CULTURA|OPINIÓN
Si los Fondos de Cultura habituales ya incluyen entre sus principios la evaluación de la calidad de los contenidos de la propuesta por pares ¿Qué sentido tiene crear un nuevo concurso en base a estos mismos preceptos, y que además no contemple aspectos económicos específicos para enfrentar la crisis desde el propio ministerio? ¿Cómo es posible pedir y/o evaluar la “calidad” de propuestas que se realizan en un agudo contexto de crisis sanitaria y restricción de las libertades personales?
Con cierta polémica, este sábado la ministra Consuelo Valdés Chadwick anunció al diario La Tercera más detalles acerca del plan de contención del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio ante la crisis de empleabilidad desatada a partir de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19 en el sector cultural. Medidas que habían sido anunciadas a fines de marzo en el portal del ministerio y en el mismo medio de prensa como plataforma de resonancia pública, enfatizando la complejidad de la propuesta y el abultado monto en dinero que ella significaría para el Estado. Hasta la semana pasada, Valdés Chadwick había otorgado especial protagonismo a los 15 mil millones de pesos contemplados para esta política de emergencia, así como también al carácter de su inversión / distribución “a través de un trabajo colaborativo” entre la institucionalidad estatal y la comunidad laboral vinculada a la cultura. Dicho aspecto era asegurado por la ministra en el anuncio de una consulta pública online abierta a quienes conforman el sector, destinada a detallar de manera colectiva aspectos estratégicos en la implementación de las políticas anticrisis. La entrevista evidencia la reasignación de fondos ya existentes para palear la crisis, así como la desconsideración del instrumento de consulta pública referido, recién puesto a disposición del ministerio a mediados de la semana pasada. Como ya es habitual incluso en su trayectoria previa como Consejo, en el nuevo ministerio las soluciones comunicacionales de la cartera crearon falsas expectativas en las actorías involucradas, así como importantes laberintos burocráticos que hoy se muestran más bien como estrategias del gobierno para agotar la discusión de los/as trabajadores de la cultura e instituciones públicas en las cuestiones del “procedimiento” y no de fondo.
[cita tipo=»destaque»]Mientras el financiamiento para encarar la crisis proviene de los propios salarios y derechos laborales de la fuerza de trabajo en cultura, el destino de éstos es la repartición en el mundo privado y autónomo a través del concurso público, profundizando un instrumento ampliamente cuestionado por las comunidades laborales en cultura durante la última década: el concurso Fondos de Cultura, que otorga ocupaciones estacionales de diverso tipo, en su mayoría en el régimen del trabajo profesional independiente (honorarios)[/cita]
Este sábado, la confirmación de la ministra de que los dineros destinados a la contención de la crisis “no son recursos nuevos”, sino que reajustes del ya diezmado presupuesto anual del ministerio, así como las acusaciones del desanclaje de estas medidas respecto de los datos recabados por la consulta pública -que no tenía un carácter vinculante y finalizó recién el miércoles 29 de mayo-, encendieron las alarmas para quienes nos empleamos en este habitualmente esquivo sector laboral. Los “buenos deseos” de Valdés Chadwick para con los presupuestos de las instituciones culturales del Estado a su cargo para 2021 (“no sabemos si tendrán apoyo extra” y “yo quisiera que se les mantenga su presupuesto porque están en una crisis brutal”) dan cuenta asimismo de la preocupante relatividad con que el gobierno de Sebastián Piñera asume el financiamiento de cientos de programas y puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de dicho ministerio, amparándose en el “bien superior” de un país en pandemia que necesita “más médicos que artistas” y que debe necesariamente enfocarse en “salvar vidas”. Esto último como si en ese Chile imaginado por el poder los/as artistas no tuviesen ciudadanía, derechos y necesidades mínimas garantizadas, así como tampoco un motivo de sustentación vital como cualquier otro/a trabajador/a en el país.
De este modo, la omisión de estos factores materiales que varían de un sector a otro del empleo frente a una necesidad de “ganar la batalla de Santiago” contra el Covid-19 perfilan una respuesta unívoca del gobierno frente a la crisis económica y laboral devenida de la enfermedad en cualquier área de la producción considerada “no prioritaria”: las ganancias del sistema se privatizan, las pérdidas y la deuda se socializan, tal como en un manual de economía liberal aplicado al trabajo en cultura. Mientras el financiamiento para encarar la crisis proviene de los propios salarios y derechos laborales de la fuerza de trabajo en cultura, el destino de éstos es la repartición en el mundo privado y autónomo a través del concurso público, profundizando un instrumento ampliamente cuestionado por las comunidades laborales en cultura durante la última década: el concurso Fondos de Cultura, que otorga ocupaciones estacionales de diverso tipo, en su mayoría en el régimen del trabajo profesional independiente (honorarios)(1). Desde esta propuesta de supervivencia trazada por el gobierno, en que las instituciones culturales dependientes directa o indirectamente de los dineros del Estado no recibirán nuevos fondos de apoyo ante la crisis y -según “quisiera” la ministra- apenas contarían con igual presupuesto que el año 2020, el anuncio de Valdés sitúa en la incerteza a cientos de puestos de trabajo en cultura del área pública, privada e independiente. Puestos laborales cuyas condiciones han sido definidas en diversas instancias de movilización y diálogo con el ministerio que sin embargo son hoy desconocidas unilateralmente por la institucionalidad, aprovechando el particular contexto de desmovilización propiciado por el Estado de Catástrofe y el confinamiento.
De este modo y ante la incertidumbre del futuro de una crisis ya iniciada, el Ministerio de las Culturas parece adoptar simplemente la política de “desnudar un santo para vestir otro”. Algo visible en la celebración de la ministra de que el plan no contempla fondos nuevos, en respuesta a los sectores de ultraderecha próximos al gobierno y su reclamo por la “inutilidad” del diseño de políticas públicas en cultura ante la crisis social acarreada del Covid-19. En la misma senda de dichas críticas, este sábado en La Tercera Valdés Chadwick destacó que la asignación de fondos de emergencia será realizada a través de concursos públicos que propiciarán la evaluación de pares que “califiquen la calidad de la propuesta”, sin que ello implique una novedad respecto al actual método de repartición de los fondos ni un cuidado particular en áreas estratégicas de las “economías culturales” a las que supuestamente se busca proteger. Si los Fondos de Cultura habituales ya incluyen entre sus principios la evaluación de la calidad de los contenidos de la propuesta por pares ¿Qué sentido tiene crear un nuevo concurso en base a estos mismos preceptos, y que además no contemple aspectos económicos específicos para enfrentar la crisis desde el propio ministerio? ¿Cómo es posible pedir y/o evaluar la “calidad” de propuestas que se realizan en un agudo contexto de crisis sanitaria y restricción de las libertades personales? Por otro lado, la ministra apuesta a que el éxito de estas políticas se sustente en la voluntad de “sus funcionarios”: los mismos puestos de trabajo que se han disputado incesantemente los últimos años en el proceso de jibarización y tercerización de labores dentro de la conformación del nuevo ministerio; los mismos a los que esta política anticrisis pone en una gran interrogante de continuidad. Más que una ayuda al trabajo en cultura, el plan del ministerio es un “ajuste de cinturón” que busca retomar la normalidad de una cartera en condiciones que ya eran paupérrimas antes del estallido de octubre.
Por cierto, el nuevo Ministerio de las Culturas y las Artes cuenta sobradamente con los antecedentes de una escena cultural altamente precarizada y feminizada dentro y fuera de las fronteras del Estado: su propia creación por ley se dio en medio de una serie de encuentros que, aunque se presentaron como vinculantes a partir de 2017, no contaron nunca con un objetivo claro o efectivo en términos comprobables dentro de las políticas ministeriales del ciclo 2018-2020 (2). Además de la propia consulta realizada por el ministerio a causa de la pandemia en días recientes, son instrumentos de medición de su propia factura institucional las conclusiones de los Encuentros Regionales para la creación de la Política de Artes de la Visualidad realizados en cinco de las quince regiones del país a partir de 2016, así como la Red Cultura: plataforma virtual ministerial que en su momento convocó a una amplia participación de trabajadores/as en cultura a lo largo del país, constituyéndose como un vínculo sistemático de aspectos laborales y culturales de la ciudadanía en diálogo con la cartera de gobierno. Todo esto se financió con fondos públicos, y con una promesa institucional siempre relativa -a causa de esta cuestión- de que sus conclusiones fuesen vinculantes a las políticas ministeriales actuales. Además de ello y en vínculo al entorno institucional, se han levantado diversas plataformas dedicadas a la observación del trabajo en cultura y sus dificultades, como el Encuentro de Gestoras en Red, la Red de Trabajadoras del Arte y la Cultura de Chile (TRACC), la Red de Mujeres por la Ciudad y más recientemente #CulturaBienPúblico, entre muchas otras. Todos estos espacios de investigación han producido documentación sobre el tema hoy accesible al conocimiento público.
En este sentido, la afirmación de la ministra de que se desearía un trato “más directo” y sin embargo no es posible otorgar bonos sociales al sector (sino meramente orientar a sus actorías a “acceder a las ayudas del gobierno”) contradice el sentido productivo construído por más de una década de políticas públicas que apuntaban al reconocimiento y la constitución del trabajo en cultura como un sector productivo específico y respaldado por el Estado. La escasa voluntad política de resolver la crisis económica latente en el discurso de Valdés Chadwick resulta contrastante asimismo con la voluntad que expresan otras políticas estatales de apoyo al trabajo en cultura emergidas en oficinas regionales del ministerio por estos días. Ejemplo de ello es el plan de ayudas “Hasta encontrarnos” iniciado por la SEREMI de Cultura de la Región del Biobío Carolina Tapia (3), que promete la mixtura de la habitual forma concursable de sus fondos de asignación directa con las urgencias creadas específicamente por el Covid-19 en la empleabilidad de los ámbitos de creación, audiencias y talleres públicos. Como ésta, otras iniciativas han perfilado la posibilidad de la asignación directa de recursos aunque Valdés lo ha calificado en distintas ocasiones como “imposible”.
Cierta prensa también ha otorgado voz al descontento colectivo de trabajadores/as en cultura desde fines de marzo, cuando más de 50 gremios y organizaciones de todo Chile manifestaron su preocupación frente al plan económico del gobierno para encarar la pandemia, acusando el hecho de que gran parte de las medidas tomadas por Hacienda en favor de las economías independientes no serían útiles en el ámbito específico de la producción cultural debido a su habitual carácter informal, comunitario, discontínuo y autónomo (4). La principal demanda de esta articulación de orgánicas, la devolución íntegra de sus impuestos a los/as trabajadores de la cultura en la “Operación Renta 2020”, no fue sólo llanamente desoída por la ministra Valdés, sino que además activamente invisibilizada en un sinnúmero de comunicaciones del ministerio dirigidas a la comunidad nacional en cultura donde se planteaba la virtualización de contenidos como eje central. Un enorme esfuerzo de comunicaciones que desde el inicio de la crisis han convertido a las redes sociales del ministerio en una agenda de ocio virtual antes que en una plataforma efectiva de visibilización de la crisis y apoyo al trabajo de quienes la sufren. A partir de esta realidad ¿Cómo podrían ser útiles las ayudas de “una unidad de intermediación legal ministerial para orientar a nuestro sector sobre cómo acceder a las ayudas del gobierno”, cuando sus propios agentes especializados han denunciado la inadecuación de estas políticas a su realidad? En este último gesto, que apunta a la burocratización del debate en cultura y al “calce” de su trabajo en las vías generales de precarización laboral, Valdés Chadwick propicia la deslegitimación de las organizaciones culturales arraigadas a la sociedad civil en su capacidad de otorgar propuestas, lineamientos y horizontes de desarrollo para las políticas culturales del Estado. Una cuestión que se reitera en el discurso de la ministra, que ha tendido a relativizar la “utilidad del arte” en sus entrevistas recientes, estigmatizando al trabajo en cultura como una actividad secundaria frente a aquellas capaces de «salvar vidas» y movilizar la economía.
Ante este contraste entre representante y representados/as, resulta esencial dar cuenta del preocupante tono en que la ministra Valdés realiza las declaraciones comentadas, y a qué agencias políticas responde en sus palabras. Ante la exigencia de las organizaciones en cultura sobre los debidos procesos democráticos y sociales que deben acompañar a cualquier política diseñada sobre la base del reacomodo de recursos públicos, la ministra prefirió evadir el debate y hacer juicio moral para cerrarlo: “a mí no me gusta figurar”. De este modo, su silencio y modestia se establecen como un modelo a seguir, y no se muestran como lo que son: la completa ausencia de políticas públicas efectivas para el sector, y/o aceptables para quienes formamos parte de éste. La ministra Valdés perfila su rol como si fuese un papel meramente técnico, a fin de que las próximas consecuencias de la precarización laboral y la crisis económica sean leídas como parte de la “naturaleza” de la cultura y el arte -siempre precaria-, y no como lo que son: lineamientos activamente impulsados desde su oficina para quitar la urgencia a este sector del desarrollo estatal a propósito, en continuidad con las políticas de tercerización en las instituciones culturales del Estado desarrolladas sostenidamente durante los últimos veinte años. Una muestra del “acelerador neoliberal” del gobierno por estos días, en que muchos ministerios y comisiones ad hoc sobre temas “secundarios” respecto de la pandemia retoman sus batallas políticas perdidas aprovechando el solapado contexto de represión política.
A todas luces, la entrevista otorgada por Consuelo Valdés a La Tercera este sábado constituye una gravísima señal al debate levantado los últimos meses por distintas organizaciones culturales, no sólo a partir de la actual crisis económica sino sobre todo a partir de la revuelta social iniciada en octubre y su particular expresión del deseo de un nuevo derecho universal a la cultura. Un afán que había instalado en el centro la lucha social el reconocimiento del trabajo en cultura, así como el aporte de la creatividad en los procesos de recomposición social y expresión política de las mayorías. Desde la experiencia pasada de una “creatividad al poder” durante el 68 sudamericano que ambicionó la democratización total de la cultura, sabemos que no es posible volver atrás en esta imaginación radical de la producción cultural sino por medio de la represión más cruel. Ese es el riesgo del actual contexto de crisis sanitaria, en que la privación de libertades de reunión, circulación y expresión parece una condición aceptable ante el riesgo objetivo de la enfermedad, y sin embargo mina al mismo tiempo los soportes vitales de cualquier organización de trabajadores/as. El cierre del debate propuesto por el ministerio aleja a la posibilidad de resolver el conflicto abierto con quienes trabajan en cultura a través de un enfoque comprensivo e integral de los aspectos sociales y políticos involucrados. Ad portas de un plebiscito constituyente en Chile, dicha salida también debe contemplar por el rabo del ojo los aspectos constitucionales vinculados al derecho a la cultura en todas sus dimensiones. Parafraseando a la defensora de derechos humanos Paz Becerra en una cita sobre los apremios ilegítimos que abundan por estos días en las cárceles y centros de menores, el Ministerio de las Culturas y las Artes parece responder a la demanda masiva y organizada de los/as trabajadores/as de la cultura por más derechos laborales, con la supresión y relativización de los pocos derechos que les quedaban. Un actuar en nada distintivo de una gestión gubernamental general de Sebastián Piñera, cuya institucionalidad responde unívocamente al movimiento por los derechos y la dignidad con más represión, más verdades oficiales y más violaciones a los derechos humanos.
La ferocidad de esta postura institucional desaparece, sin embargo, ante el avance de polémicas leyes tocantes a la pertinencia de la cartera dirigida por Valdés, como la llamada “Ley Sticker”, que criminaliza y pone en cuestión la consideración como “arte” a una amplia franja de manifestaciones del urban art identificada con los movimientos sociales y tendencias culturales juveniles a partir de 2006 (stickers, stencil, carteles, murales, lettering, etc.). Encerrado en una concepción elitista y banal de la cultura, apoyada en referencias como el MoMA y Versalles, el Ministerio de las Culturas aún no acusa recibo del golpe recibido por quienes constituyen su principal espacio de representación, quienes hoy finalmente se constatan en una situación común de empobrecimiento y precarización sostenida. A pesar de esta invisibilización, es un secreto a voces que los recursos existentes en programas y concursos del ministerio eran insuficientes mucho antes del Covid-19, y que ello se debía a una política pública que apuntó sostenidamente a la precarización y deslocalización del trabajo en cultura por medio de fondos concursables de corta y mediana duración. Mientras el ministerio propone como fórmula “nueva” el ya conocido paliativo del concurso público, la crisis sanitaria y laboral devenida de octubre agudiza aún más la competencia y segregación de la fuerza de trabajo independiente, arrojada a las reglas cada vez más complejas del concurso para obtener beneficios progresivamente más modestos. Los dineros para echar esta máquina a andar vienen de los presupuestos institucionales en cultura, donde la subcontratación funcionaria y/o externalización de servicios están a la orden del día.
Con o sin pandemia, Valdés Chadwick prefiere exigirle a la comunidad del trabajo en cultura un cierto “excelentismo” a cambio de las ayudas ofrecidas en lugar de atender a su uso razonado y estratégico centralizado, como corresponde a un ministerio; respondiendo con ello a las inquietudes de un grupo minoritario y carente de artistas, pero dentro del estrecho rango de visión de gobierno, antes que a las cuestiones expresadas legítimamente por docenas de organizaciones culturales en las redes inmediatas del ministerio. No por invisibilizar a estas críticas, ellas van a desaparecer para siempre. Si ya existe una consulta pública en desarrollo como base de un trabajo anunciado como “comunitario” ¿Cuál es la propuesta y el itinerario del Ministerio para el establecimiento de una mesa social para debatir las políticas culturales a desarrollar ante la crisis del Covid-19? ¿Cuándo y cómo las opiniones especializadas de la comunidad cultural se vuelven vinculantes en la elaboración de la política pública? Estas preguntas resultan fundamentales para pensar cualquier lineamiento ministerial en cultura dentro de un régimen democrático, así como la apropiación de sus principios y beneficios por parte de la comunidad del trabajo que a diario se rige por estos preceptos. No + concursos, lo que pedimos es dignidad.
Carolina Olmedo Carrasco es investigadora en arte contemporáneo, activista feminista y docente universitaria en temas de historia del arte. Editora en revista ROSA
