CULTURA
Para Pinto, recurrir a la fuerza militar está siempre presente como opción, cuando un Estado o un orden de dominación se sienten amenazados. Pero siempre es el último recurso. «El problema activó ese dispositivo desde el primer momento», explica. «Qué pasa si el recurso militar no funciona como se esperaba? ¿Seguir escalando por esa vía? ¿Subir a niveles mayores de represión, como en 1973? Esa es la disyuntiva en que el Gobierno se ha arrinconado a sí mismo». Por su parte, San Francisco señala «que el orden y el uso de la fuerza, deben combinarse con decisiones de contenido social. De lo contrario, los riesgos de militarizar son muy altos».
Sus visiones sobre la situación actual, sus causas y posibles medidas plantean los historiadores Julio Pinto y Alejandro San Francisco.
San Francisco es académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica de Chile, así como director de formación del Instituto Res Pública, mientras Pinto es Premio Nacional de Historia y académico de la U. de Santiago.
Ambos coinciden en que los estallidos sociales se han repetido muchas veces a lo largo de nuestra historia, aunque con resultados diferentes.
Pinto es «moderadamente optimista», porque este sacudón ha sacado a la luz las contradicciones más profundas del sistema, y el cansancio de sectores importantes de la sociedad –sobre todo entre las generaciones más jóvenes– frente a él.
«Eso abre una ventana de oportunidad para por lo menos pensar en hacer cambios en serio, en materia de derechos y políticas sociales, por ejemplo. Y si uno se pone todavía más optimista, incluso en un rediseño más general de nuestro modelo de convivencia, a través de una Asamblea Constituyente, por soñar en voz alta».
Sin embargo, también hay muchos motivos para el pesimismo. En primer lugar, porque no se ve que predomine un ánimo dialogante de parte del Gobierno y de los sectores políticos y sociales que lo apoyan. Es mucho lo que para ellos hay en juego, y está muy arraigada la costumbre de manejar las grandes decisiones nacionales más o menos a su antojo. Del lado contrario, tampoco le parece auspiciosa la dispersión y la fragmentación que se aprecia en los sectores que han estado detrás de la protesta, y que seguramente dificultará mucho cualquier tipo de coordinación o articulación común de sus demandas.
«En ese escenario, se corre el riesgo de que toda la energía social que estamos viendo actuar se diluya sin mayores resultados. Y está también el riesgo de que esa falta de coordinación les deje mayores espacios a las expresiones más abiertamente anómicas de la protesta, facilitando el discurso criminalizador del Gobierno, que podría ser la antesala para una intensificación de la represión», alerta.
El historiador Alejandro San Francisco cree que una mezcla de factores económicos, sociales y políticos son responsables de la crisis actual que vive el país, y que la convocatoria de los militares es una vieja fórmula en casos de rebelión popular.
«Es difícil precisar las causas exactas, así como fue imposible prever la magnitud del estallido social de octubre de 2019. Por lo mismo, me parece que debe buscarse una explicación más compleja que la que hemos escuchado o leído en estos días, cuando muchos mencionan un solo factor como causante del problema. Para ello debemos hacer un esfuerzo importante de comprensión política», señala.
Agrega que los factores citados se entremezclan y configuran un escenario que ha tenido elementos de rebeldía popular, polarización política, vandalismo, presencia militar en las calles, en un ambiente de tensión y novedad que no se veía desde la restauración de la democracia chilena en 1990.
Pinto destaca que se acumuló mucho malestar y mucha rabia, durante años, por la pérdida de derechos y protecciones sociales, y que eso ahora reventó por el alza en las tarifas de la locomoción pública.
No es la primera vez que ocurre algo así en los últimos años: estuvo la Revolución Pingüina de 2006, el movimiento estudiantil del 2011, el movimiento No Más AFP, la Ola Feminista del 2018-19, etc. En todos esos casos, lo que se demandaba era la recuperación de derechos sociales desconocidos o mercantilizados desde los días de la dictadura (o, en el caso del Movimiento Feminista, el reconocimiento de derechos «de nueva generación»).
San Francisco cree que el aumento del precio en el Metro muestra un problema mayor, como es el costo de la vida en la capital, que es muy alto, mientras los sueldos resienten los gastos, lo que se suma al endeudamiento y las aspiraciones a una vida mejor de amplios sectores de la población.
«Por otro lado, parece haber muchos beneficiados con el progreso económico del país, y otros que, si bien también han progresado, no lo han hecho al ritmo de los más ricos», dice.
Además, al igual que Pinto, cita ciertos factores culturales relevantes, como la presencia de numerosas movilizaciones sociales en este siglo, desde la llamada Revolución de los Pingüinos el 2006, pasando por el movimiento estudiantil del 2011, de las mujeres el 2018, hasta llegar a la situación actual. «En este sentido se revirtió la situación de una sociedad desmovilizada, como la que existió en la década de 1990».
Para Pinto, la diferencia ahora es que el estallido, si bien partió –una vez más– por los secundarios, se propagó con mucha rapidez hacia el conjunto de la sociedad, incluyendo importantes sectores de clase media –en cuyo supuesto apoyo ha querido legitimarse este Gobierno–, e incluso algunos de clase alta, por los cacerolazos y manifestaciones en lugares como Las Condes o La Dehesa.
«Puede parecer sorprendente que una sociedad que en general parecía conforme –o hipnotizada– por el acceso al consumo y a la supuesta bonanza material, y que por lo mismo se veía como una sociedad muy individualista y fragmentada, haya tenido una reacción así. Pero las sociedades son cuerpos complejos, formados por personas que pueden abrigar sentimientos a veces contradictorios, pero siempre muy dinámicos, y cuya paciencia no dura para siempre», remata.
Para él, la magnitud y propagación del estallido demuestra que el «paraíso neoliberal» no tenía bases tan sólidas como muchos pensaban.
Por otra parte, en su opinión la intensidad del estallido fue alimentada por la insensibilidad y el mal manejo del Gobierno. Insensibilidad, primero, frente al efecto que las alzas y otras medidas de soberbia social tienen sobre los cientos de miles de personas que deben ingeniárselas para llegar como puedan a fin de mes, y que se sienten ofendidas cuando se les dice que se las arreglen como puedan.
Y mal manejo después, cuando en lugar de tomarse en serio esas demandas, optó por criminalizar la protesta, culpar a oscuras «organizaciones criminales» de estar detrás de ella (un poco como George W. Bush cuando le declaró la guerra al «imperio del mal») y recurrir, a la primera de cambio, a la fórmula militar.
Asimismo, San Francisco no descarta la presencia de un Gobierno de centroderecha, contra los que existen más protestas y movilizaciones que contra las coaliciones de centroizquierda, como fueron la Concertación y la Nueva Mayoría, salvo en casos de extrema politización, como ocurrió con la oposición social contra la Unidad Popular.
«En la actualidad las protestas se dan en un contexto de desprestigio de la clase política en general, lo que se demuestra parcialmente en la desvinculación del movimiento social respecto de grupos o partidos políticos organizados. No siempre se ve una capacidad de reacción a tiempo, ni tampoco una adecuada sensibilidad o conexión con los problemas sociales», señala.
Finalmente, en el caso de los saqueos y el vandalismo –»que es un tema paralelo y que ha recibido una condena casi unánime»–, parece haber un aprovechamiento de circunstancias de parte de grupos sociales que, ante el vacío de autoridad o al movimiento de las masas, se suman a una acción que les permite obtener una ganancia fácil y rápida, similar a lo que ocurrió en Concepción después del terremoto del 27 de febrero de 2010.
San Francisco además recuerda estallidos previos en la historia del país, como la Revolución de la Chaucha, de agosto de 1949.
«Fue un claro ejemplo, cuando aumentó en 20 centavos el precio del transporte en la capital, desatando la protesta de estudiantes y trabajadores. La medida finalmente se revirtió», comenta.
La batalla de Santiago, del 2 y 3 de abril de 1957, para él es otro claro ejemplo en el mismo sentido, por alza de transporte público también, en un contexto de una inflación muy alta durante años.
«En ambos casos quedó en evidencia el problema del costo de la vida, la acción de las masas y la polarización social, aunque el país logró salir de esas situaciones. Lamentablemente eso ocurrió con el precio de muertos y heridos en el proceso», dice.
Para Pinto resulta curioso que en ese y otros estallidos similares, con consecuencias también muy parecidas (por ejemplo, el 2 de abril de 1957), el detonante haya sido el mismo de ahora: un alza en las tarifas del transporte público.
A su parecer allí hay una zona muy sensible para la epidermis social, salvo para aquellos que no dependen del transporte público para desplazarse por la ciudad. Una y otra vez, es la gota que hace rebalsar el vaso.
«El efecto político más inmediato que han tenido todos estos episodios es dejar al desnudo el rostro más represivo del Estado, que siempre está latente pero que por lo general pasa bastante desapercibido. Pero sus efectos posteriores, sobre todo en materia de logros sociales, han sido más bien magros, porque la represión atemoriza a la población, y porque desde las organizaciones sociales o políticas no siempre se ha tenido la capacidad de canalizar esas energías sociales hacia transformaciones de más largo plazo», advierte.
En cuanto a la convocatoria de los militares, para Pinto recurrir a la fuerza militar está siempre presente como opción, cuando un Estado o un orden de dominación se sienten amenazados. Sin embargo, generalmente es una opción de último recurso, a la que se acude cuando fallan los mecanismos más directamente políticos de resolución de una crisis.
«Lo raro en el caso actual es que el Gobierno activó ese dispositivo desde el primer momento, sin ningún intento serio de negociar o buscar salidas menos brutales. La preguntas que entonces se plantean son: ¿qué pasa si el recurso militar no funciona como se esperaba, como en el caso actual? ¿Seguir escalando por esa vía? ¿Subir a niveles mayores de represión, como en 1973? Esa es la disyuntiva en que el Gobierno se ha arrinconado a sí mismo», subraya.
San Francisco señala que su convocatoria en momentos de crisis social efectivamente es una fórmula muy antigua, utilizada en Iquique en 1907, después por el presidente Gabriel González Videla en diversos momentos de su gobierno, y también por el Presidente Salvador Allende durante el paro de octubre de 1972; o por la Presidenta Michelle Bachelet después del 27F. Lo mismo ocurrió en los casos de Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet.
«Se trata de una fórmula contemplada en el ordenamiento institucional, cuando son superadas las fórmulas normales para controlar el orden público y la seguridad del país. Se trata, sin duda alguna, de una fórmula extrema, que nadie desea, pero que los gobiernos entienden como una forma de asegurar el orden público, vulnerado por las movilizaciones sociales o por el saqueo popular».
Añade que esa medida –que es a la vez de orden y de uso de la fuerza–, debe combinarse en cada caso con otras decisiones de claro contenido social (como revertir el alza del pasaje en el caso actual), la articulación y negociación políticas, también algunas reformas legales que permitan enfrentar el problema de fondo hacia adelante.
«De lo contrario, los riesgos de militarizar son muy altos: en 1907 se produjo la matanza de Santa María de Iquique, con González Videla devino en la proscripción del Partido Comunista y Allende terminó gobernando con un gabinete que incluía a los partidos de la UP y a miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al general Carlos Prats como ministro del Interior, lo que implicó en la práctica una politización de las Fuerzas Armadas», rememora.
En cuanto a una salida de la situación actual, al activar con tanto apresuramiento el dispositivo militar, y al radicalizar los discursos belicistas –como la «guerra» declarada por el Presidente Piñera–, el Gobierno se ha dejado muy poco margen de maniobra, lo que hace difícil vislumbrar una salida fácil, alerta Pinto.
El historiador cree que el Mandatario podría rectificar esa estrategia y sentarse a dialogar con otros sectores de la política y de la sociedad, pero allí es donde empieza a operar, en un sentido negativo, en su opinión, el desprestigio generalizado en que han caído las instituciones: poderes del Estado, partidos políticos, etc.
«No parece que los manifestantes y los protagonistas del estallido social les otorguen mucha representatividad a esas instancias, y que vayan a seguir sus orientaciones. Hoy por hoy, hay un vacío de conducción social, una grieta entre política y sociedad, que no exhibe fórmulas claras o rápidas de superación, y que hace difícil visualizar un espacio común de interlocución», dice. «Tal vez las organizaciones sociales más legitimadas –No + AFP, Movimiento 8M, Colegio de Profesores, etc.– podrían asumir ese rol».
«En todo caso, una salida real a la crisis implica cambios profundos al sistema que nos rige, y no me hago muchas ilusiones respecto de la voluntad del Gobierno por ponerse en ese escenario. Lo que ha prevalecido hasta aquí, desde el propio Presidente de la República, han sido los gestos confrontacionales y belicistas», reflexiona.
San Francisco, por su parte, estima que es difícil saber una salida, porque la crisis está en pleno desarrollo.
«Sin embargo, una normalización de la situación nacional requiere, al menos, de las siguientes circunstancias: la plena vigencia de la paz pública y la seguridad de la población, el restablecimiento de las libertades –por ende el fin del estado de emergencia y el toque de queda– y la recuperación de la solución política al conflicto social», dice.
En este sentido, para el académico es necesario hacer un esfuerzo por avanzar hacia mayores grados de entendimiento y superación de la polarización. «En esto el Gobierno tiene la principal responsabilidad, aunque no es exclusiva del Poder Ejecutivo».
En cuanto a las medidas, San Francisco cree que debería haber en algunos temas un amplio acuerdo entre el Gobierno y la oposición, por ejemplo, en cuanto a la reducción del gasto político del Estado y el aumento del gasto social, de beneficio directo para las personas que más lo necesitan.
Al respecto menciona que podría haber una reducción del número de parlamentarios, así como de la dieta de los senadores y diputados, junto a otros gastos de la Corporación, para destinar todos esos recursos a gastos como pensiones y otros. Para ello debería haber un amplio acuerdo.
Lo mismo podría ocurrir con la reducción de los ministerios, sin entrar en detalles, pero podrían eliminarse algunos y fusionarse otros. «Esto también requiere de un acuerdo político, pero sobre todo necesita la convicción de que el Estado deber servir a las personas y debe ocupar la mayor cantidad de recursos públicos en mejorar la calidad de vida de la población».
En esta misma línea, indica que es necesario avanzar en reformas en áreas como las pensiones, debido a la precariedad en que viven muchos adultos mayores en la actualidad. «Esto implica un esfuerzo de ahorro hacia el futuro, pero también mejorar la situación de quienes reciben una mala jubilación».
«En definitiva, se trata de sentir los problemas ajenos como si fueran propios, lo que es una manifestación clara de solidaridad, valor perdido frente a ciertas manifestaciones de individualismo y falta de compromiso social. En esto el Gobierno y los distintos partidos tienen mucho que comprender y que aportar. Y la sociedad también tiene mucho que avanzar», concluye.
