PAÍS|CULTURA
El proyecto presentado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en el marco de la discusión del Presupuesto y que fue aprobada por ambas cámaras, consiste en que infraestructuras de gran envergadura puedan construirse sin requerir de estudios de impacto ambiental (EIA). Entidades como Chile Sustentable, Modatima y Fima advirtieron que la indicación, además de ser inconstitucional, sienta un grave precedente en la lucha en contra del cambio climático, ya que se construye infraestructura sin evaluar la hidrología. Ante la complejidad de la emergencia climática y ecológica, la línea –advierten– sería evaluar la viabilidad de los proyectos agropecuarios antes que intervenir drásticamente el medio ambiente, desviando cuencas, “cuyo remedio –ante la crisis hídrica– será peor que la enfermedad”.
Indignación causó entre los ambientalistas la aprobación de una indicación en el Parlamento que permite la construcción de embalses sin la necesidad de estudios de impacto ambiental, en el contexto de la grave sequía que sufre el país.
El proyecto fue presentado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en el marco de la discusión del Presupuesto del año 2020.
Entidades como Greenpeace, Chile Sustentable, Modatima y Fima advirtieron que la indicación sienta un grave precedente, en un contexto donde incluso una empresa agropecuaria del propio secretario de Estado ha recibido financiamiento público.
“No es posible encontrar soluciones hoy en día sin que sean consideradas las variables ambientales de un modo serio y correcto”, sintetizó Josefina Correa, de Greenpeace, quien alertó en relación con que algunas empresas podrán “gozar de ciertos privilegios respecto de otro tipo de inversiones”.
Añadió que es prioritario avanzar en el acceso del agua de consumo humano, con proyectos como la reforma al Código de Aguas que lleva ya 8 años en el Congreso.
Específicamente, la indicación señala que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N° 18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos”, puntualiza la indicación.
“Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”, agrega.
“La implicancia más grave desde mi punto de vista es que, al no evaluar un proyecto en el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, estás construyendo estos tipos de embalses a ciegas, las consecuencias pueden ser peores que el beneficio que buscas”, advirtió Pamela Poo, de Chile Sustentable.
“Por otra parte, algo que es una excepción se puede transformar en la regla. Muchos sectores por equis razones podrían empezar a pedir excepciones para no ser evaluados”, dijo.
En su opinión, se instala además un pésimo precedente en la lucha en contra del cambio climático, “ya que se construye infraestructura sin evaluar la hidrología. La pregunta es cómo se te llenan los embalses si no llueve. Ante la complejidad de la emergencia climática y ecológica, la línea sería que más actividades, y sobre todo la agricultura, evalúen sus proyectos”.
Para el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), la indicación da cuenta de “una visión absolutamente unilateral” del ministerio, que en sus palabras prioriza la agricultura de exportación en detrimento de la pequeña y, por tanto, hipotecando la soberanía alimentaria para favorecer una vez más al modelo de producción agrícola orientado a las exportaciones.
“Es curioso este proyecto cuando las empresas WAPRI (Walker y Prieto) han sido favorecidas con recursos de cofinanciamiento por parte de la Comisión Nacional de Riego, y en cuyo desarrollo se estima en $500 millones los recibidos por las empresas en que el ministro de agricultura es socio y fundador, más allá de que hoy declare ser socio minoritario”, dice.
“¿Paga los favores Walker? ¿Es posible tener un ministro de Agricultura en cuyo patrimonio personal y familiar se concentran más de 29 mil litros por segundo de agua, y que interviene reiteradamente para dar certezas de que la propiedad privada del agua no se va a tocar?”, se preguntó.
“No me parece una buena iniciativa”, coincidió Ezio Costa, de Fima. “Los embalses no son una solución efectiva para los problemas hídricos y además intentar evitar que ellos se evalúen ambientalmente es un grave error, que lo único que hace es profundizar un modelo donde la propiedad privada –en este caso del agua–, junto con la inversión en obras, es más relevante que el bien común”, dijo.
Costa además advirtió que la norma tiene problemas de inconstitucionalidad, pues la Ley de Presupuesto “no es una ley donde se pueden poner temas de este tipo, que requieren de otras modificaciones legales. Incluso el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado en otras oportunidades”.
“Es irreflexiva esta incorporación, no se condice con el devenir de los tiempos ni las demandas sociales. Hay cosas urgentes en materia de aguas, pero no son estas inversiones, sino los cambios regulatorios y de gestión, asegurar el derecho humano al agua, asegurar el agua para los ecosistemas, proteger los glaciares y hacer una política de adaptación al cambio climático en recursos hídricos, pendiente hace muchos años. El Estado, en lugar de preocuparse por mejorar su capacidad, se entrega a seguir subsidiando obras privadas y además intenta desmejorar la protección ambiental. Es una muy mala medida”, remató.
