CULTURA
Microdocumental «El agua es un derecho humano»
«La ofrenda de agua» fue una acción social y artística que consistió en llevar a la Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, 7.200 litros de agua envasada en bidones retornables de 20 litros para ser entregados a 180 familias precarizadas por la crisis hídrica-humanitaria que también afecta a gran parte del país.
La acción fue articulada con la participación directa de un colectivo de ciudadanas y ciudadanos y artistas nacionales de diversas áreas de la cultura, las artes y los derechos humanos, que reunieron donaciones tanto económicas como insumos logísticos y materiales.
El colectivo ha sido parte del cortometraje «SECOS», liderado por la productora de cine POETASTROS. Entre los artistas que viajaron al lugar se encuentran Aline Kuppenheim, Daniel Muñoz, Liliana García, Néstor Cantillana y Chamila Rodríguez.
En el marco de este conflicto hídrico, el día 13 de febrero de 2021, la unidad de Agua Potable Rural (APR) de la localidad de San José en la comuna de Cabildo, provincia de Petorca, amaneció con una amenaza rayada en sus muros exteriores. La amenaza de muerte señalaba directamente a la presidenta de la APR del lugar, Verónica Vilches.
Ella fue una de la personas que prestó testimonio en el cortometraje «SECOS» y es un pilar fundamental de la construcción dramática de la obra, por lo que el colectivo de artistas que participaron se movilizaron junto a la co-directora del film, Chamila Rodríguez, con el objetivo de reunir voluntades del mundo civil para lograr armar una ofrenda consistente en 7.200 litros de agua para la comunidad de San José.
El colectivo ha producido un microdocumental dirigido por Chamila Rodríguez, titulado «El agua es un derecho humano», que informa de la situación.
“Verónica Vilches, es dignidad y consecuencia pura. Mujer campesina, defensora del agua, la tierra y el medio ambiente, presidenta del Agua Potable Rural en San José de Cabildo en la Provincia de Petorca, epicentro del robo del agua en Chile. Es urgente que el agua sea un derecho humano en la Nueva Constitución de Chile. El agua debe ser recuperada para todas las comunidades y territorios. Es una vergüenza internacional que Chile sea el único país en el mundo que tiene sus aguas, sus fuentes y gestión privatizadas desde la Constitución de Pinochet”, afirma Rodríguez.
En Petorca no hay condiciones básicas para la vida. Diariamente las familias solo cuentan con una dotación de agua de entre 15 a 50 litros a través de camiones aljibes. Esto no cubre las necesidades básicas del hogar, ni escuelas u otros centros comunitarios que tan solo tienen acceso a una o dos horas de agua. La Provincia de Petorca cuenta con 76.894 habitantes, el 34% niñas, niños y adultos mayores, quienes forman parte del mayor grupo de riesgo sanitario, sin considerar a las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresoras. La gran mayoría de la población rural y suburbana deben utilizar agua de dudosa calidad debido a la crisis de gestión hídrica que existe en Chile.
La normativa indica que en situaciones de escasez no se requiere la autorización ni la fiscalización sanitaria de los camiones aljibe, por lo que es imposible verificar y medir los componentes químicos del contenido que transportan. De esta manera y sumado al contexto de pandemia, el transporte de agua por estos medios no garantiza el cumplimiento de los requisitos del Ministerio de Salud.
La Provincia de Petorca lleva 11 años viviendo bajo la denominación de “zona de catástrofe hídrica”. A esto se suma la gran cantidad de dinero invertido por el Estado de Chile solo en dotación de agua entre los años 2012 y 2016 que, de acuerdo con una investigación de Ciper, fue de $92.116.236.206. Chile, en abril del año 2020, decreta a 138 comunas como “zona de catástrofe hídrica”. Esta Provincia es un reflejo vivo del abandono del Estado, enfrentando una situación de prolongada violación del derecho de acceso al agua y al saneamiento. El impacto de desabastecimiento ha provocado el empobrecimiento de las comunidades, especialmente rurales, dejando en agonía a la agricultura familiar, a las y los crianceros. Por otra parte, el mercado del agua y los camiones aljibe se alza como un pujante negocio amparado por el Estado que lucra con la dignidad de quienes viven privados del agua.
