CULTURA
Según fuentes del mundo de la cultura, también influyó que la ministra es «una autoridad ausente, con poca voz y peso político», por un lado, y que el subsecretario, Juan Carlos Silva, por otro, si bien escuchaba las horas interminables de reclamos, peticiones y exigencias, se limitaba a respuestas genéricas, refiriéndose a las limitaciones del propio ministerio. La «bancada» cultural en el Congreso emitió una declaración pública ayer, en la que se cuestionó que los instrumentos y políticas diseñadas por el Gobierno para los distintos sectores productivos del país han dejado fuera al mundo de la cultura.
Tras cuatro meses de conversaciones, el fin de semana se quebró la mesa de diálogo entre los gremios culturales y el ministerio del ramo, que encabeza Consuelo Valdés. Un ruptura que se selló un día después de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, que ignoró totalmente al sector en su discurso, al no mencionar ni una sola vez la palabra «cultura» en 90 minutos.
Según fuentes del mundo cultural, también influyó que la ministra es «una autoridad ausente, con poca voz y peso político», por un lado, y que el subsecretario, Juan Carlos Silva, por otro, si bien escuchaba las horas interminables de reclamos, peticiones y exigencias, se limitaba a respuestas genéricas, refiriéndose a las limitaciones del propio ministerio.
En una carta enviada la tarde del martes a los gremios, el subsecretario Silva afirmó que «en uno de los contextos más complejos de las últimas cuatro décadas (…), el país necesita que flexibilicemos posturas» y reiteró su disposición a un diálogo constructivo en el marco de «nuestra institucionalidad». Acto seguido, anunció una nueva convocatoria de «fondos concursables», una modalidad ya rechazada por los gremios, que según la autoridad son la única manera de garantizar igualdad de acceso.
La decisión de los gremios de la cultura de retirarse de la mesa, creada hace varios meses a instancias de la Unión Nacional de Artistas (UNA), fue respaldada por una «bancada» cultural que acaba de formarse en el Congreso, que está integrada, entre otros, por los senadores Yasna Provoste, Carlos Montes, Jaime Quintana, Alfonso De Urresti y Juan Ignacio Latorre, además de los los diputados Amaro Labra, Claudia Mix, Carolina Marzán, Marcelo Díaz, Giorgio Jackson, Maya Fernández y Gonzalo Winter.
[cita tipo=»destaque»]A esto se suma, a juicio de Paula Gaete, presidenta de la Cooperativa Editores de la Furia, el «nulo peso e importancia» que tiene el Ministerio de las Culturas dentro del Gobierno. «La ministra y los trabajadores del Mincap realmente trabajaron e intentaron ayudarnos más, como por ejemplo el intento de la ministra por que se declarara el libro un bien esencial para permitir el funcionamiento de librerías durante la pandemia, en formato remoto y desde sus bodegas/centros de acopio para despacho». Sin embargo, Gaete explicó que «la respuesta por parte de Interior y de Hacienda fue un rotundo ‘no’, siendo que les dimos ejemplos de países que lo habían hecho ya y también estaban en cuarentenas obligatorias, como Italia o Argentina. El problema no es el ministerio y sus trabajadores, el problema es la importancia que se le da a ese ministerio dentro de la gobernación».[/cita]
Para el grupo parlamentario la decisión de los gremios de la cultura de romper la mesa con el Gobierno es «una medida de presión legítima para provocar un diálogo efectivo y con resultados concretos» y que, después de cuatro meses, el Ejecutivo apenas ejecutó un tercio de un plan de ayuda de $15 mil millones para el sector, recursos que ni siquiera fueron una inyección, sino meramente una redistribución de fondos.
Los gremios esperan trabajar ahora con este nuevo grupo para sacar adelante sus demandas.
«Estamos trabajando activamente por complementar las medidas propuestas en nuestro Plan de Emergencia y Reactivación, integrando al trabajo a agrupaciones culturales de todo el territorio nacional y buscando otros espacios para promover la implementación de estas medidas. Dentro de estos espacios destacamos la reciente formación de la bancada cultural parlamentaria, con la que trabajaremos activamente para impulsar las propuestas necesarias para levantar esta crisis», anunció Daniela Guzmán, presidenta de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile (CRIN Chile A.G.) y una de las encargadas de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (Cice).
Por su parte, Andrea Richards, secretaria general Sidarte, agregó: «Nosotros estamos en conocimiento de los procesos administrativos, nos hemos informado, estamos al tanto de cómo funcionan otros ministerios, y por eso en este momento estamos acudiendo a parlamentarios que sí nos pueden dar otras luces de cómo solucionar el problema que aqueja al sector, que es más profundo que solo esta crisis sanitaria».
El área, donde predomina una alta informalidad y con gran dependencia de las actividades hacia el exterior, como los conciertos en el caso de los músicos, ha sido una de las más golpeadas, según diversos estudios internos.
En el caso de los músicos, casi un 30% declaró que dejará de percibir más de un 60% de ingresos por sus actividades, mientras entre los artistas visuales casi todos han perdido trabajo (84,8%). Las librerías, por su parte, han tenido una caída de ventas de al menos 50%.
«Como Coordinadora tomamos la iniciativa de plantear una serie de medidas acotadas y realistas, para enfrentar la crisis sectorial, sin embargo, recibimos una total negativa a siquiera trabajarlas. Frente a todo esto, es imposible seguir participando de una mesa participativa que no es tal y no podemos sentarnos nuevamente hasta que exista la real voluntad de trabajar en conjunto», explicó Guzmán.
Las diversas organizaciones se han agrupado en la Cice para enfrentar las dificultades, que presentó un Plan de Emergencia y Reactivación. Sin embargo, critican que las autoridades ignoraron la propuesta, que la propia ministra Valdés no asistió a ninguna de las reuniones y prefirió reuniones bilaterales, un claro «error político» para algunos gremios.
«La ministra Consuelo Valdés, una señora, una verdadera señora, en el viejo sentido del término, intuyo y creo, llena de buenas intenciones, pero que en esta selva neoliberal en desgracia no la escuchan ni se hace escuchar, pareciera que, ante los leones neoliberales obsesionados con la economía y para los cuales la cultura –salvo raras excepciones– es descarte, un lastre que les quedó del Chile republicano y con el cual deben cargar como un karma sobre sus bolsillos, y que no están dispuestos a ‘derrochar’ en cultura, no la consideran, y finalmente a la ministra no le queda más que el silencio», aventuró Roberto Rivera, presidente de la SECH.
De hecho, el encargado del diálogo fue el subsecretario Silva, quien señaló que el ministerio no era de «ayuda social».
Bajo su batuta, las reuniones entre artistas y autoridades se transformaron en meras instancias «informativas» desde el ministerio, acusan los gremios. «Las reuniones son casi plácidas, la autoridad y los funcionarios escuchan, se toma nota y luego no ocurre nada, y eso se repite una y otra vez (…), luego se toman decisiones como si nada hubiera ocurrido, nada, siguiendo la misma normativa anterior a la pandemia y a sus restricciones, es decir, como si las reuniones no se hubieren llevado a efecto y las proposiciones de los gremios tampoco existieran. Da la idea de que la autoridad ministerial de cultura se atiene a una instrucción superior», comentó Rivera.
De manera similar se expresó Teresa Ugarte, de la Red de Salas de Cine. «La cantidad de horas en Zoom frente al computador no se condicen para nada con los resultados obtenidos de dichas mesas, siendo más bien una estrategia de mantenernos ocupados en espacios que se convirtieron en meramente informativos, no vinculantes y donde realmente no había un plan ni metodología, pero que permitía al ministerio decir que estaba trabajando con los gremios del sector», criticó.
A esto se suma, a juicio de Paula Gaete, presidenta de la Cooperativa Editores de la Furia, el «nulo peso e importancia» que tiene el Ministerio de las Culturas dentro del Gobierno. «La ministra y los trabajadores del Mincap realmente trabajaron e intentaron ayudarnos más, como por ejemplo el intento de la ministra por que se declarara el libro un bien esencial para permitir el funcionamiento de librerías durante la pandemia, en formato remoto y desde sus bodegas/centros de acopio para despacho». Sin embargo, Gaete explicó que «la respuesta por parte de Interior y de Hacienda fue un rotundo ‘no’, siendo que les dimos ejemplos de países que lo habían hecho ya y también estaban en cuarentenas obligatorias, como Italia o Argentina. El problema no es el ministerio y sus trabajadores, el problema es la importancia que se le da a ese ministerio dentro de la gobernación».
Tehani Staiger, presidenta de la Asociación Gremial de Gestores Culturales de Chile (Adcultura), reconoció que el ministerio tiene pocas atribuciones, pero «eso podría ser distinto si el propio Mincap respaldara la propuesta parlamentaria de redactar un decreto transitorio que le dé más atribuciones».
También le preocupa que el propio Consejo Nacional, principal órgano de participación diseñado en esta institucionalidad, hasta el momento no se haya pronunciado en relación con una activación real de ayudas al sector. «A este Gobierno no le interesa la cultura. Tenemos un Gobierno muy inculto, que cree que la cultura es un grupo de artistas bohemios financiados por sus hermanos o familiares».
Uno de los puntos de conflicto es que la Cice pide ayuda directa para los artistas, pero el ministerio insistió en las ayudas concursables, como las anunciadas este martes. «Después de todo este tiempo de trabajo, el ministerio no fue capaz de promover una solución a este problema con el Ministerio de Desarrollo Social y se ha negado, reiteradamente, a buscar alternativas de apoyo directo. Esta falta de voluntad obtusa sigue presente hoy, cuando en su entrevista el subsecretario indica que el ministerio no tiene la capacidad de entregar apoyos sociales, pero obviando que, por ejemplo, a través de un artículo transitorio en la emergencia, podría tenerlas. Es más, desde la Comisión de Cultura de la Cámara le han ofrecido directamente pulsar hacia esa solución, pero tanto el subsecretario como la ministra se han negado a escuchar», lamentó Guzmán.
La «bancada» cultural en el Congreso emitió una declaración pública ayer, en la que se cuestionó que los instrumentos y políticas diseñadas por el Gobierno para los distintos sectores productivos del país han dejado fuera al mundo de la cultura y que el plan de emergencia propuesto por el ministerio el 23 de marzo de 2020 (redistribución de $15 mil millones), para hacer frente a la pandemia, es «absurdamente planteado en la lógica de la concursabilidad. No solo es lento y discriminatorio, sino que hoy, por el momento de catástrofe que se está viviendo a nivel nacional, resulta cruel y desesperanzador para una gran cantidad de personas y colectivos afectados».
«Hay una sensación de que este es un castigo para el mundo de la cultura por su participación activa en el estallido social, en las campañas por el plebiscito», afirmó Nicole Morales, vocera de la Red Nacional de Artes Escénicas, que además teme más recortes que podrían llevar a la desaparición de diversos espacios culturales.
Para los gremios culturales, la crisis sanitaria y económica ha demostrado cómo el Gobierno mide con distinta vara las actividades culturales frente a otras similares por nivel de contagio. Un ejemplo son los vuelos, que pueden operar llenos, frente a salas de cine, música o teatro que deben permanecer cerradas.
Este es el caso del reciente protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 para cines independientes, teatros y lugares análogos, que insiste en que los malls ya pueden funcionar, pero la apertura de espacios culturales queda para el final de todo. «Estos protocolos no fueron ni consultados, ni trabajados, ni mucho menos aprobados por los gremios», afirmó Felipe Pires, vicepresidente de Sidarte.
Añadió que son incompletos, no consideran los controles a usuarios de cines ni ayuda a su identificación como población de riesgo, no considera la ventilación natural ni formatos al aire libre, distancia entre butacas delanteras y traseras, ni qué hacer en caso de contagio.
«Es un claro ejemplo del lobby económico en estas decisiones, que además no han hecho más que demostrar cómo tienen de estigmatizada a la cultura, en donde varias gráficas y notas ubican a los cines y teatros en los lugares más peligrosos de contagio sin fundamentos, mientras que por el otro lado el protocolo que nos presenta Minsal nos dice que nuestros futuros asistentes no serán contactos estrechos y que no necesitaremos trazabilidad», criticó Ugarte.
«Por último estos protocolos para muchos espacios serán imposibles de implementar , ya que no solo no hemos recibido ingresos por meses, sino que nos hemos endeudado por seguir pagando nuestros arriendos y trabajadores, además que nos han rechazado todas las solicitudes de créditos y subsidios al no haber tenido ventas estos meses», agregó.
La mesa había realizado varias propuestas, entre las cuales sobresale la defensa de los presupuestos de Cultura, del Mincap y Gobiernos Regionales, especialmente con miras a un complejo 2021. Otra medida es otorgar otra mirada a los concursos próximos, entendiendo que los históricos parámetros de impacto no son pertinentes en este contexto. Con esto, apuntan a cambiar los parámetros de requisitos y evaluación para que los recursos sean distribuidos con parámetros más sociales, eliminando también barreras de acceso y burocracias para que los tiempos sean más ágiles, algo que el subsecretario Silva anunció parcialmente en su carta al gremio.
También han propuesto la implementación de un sistema que permita al Estado comprar entradas anticipadas a eventos culturales, ya que esto permitiría poder hacer un pozo solidario de recursos para los trabajadores.
Otras medidas son actualizar los instrumentos sociales como la ficha de registro de hogares, que hasta el momento no contempla la variables específicas de los trabajadores culturales, para lo cual han propuesto la urgencia de hacer un estudio de caracterización del sector, y que incluye modificar por ejemplo los códigos del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde no están considerados (los trabajadores culturales en SII tienen un código llamado “otros”).
