¿Es la ciudad digna un derecho?

Sí, la ciudad digna es un derecho, ya que se traduce en una vida con menos desigualdades, como espacio de desarrollo social, económico y cultural, donde las iniciativas individuales se enmarcan en el resguardo de intereses colectivos. Es un derecho que probablemente no quedará expresado explícitamente en una nueva Constitución, que si debiera contemplar otros como la salud, educación, pensiones y vivienda, pero que debe ser resguardado mediante un Estado digno, descentralizado y moderno, donde la sea la calidad de vida de las personas su principal propósito.

Las ciudades son el punto de interacción entre el interés colectivo y el individual, es el espacio ineludible donde todos nos encontramos. El modo como administramos las ciudades son un fiel reflejo del tipo de sociedad que somos. En nuestro caso, que tenemos un Estado débil y extraordinariamente concentrado, las ciudades son la principal expresión de nuestras desigualdades. Considerando que nuestro país cuenta con más del 80% de su población viviendo en áreas urbanas, las ciudades pueden ser determinantes también en la posibilidad de revertir esta condición de desigualdad.

Una ciudad digna para sus habitantes es aquella en la que el Estado genera las mejores condiciones para el desarrollo de las personas, así como para el conjunto de la sociedad, entregando bienes comunes al servicio de todas y todos. Es decir, barrios con espacios públicos de calidad sin importar los ingresos de la comuna, un sistema de transporte público que reconozca la dignidad de quienes lo usan, equipamientos de educación y salud del mayor estándar en infraestructura y servicio, donde niñas, niños y adultos mayores puedan sentirse acogidos y protegidos. Viviendas que sean parte de barrios bien equipados, donde la presencia del Estado a partir de sus servicios evite que sean tomados por bandas delictivas.

Un caso paradigmático y contradictorio a la vez es el de las comunas del sector oriente de Santiago. Votaron mayoritariamente “Rechazo” en el último plebiscito, sin embargo, contrariamente a lo que promulgan los defensores de la actual constitución, son en estas comunas donde el sector público cuenta con las mejores condiciones para entregar dignidad a sus habitantes. A diferencia de la mayoría de las comunas urbanas de Chile, aquí no escasean los espacios públicos (Vitacura es un buen ejemplo), Providencia y Las Condes cuentan con la mayor cantidad de estaciones de metro (empresa de propiedad del Estado), el número de carabineros por habitante en esas comunas es significativamente mayor al resto del país, y sus municipalidades cuentan con recursos suficientes (y en muchos casos, en exceso) para responder de manera oportuna a las necesidades de sus barrios.

Para hacer posible una ciudad digna para todos y todas es necesario dar mejores herramientas al Estado, avanzando en su descentralización, traspasando competencias y recursos a las regiones y comunas. Eso permitirá destinar los recursos hacia aquellos sectores que tienen mayores carencias urbanas, con políticas públicas que respondan con participación ciudadana a soluciones integrales. Es decir, requerimos un Estado con fuerte poder local (regional y comunal), con un protagonismo efectivo en la implementación de políticas públicas integrales y no sobre la base de subsidios, como sucede hoy. Sólo de esa manera las ciudades cambian sus tendencias de deterioro por desarrollos virtuosos.