a las enfermedades que afectarán a la salud humana debido a los eventos climáticos extremos, son algunas de las observaciones críticas de científicos, gremios y organizaciones ambientales al anteproyecto de ley Marco de Cambio Climático. El Gobierno presentará la iniciativa a trámite legislativo en septiembre y busca que se apruebe antes de la COP25, para lo que se encuentra contra el tiempo. Si no es una ley más robusta, «esta no va a ser más que una declaración, un checklist, para la COP25», advierte el diputado Félix González.
Contra el tiempo trabaja la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para sintetizar las observaciones de científicos, gremios y organizaciones al Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático.
El anteproyecto, que terminó su proceso de consultas el pasado 31 de julio, apunta a adaptar la normativa chilena a los tratados internacionales firmados por Chile para enfrentar el cambio climático, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
El Gobierno quiere ingresar la normativa al Congreso en septiembre, con la idea de aprobarla antes de la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), que se realizará desde el 2 al 13 de diciembre.
«Chile está viviendo una emergencia climática, la declaren o no», alerta Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos de Futuro en el Senado.
«Hay una megasequía, este año fue el más seco en la historia reciente y creo que hay que tomar medidas que sean concordantes con eso. La COP25 es la oportunidad para establecer derechos de agua, para proteger glaciares, para avanzar en legislaciones que de verdad protejan los ecosistemas y la población», añade.
Sin embargo, lo incierto de la duración del trámite parlamentario pone en duda que se materialice la aprobación del anteproyecto en los tres meses y medio que restan. Todo dependerá en gran medida de la urgencia que La Moneda le ponga a la iniciativa, que ya se ha ganado las críticas de algunos legisladores.
«El proyecto es bastante declarativo y carente de medidas concretas», comenta el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde. «Lo que se necesita, ante lo dramático que está siendo el cambio climático, es tomar medidas de un impacto real», subraya.
Al igual que el parlamentario, la científica Pilar Moraga, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), advierte que el riesgo de hacer una ley demasiado general obligará a que definiciones más precisas deberán hacerse en otros cuerpos legales.
«Eso puede ser incompatible con los tiempos que nos exige este fenómeno», alerta la especialista, quien recuerda que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Entre otros aspectos, González pide que cualquier proyecto que se someta a evaluación ambiental incluya el factor de cambio climático y su aporte a gases de efecto invernadero, a lo cual el Gobierno se niega hasta ahora.
En este punto coinciden varios actores, como los grupos ecologistas Greenpeace y Oceana.
«No se incorporan criterios climáticos en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos de inversión, lo que en definitiva evita abordar el fondo de la problemática envuelta en materia de cambio climático», dicen desde Greenpeace.
Desde Oceana, en tanto, insisten también en que «en términos generales, el cambio climático debiera ser incorporado en la evaluación ambiental de proyectos, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y en particular respecto de proyectos que impacten los mares».
Sin varios de estos elementos, en opinión del legislador, esta normativa «no va a ser más que una declaración, un checklist, para la COP25″.
La elaboración de la iniciativa comenzó en julio de 2018 con un lanzamiento en La Moneda y el seminario internacional “Chile hacia una Ley de Cambio Climático”, y se acompañó de talleres de gobernanza sectoriales y con los comités regionales de cambio climático de 15 regiones del país, destacan desde el MMA.
El proceso participativo con la ciudadanía en general se estructuró en dos etapas: primero hubo un proceso de diálogos ciudadanos y, luego, se realizó una consulta pública.
En los diálogos ciudadanos se recogieron opiniones y sugerencias de todos los interesados en la elaboración del Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Fue realizado entre noviembre 2018 y enero de 2019, en el cual participaron más de 850 personas, con talleres participativos en cada una de las 16 regiones del país y 3 talleres sectoriales (público, academia y ONG).
Luego fue el proceso de consulta pública, que se inició el 18 de junio de 2019 y finalizó el 31 de julio de 2019. En línea, la ciudadanía pudo realizar sus observaciones. En este proceso de elaboración participaron cerca de 1.800 personas.
Entre otras, dejaron sus observaciones entidades como Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca Tarapacá y la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida, pero también otras como Oceana, la Fundación Mar Adentro, juntas de vecinos, la empresa Polpaico, la U. de Atacama y la Sofofa.
El anteproyecto como tal se compone de 43 artículos, además de cinco artículos transitorios.
El primero, por ejemplo, señala que su objetivo es «hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones, aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia».
También define las atribuciones del MMA como autoridad en la materia, que deberá coordinarse con la Cancillería. También tienen competencia Agricultura; Economía, Fomento y Turismo; Energía; Minería; Obras Públicas; Salud; Transportes y Telecomunicaciones; Defensa Nacional; y Vivienda y Urbanismo.
Además, establece el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, entre otros.
En cuanto a las metas, el artículo 14 señala que «al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero», una meta que podría acelerarse por iniciativa de la Presidencia.
Asimismo, fija una Estrategia Climática de Largo Plazo y Planes Sectoriales de Mitigación. Por ejemplo, el Ministerio de Energía debe apuntar a «la disminución de consumo de combustibles fósiles para generación eléctrica, aumento de la eficiencia energética, promoción e implementación de proyectos de energía renovable».
Finalmente, establece un Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático, un Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y un Repositorio Científico de Cambio Climático.
«La discusión de fondo es si la ley nos va a ayudar o no a tomar medidas concretas», afirma el diputado González, quien insiste en que lo clave no es aprobar la ley antes de la COP25, sino su contenido final.
Desde ya, diversos entidades y científicos han expresado sus reparos a la medida, con diferentes grados de críticas, tanto en puntos generales como más específicos.
«Le falta una mirada integral, crítica y sistémica», expresa Roxana Lebuy, directora del Programa Paisaje, Territorio y Desarrollo Rural del centro Ceres-PUCV, quien lamenta que se desaproveche la posibilidad de incluir la educación ambiental en todos los establecimientos educacionales a nivel país.
«El proyecto tiene bajo impacto territorial. Se plantea el cambio climático como un problema global que nos llegó o llegará en un momento producto de las actividades perjudiciales provocadas por el ser humano, un ser humano que vive lejos y que no está identificado. Ante esto, no se reconoce la responsabilidad local a nivel de país, región, comuna o localidad, incluso a nivel de paisaje», apunta.
El Informe GEO-6 de la ONU ha señalado necesario revertir los factores impulsores del cambio ambiental, las cuales impactan en distintos elementos del medio ambiente: Aire, Diversidad Biológica, Océanos y Costa, Tierra y Suelo, y Agua Dulce.
«Este Anteproyecto no recoge ninguno de esos criterios, no confrontando a los intereses económicos que, mediante la extracción indiscriminada, los están dañando a todos ellos», alerta Patricio Rodrigo Salinas, director ejecutivo de la Corporación Chile Ambiente.
Greenpeace, por otro lado, también apunta al horizonte temporal de la ley. El artículo 16, referido a la Estrategia Climática de Largo Plazo, considera un plazo de 30 años, pero el grupo ecologista cree que debe ser reducido a un quinquenio.
«Las metas fijadas para 2050 son demasiado lejanas, poco ambiciosas e insuficientes para evitar un escenario de colapso global», coinciden desde Extinction Rebellion Chile, uno de los grupos que más ha criticado el anteproyecto.
«Permitirá a las grandes corporaciones responsables de las mayores emisiones y la pérdida de vida salvaje seguir actuando como siempre», critica el capítulo local de Extinction Rebellion.
Greenpeace también lamenta la falta de sanciones penales por la entrega de información falsa en la sección de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.
Según el anteproyecto, apenas contarán con las sanciones de la Superintendencia, una instancia conocida por la levedad de sus castigos en otros ámbitos.
Otros grupos, como Oceana, critican que el proyecto no haga alusión directa a los océanos ni al rol esencial que ocupan en la mitigación del cambio climático, ni la necesidad de preservar la buena salud de los mismos.
Estos son claves para «conseguir el mantenimiento de servicios ecosistémicos críticos que estos entregan, como la comida, almacenamiento de carbón, generación de oxígeno, así como para apoyar soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático», según Oceana.
El anteproyecto brevemente hace referencia a los océanos en los planes de adaptación del borde costero, pero Oceana considera esto insuficiente, especialmente tomando en cuenta que Chile tiene 4.000 kilómetros de costa.
Otro que echa de menos aspectos de su área específica es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Juan Diego Maya.
«No hay ninguna preocupación respecto a cómo el cambio climático puede afectar la salud de las personas, y el impacto en la salud pública y las políticas de salud», expresa.
«Vamos a tener problemas de salud derivados de temperaturas extremas, una menor producción agrícola, una menor luminosidad, la radiación solar, ya sea ultravioleta o lumínica». Nada de esto está contemplado en la ley, «y debiera estar ahí», puntualiza.
La falta de transparencia es otro de los temas que preocupan a los críticos.
Para Oceana, el anteproyecto debe contener un mínimo especifico respecto de la información que será publicada (Trasparencia Activa) y no depender de las causales de secreto o reserva establecidas en el anteproyecto.
«De lo contrario, esto no garantizará el acceso expedito a información que debe ser considerada de interés público, erradamente prefiriendo la tutela de derechos económicos y comerciales», advierten.
«Todavía falta que comience el trámite legislativo, después vienen los reglamentos y finalmente implementar la ley», lamenta el académico Alberto de la Fuente, de la Universidad de Chile. «Habrá que esperar algunos años, tal vez más de una década, para poder contar con la institución que se crea con esta ley. Pero no es posible dilatar más tiempo la acción climática, ya que el Acuerdo de París y los resultados del informe del IPCC para los 1,5 grados Celcius nos dicen que el máximo de emisiones debiera ser el 2020, al 2030 debiéramos emitir la mitad de lo que emitimos hoy, y ser carbono neutral antes del 2050», precisa.
«Entonces, me pregunto: ¿cuál es el plan B? ¿Qué hacemos por mientras sale esta ley?», se plantea.
