CULTURA|CIENCIA
El (CR)2 realizó un estudio cuyos resultados presenta este lunes. Comprende medidas tan diversas como construir más vías para bicicleta, proteger los humedales y tomar en cuenta la emisión de gases en los estudios de impacto ambiental, algunas de ellas claves cuando se debate una nueva Constitución para el país.
Chile debe reforzar las exigencias de los estudios de impacto ambiental, aumentar los impuestos a las fuentes de energía contaminantes y fomentar la reforestación de bosque nativo si pretende cumplir con el objetivo de carbono neutralidad al año 2050.
Estas son algunas de las propuestas contenidas en un estudio sobre las reformas legales necesarias para dicho objetivo, que será presentado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.
La actividad contará con la participación del senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; Pilar Moraga, investigadora Principal (CR)2; Dominique Hervé, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente; José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero; y Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
La presentación será este lunes 6 de abril, de 11.30 a 12.30 hrs., vía online.
«El estudio nos demuestra que hay un tremendo interés de la ciudadanía por implementar la meta de cero emisión, una meta muy importante pero que no va a llegar por la buena voluntad, sino que requiere cambios legales, muchos de ellos profundos», expresa Mena. «Por tanto, va a ser tremendamente importante fortalecer la institucionalidad ambiental».
«La acción climática en Chile ha demostrado tener alta rentabilidad económica. No solo es bueno para el medio ambiente, sino también para el crecimiento del país. Por eso es importante realizar cuanto antes modificaciones legales que permitan hacer realidad lo que hoy vemos en el papel. Chile, al descarbonizarse, va a beneficiarse por aprovechar mayormente las tecnologías limpias que son propias y los bajos costos en energía que eso va significar para el transporte y electricidad», añadió el actual director del Centro de Acción Climática de la PUCV.
Las reformas legales abarcan varias áreas, tales cono energías renovables, eficiencia energética, transporte sustentable y humedales, entre otros.
Por ejemplo, se propone modificar la Ley 19.300 para adelantar el cierre de las termoeléctricas; la Ley 20.283 para prohibir la tala de bosque nativo; y el D.F.L. N°458 para fomentar la generación residencial de energía solar.
Sin embargo, Moraga admite una serie de obstáculos para lograr tales cambios, como la dificultad para comprender la importancia y urgencia del desafío de limitar la temperatura global del planeta en 1,5 grados para resguardar la sobrevivencia del ser humano en la Tierra.
Ella destaca la importancia de «la voluntad política para adoptar las acciones necesarias para generar una transformación de la sociedad compatible con una realidad planetaria que cambia».
«La ciencia y los estudios académicos han tenido una gran importancia en la evolución de las normas de nuestro ordenamiento, especialmente en materia de cambio climático y el avance hacia la carbono neutralidad. La actual situación de crisis sanitaria por la pandemia provocada por el COVID-19 nos obliga a repensar las estrategias de políticas públicas en todo sentido, pero eso no implica que dejemos a un lado el avance que debemos seguir teniendo en materia de cambio climático», coincide el senador De Urresti.
«Este pequeño respiro para el planeta que ha significado menores tasas de contaminación, por ejemplo, en algún momento se terminará y volveremos a sufrir las implicancias de vivir en un planeta sobreexplotado, por eso es fundamental seguir tomando todas las medidas que sean necesarias, especialmente en materia de actualización normativa».
Estas reformas son necesarias en vista de la firma que Chile realizó del Acuerdo de París de 2016, que apunta a limitar el calentamiento global.
En virtud del acuerdo, actualmente se tramita en el Congreso el «Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático”, que establece que “al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.
«Sin embargo, nos parecía que para alcanzar dicha meta se requieren reformas legales de diversos cuerpos normativos relacionados con diversos sectores de actividad y que el Estado tiene pocas herramientas para orientar la actividad de ciertos actores, al sector privado en particular, hacia la reducción de sus emisiones de GEI», afirma Moraga.
«Un buen ejemplo de aquello fue el proceso de negociación orientado al cierre de termoeléctricas, fundado en los acuerdos voluntarios entre la industria privada y el Ministerio de Energía. Lógicamente la voluntad de los diversos actores es relevante, pero no suficiente para una transformación de la economía y del comportamiento de la sociedad a la altura de lo que se requiere», afirma.
Para realizar el estudio, se formó un equipo de investigación de tres abogadas y académicas pertenecientes al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: Moraga (U. de Chile), Dominique Hervé (UDP) y Verónica Delgado (U. de Concepción).
Ellas, apoyadas por un equipo metodológico de antropólogas y especialistas en relaciones internacionales, definieron las áreas de estudio y las preguntas que se formularon a un grupo de expertos en miras a identificar las reformas legales necesarias.
Luego se invitó a un grupo de expertos (16) y expertas (14) a responder dichas preguntas, cuyas respuestas se sistematizaron en un primer informe con resultados preliminares que se sometió a observaciones y comentarios de público en general.
Una de las principales conclusiones del estudio es que el derecho juega un rol importante en el cumplimiento de la meta de la carbono neutralidad y que en este sentido puede constituirse como un facilitador o como una barrera de las acciones que emprenderá el Estado y los diversos actores en este sentido.
«Por lo mismo es necesario contar con una mirada holística que considere los diversos cuerpos normativos relevantes, desde la Constitución hasta las normas administrativas, no limitando la mirada de mitigación a los sectores responsables de las emisiones de GEI, de manera a incorporar las soluciones basadas en la naturaleza o metas nacionales de emisiones de CO2, así como definir un modelo de gobernanza idóneo para estos fines», explica Moraga.
«Cabe destacar que las reformas legales propuestas pueden agruparse en diferentes tipologías regulatorias, así tendremos reformas de tipo normativas, que incluyen el establecimiento de prohibición de ciertas actividades o también instrumentos económicos como incentivos, por ejemplo», agrega.
La especialista señala que el debate sobre las normas además es clave en momentos en que se discute una nueva Constitución para el país.
La organización del Estado, la definición del sistema político, los usos de los territorios y de los recursos naturales, el tratamiento de los ecosistemas, así como los Derechos Humanos son cuestiones que se definen en el texto constitucional y que son determinantes en el tipo de respuesta de la sociedad frente a los impactos del cambio climático en el país y al desafío global de reducción de emisiones, subraya.
«El estudio da cuenta que la meta de la carbono neutralidad requiere repensar el marco jurídico vigente en todos sus niveles: constitucional, legal y administrativo, lo cual afectará a diversos sectores de actividad. Lo anterior significa repensar un nuevo pacto social para los próximos 30 años, que estarán marcados por la agudización de los actuales fenómenos de falta de precipitaciones y sequía, olas de calor e incendios, entre otros», dice.
La especialista cree que luego de terminada la pandemia por la que atraviesa el país, existirá interés por reactivar la economía y tal proceso debiera realizarse en coherencia a la meta de la carbono neutralidad.
Este debiera realizarse «no solo desde el punto de vista de la mitigación de los sectores más contaminantes como energía y transporte, sino también del resguardo de los ecosistemas que actualmente aportan en el secuestro y captura de CO2, nos referimos en particular al bosque nativo, bosques marinos, humedales y turberas», concluye.
