CULTURA|OPINIÓN
Si hay un logro en la creación y en el desarrollo de la institucionalidad cultural desde su origen el año 2003, es su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Un quiebre entre esas organizaciones y las autoridades, más allá de lo anecdótico, habla de un problema de representación que también es parte de la misma crisis. Cuidado con este punto. Muchas veces se dijo que la cultura sería el eje del desarrollo. Hoy no solo no es cierto, sino que pareciera no importarle a casi nadie.
La profunda crisis que ha provocado la pandemia sobre el sector cultural en Chile no tiene precedentes. El daño producido por el COVID-19 es una hecatombe silenciosa que ha calado hondo en miles de agentes culturales y creadores. Aún no sabemos cuánto tiempo pasará para que este sector recupere su vigor, pero lo más probable es que no sea rápido. Desde el primero de agosto, las conversaciones entre el Ministerio de las Culturas que preside la arqueóloga Consuelo Valdés y 54 organizaciones culturales está cortadas. Todo se fue a pique después de muchas reuniones: las organizaciones acusan a las autoridades de falta de compromiso. Dicen que los encuentros -desde el mes de mayo- son meramente informativos y que no existe una propuesta contundente para una verdadera reactivación económica. Critican además una supuesta carencia de metodologías y la inexistencia de las autoridades del mundo patrimonial y de los pueblos originarios.
Las autoridades del ramo se sienten atadas de manos. Explican que no tienen las facultades administrativas ni legales para resolver un problema de tal magnitud a pesar de la reasignación de 15 mil millones de pesos para concursos públicos con el fin de paliar en algo la crisis. Por otra parte, aseveran que el Estado chileno no posee beneficios sociales que pudieran favorecer al sector artístico cultural y que el Ministerio no tiene facultades para realizar ayuda social directa. En este contexto, el sector cultural se torna casi invisible. Hay que entender que el arco que abarca a la cultura es tremendamente diverso en todas las direcciones. Puede ir desde un artista callejero, un artesano, hasta un cantante de ópera y un realizador cinematográfico. Sin contar a muchas organizaciones y colectivos independientes que no reciben financiamiento del Estado en forma permanente y que se las deben batir con sus propias uñas.
Según datos del propio Ministerio –obtenidos a través de una consulta online realizada entre el 23 de marzo y el 13 de abril a 15 mil agentes del sector cultural, artístico y patrimonial-, la gran mayoría son trabajadores independientes (85,1%). Solo un 10,7% de ellos dice tener un contrato de trabajo y solo un 15,8% declara tener ingreso estable. Esto es la punta del iceberg o una cierta radiografía de la vulnerabilidad del sector. Desde una perspectiva sectorial, los problemas asociados a la cancelación de actividades son especialmente significativos para algunas áreas como las artes escénicas (42,2%), el teatro (40,7%) y la (ópera (41,1%).
Si bien la Subsecretaria de la Artes del Ministerio ha desplegado esfuerzos como desarrollar mesas con distintas áreas para evaluar la contingencia, vincular al Ministerio de Desarrollo Social para orientar recursos, y revisar un plan de retorno con manejo de protocolo para espacios como cines, salas de teatro y otros espacios, los resultados no son suficientes. La crisis supera sin duda las capacidades técnicas, administrativas y legales que tiene el Ministerio de las Culturas en este momento. Es decir, acá se requiere una cirugía mayor y eso solo es posible a través de una voluntad política. La institucionalidad, así tal cual como la conocemos, no tiene las espaldas para destrabar los recursos y menos si es la lógica administrativa burocrática la que se impone. ¿No fue acaso el retiro de los fondos de las AFP´S una solución política?
Hay que tener plena conciencia de que, a pesar del apremio, el problema recién comienza. La puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo para el ecosistema cultural no es algo que se vaya a lograr en forma precipitada o de un día para otro. En la discusión constituyente este debería ser uno de los puntos más relevantes del debate. Si el Estado chileno invierte apenas un 0.4 % de su presupuesto en cultura, y al mismo tiempo se jacta de que el sector aporta un 2,2% aproximadamente al PIB, no cabe duda que hay un nudo que resolver con urgencia.
Según las propias organizaciones culturales, las medidas implementadas por el Gobierno implicarían un recorte de presupuesto para el área que podrían llegar a los 16 mil millones de pesos, y de una reducción para el 2021 de un 30% más la disminución de recursos en varios gobiernos regionales. Esta es la trágica camisa de fuerza: miles de trabajadores de la cultura y sus familias pagan los costos de un problema que no parece estar entre las prioridades del Estado.
Si hay un logro en la creación y el del desarrollo de la institucionalidad cultural desde su origen el año 2003, es su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Un quiebre entre esas organizaciones y las autoridades, más allá de lo anecdótico, habla de un problema de representación que también es parte de la misma crisis. Cuidado con este punto. Muchas veces se dijo que la cultura sería el eje del desarrollo. Hoy pareciera no importarle a casi nadie.
