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En 1984, fueron enviadas desde Suecia 20 mil toneladas de residuos que contenían metales tóxicos al sector del Cerro Chuño, en Arica. A más de 35 años del crimen ambiental, los residuos siguen allí y es por eso que, a través de una carta, seis relatores especiales de las Naciones Unidas exigen de forma urgente una solución al Estado chileno y al Gobierno sueco, que incluye la repatriación de los tóxicos a Suecia. Junto con ello, los expertos en derechos humanos y medioambiente de la ONU exigen medidas inmediatas para reparar y compensar a las víctimas: “Deben tomarse medidas urgentes para garantizar a los anteriores y actuales residentes de Arica reparaciones efectivas por el daño que han sufrido a lo largo de los años, entre las que se encuentran un cuidado y atención a la salud adecuados, su reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna”. El pasado 28 de mayo, el Gobierno de Sebastián Piñera respondió al organismo internacional con el detalle de lo hecho hasta ahora en la materia, sin comprometerse al retiro de los residuos tóxicos. Del mismo modo, desde el Gobierno sueco, junto con solidarizar con las víctimas e informar sobre los procesos judiciales en su país –donde se declararon prescritas las «negligencias»–, tampoco se comprometen a lo solicitado: repatriar los tóxicos a su país. «El Gobierno discrepa respetuosamente de la afirmación de que Suecia esté bajo alguna obligación de reparar la situación en Arica», reza el documento oficial de dicha nación. (ACTUALIZADA)
Desde hace más de 35 años que permanecen desechos mineros altamente tóxicos en Arica, a 650 metros del cerro Chuño, donde hay viviendas sociales. Fueron remitidos a Chile por una empresa sueca con la anuencia e indiferencia del Estado chileno. Pese a las permanentes y constantes acusaciones de violación de los derechos humanos y ambientales, los residuos siguen allí. Por esta razón y urgente situación es que seis relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron, el 23 de marzo de este año, una carta emplazando al Estado chileno y al Gobierno sueco a dar un solución definitiva a lo que consideran como un verdadero crimen ambiental.
El documento, enviado por los relatores Marcos A. Orellana, David R. Boyd, Tlaleng Mofokeng, Balakrishnan Rajagopal, Felipe González Morales, Olivier De Schutter y Pedro Arrojo Agudo, explica detalladamente los hechos ocurridos desde el arribo a Chile de los residuos tóxicos hasta la fecha, junto con siete puntos en los que se requiere, entre otras solicitudes, disponer de todas medidas que sean necesarias para repatriar los desechos a Suecia, a fin de remediar la transgresión a los derechos humanos, proteger los derechos a la vida y a la salud física y mental, el derecho a una vivienda adecuada, al agua potable y al saneamiento de las comunidades afectadas en Arica.
“Deben tomarse medidas urgentes para repatriar los desechos peligrosos a Suecia y/o asegurar la eliminación de los desechos peligrosos de manera ambientalmente racional. Deben tomarse medidas urgentes para garantizar a los anteriores y actuales residentes de Arica reparaciones efectivas por el daño que han sufrido a lo largo de los años, entre las que se encuentran un cuidado y atención a la salud adecuados, su reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna”, indica la carta al Estado chileno.
Entre los requerimientos al Gobierno chileno, los relatores de la ONU solicitaron informar sobre «las medidas adoptadas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación del daño a las personas afectadas por residuos tóxicos y en particular respecto de la personas migrantes y personas indígenas, habida cuenta de la situación de mayor vulnerabilidad en la que estas se encuentran, el acceso adecuado a la vivienda, al agua potable libre de contaminación».
Asimismo, solicitan que el Gobierno indique cuáles son «las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, incluida cualquier orientación proporcionada a las empresas comerciales sobre cómo respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Sería particularmente útil conocer las medidas tomadas para garantizar que las entidades comerciales apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones, incluidas las operaciones en el extranjero y el grado en que la han aplicado. Facilítese también información sobre las medidas adoptadas para proporcionar a las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de entidades comerciales recursos efectivos».
Tras la carta de los relatores de la ONU, los gobiernos chileno y sueco tuvieron un plazo de respuesta de 60 días. Ante el vencimiento del plazo, el Gobierno de Sebastián Piñera pidió una ampliación ante la Misión Permanente de Chile de la ONU, fijándose como fecha tope el viernes 28 de mayo. Sin embargo, la respuesta gubernamental chilena todavía no está a disposición del organismo internacional.
El Gobierno sueco, por su parte, respondió el pasado 21 de mayo con una carta de 21 puntos, donde explicita los procesos judiciales que han ocurrido en Suecia respecto al caso y su compromiso con los derechos humanos, pero sin hacerse cargo de los residuos tóxicos que siguen en Arica.
Entre 1984 y 1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB envió 20 mil toneladas de desechos tóxicos, importados a Chile a través de la compañía minera chilena Promel Ltda.
En 1997 se demostró que los residuos tóxicos contienen altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales nocivos para la salud de las personas. Estos desechos fueron depositados a la intemperie en un lugar conocido como Sitio F en Arica, a 250 metros de un barrio de viviendas familiares, operación que fue permitida por la autoridad sanitaria de la época.
“La pila de residuos contiene aproximadamente 17 por ciento de arsénico; 4,5 por ciento de plomo, 3.000 ppm de mercurio y 0,05 por ciento de cadmio, combinado con algunos otros metales pesados y sustancias tóxicas”, detalla la carta.
Durante 14 años, la pila de desechos altamente peligrosos permaneció en la intemperie a metros de la comunidad y no se informó de los daños que podrían causar estos materiales tóxicos. La zona fue utilizada por algunas familias para ampliar sus terrenos y como patio de juegos de niños y niñas.
En 1998, el Estado de Chile trasladó la pila de desechos del Sitio F a un lugar conocido como Quebrada Encantada, también en las cercanías de Arica y aproximadamente a 650 metros del barrio de Cerro Chuño. El traslado se consideró como una reubicación temporal, hasta que se pudiera identificar una alternativa segura para el almacenamiento. Ese mismo año el Gobierno, en ese tiempo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, determinó que aproximadamente 5 mil personas habían sido expuestas a residuos peligrosos.
Ante esa situación, la Municipalidad de Arica interpuso una acción constitucional ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad para la protección de los derechos a la vida y al medio ambiente libre de contaminación de las pobladoras y los pobladores de Arica. El tribunal falló a favor del municipio y ordenó la restauración ambiental del Sitio F, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el aislamiento, empaque y reubicación de los desechos en celdas de seguridad adecuadas.
Sin embargo, según explicita la carta de la ONU, “a más de 20 años después, las medidas ordenadas por los tribunales chilenos aún no se han cumplido. No se ha realizado un EIA”.
Un año después del fallo de la Corte Suprema, las víctimas que estuvieron expuestas a los lodos tóxicos entablaron acciones legales por daños y perjuicios contra Promel Ltda. y contra la autoridad sanitaria. Sin embargo, no pudieron afrontar los costos de los informes periciales especializados para probar el daño material, y los tribunales chilenos se negaron a ordenar a las agencias gubernamentales que presentaran esta prueba pericial.
Posteriormente, los tribunales chilenos otorgaron 8 millones de pesos chilenos por daño moral a ciertas víctimas, pero no a todas, sin ofrecer una explicación clara sobre ello.
La carta detalla que, desde entonces, el Estado chileno ha reubicado a algunas de las personas residentes de la zona, pero muchas otras continúan viviendo allí.
En 2009, el Gobierno ordenó la reubicación de 1.880 familias chilenas de Cerro Chuño y las villas aledañas. Sin embargo, no todos pudieron ser trasladados. Se estima que, hasta fines de 2017, vivían en Cerro Chuño aproximadamente 1.600 personas, en casi 400 viviendas. Estas habían sido construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo en los años 80, en las cercanías del vertido de los residuos tóxicos, como viviendas sociales. La pobreza habría forzado a muchas familias a buscar vivienda en los asentamientos informales en Cerro Chuño.
Entre las consecuencias detalladas en la misiva presentada por los relatores, se describe que “algunas de las mujeres en edad reproductiva que jugaron en el vertido de desechos tóxicos cuando eran niñas no han podido concebir o experimentan altas tasas de aborto involuntario. Cuando logran nacer, sus hijos e hijas sufren defectos de nacimiento severos, tales como trastornos neurológicos, hidrocefalia y espina bífida. Se estima que unas 12.000 personas se han visto afectadas. Además, desde entonces, muchos han perdido la vida debido a sus afecciones médicas”.
Finalmente, en 2012, el Congreso de Chile aprobó la Ley 20.590 de Polimetales, para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la contaminación en Arica. En 2019, la Contraloría de Chile auditó la implementación de esta ley y concluyó que diversas autoridades administrativas chilenas, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, no habían cumplido con los programas y medidas contemplados por la misma.
“De acuerdo a la información recibida, a la fecha, los términos y objetivos de la Ley 20.590 no se han cumplido. La contaminación ambiental todavía está presente. El Estado chileno no ha puesto a disposición ni especialistas en toxicología, ni trabajadores de la salud para que brinden un tratamiento adecuado a quienes lo necesitan y no se realizan monitoreos sistemáticos de la condición médica de los actuales y anteriores residentes. El Gobierno chileno ha realizado muy pocas muestras biológicas en residentes para detectar la presencia de cromo, mercurio o cadmio en el cuerpo. La comunidad local necesita con urgencia financiación para instalaciones médicas y hospitalarias”, detalla la carta.
En relación con la Ley 20.590, el director ejecutivo de la ONG y estudio jurídico ambiental Fima, Ezio Costa Cordella, afirma que «hay distintos responsables, el principal recae tanto en la empresa chilena como en la sueca. Sin embargo, también hay una responsabilidad del Estado, sobre todo por la construcción de viviendas sobre el terreno que tiene desechos. Lo que llevó al dictamen de la Ley de Polimetales, pero no se ha completado su ejecución. A pesar de que existe la ley, sigue todavía el sector contaminado y las personas siguen teniendo problemas», detalló.
A diferencia de los procesos legales ocurridos en Chile, en septiembre del 2013, 796 residentes de Arica demandaron a Boliden Mineral AB en Suecia, argumentando que la empresa nunca intentó procesar los desechos sino que simplemente se deshicieron de ellos. Pero la Corte sueca concluyó que las víctimas no pudieron establecer una relación entre los altos niveles de arsénico en sus cuerpos y los residuos exportados.
Luego, en marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Suecia determinó que, según la ley del país, la negligencia de la empresa Boliden estaba prescrita, y que las acciones debieron haber ocurrido en un periodo de diez años, por lo que el caso no sería efectivo.
No obstante, en febrero de 2019, los 2.700 residentes de Arica firmaron una carta solicitándole a la Embajada de Suecia una visita y una reunión con las víctimas del crimen medioambiental. En septiembre del mismo año, el embajador realizó la visita y los líderes de la comunidad reiteraron la demanda de repatriación de los desechos y una compensación para los procedimientos médicos para las víctimas.
Sin embargo, como lo detalla la carta emitida por Naciones Unidas, no se ha realizado ninguna acción posterior a la visita del embajador y las varias misivas enviadas por la comunidad a la embajada.
Adicionalmente el documento expresa: “Los estados deben asegurar el acceso a la justicia para aquellos derechos que han sido violados. Los estados y las empresas tienen la misma obligación de proveer soluciones efectivas y restitución a las víctimas de violaciones ocurridas como resultado de la exposición a químicos peligrosos”.
En la carta de respuesta, el Gobierno sueco «expresa gratitud a los firmantes del presente comunicado por sensibilizar sobre la situación actual en Arica, Chile y por poner en perspectiva el tema de los derechos humanos y de las empresas. El medioambiente, incluyendo la gestión de residuos, el acceso a la justicia y negocios y los derechos humanos son asuntos prioritarios para el Gobierno y en relación a esto se han tomado varias medidas en los últimos años. Como firmantes del presente documento, podemos asegurar que Suecia tiene la intención de permanecer activo en estos temas».
Pese a que el Gobierno sueco se centra en demostrar los avances que se han hecho en su propio país en relación con derechos humanos y sustentabilidad, así como en presentar los procesos judiciales que se han hecho del caso en el sistema judicial nórdico, al igual que en 2019, no demuestra una real voluntad de repatriar o hacerse responsable de los residuos tóxicos.
«Debe quedar claro desde el principio que el Gobierno discrepa respetuosamente de la afirmación de que Suecia esté bajo alguna obligación de reparar la situación en Arica. El Gobierno hace notar que la presente situación ha sido sometida a revisión por las cortes nacionales tanto en Suecia como en Chile. En este contexto, el Gobierno halla pertinente recordar el principio fundamental de que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo gubernamental. Sin embargo, más abajo, Gobierno resumirá su posición general sobre el asunto expuesto en el comunicado».
Luego de que la Misión Permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas solicitará una extensión del plazo de respuesta del Gobierno chileno hasta el 28 de mayo, la Dirección de Derechos Humanos (DIDEHU) y el Ministerio de Relaciones Exteriores replicaron con un conjunto de 15 documentos que detallan desde distintos ministerios las acciones realizadas a lo largo del tiempo. Pero al igual que la respuesta de Sucia, no se hace cargo de lo urgente solicitud de los relatores de la ONU: retirar de forma inmediata los residuos tóxicos.
El documento principal cuenta información dispuesta por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Derechos Humanos, Poder Judicial, Gobernación Provincial de Arica, Centro de Salud Ambiental, dependiente del Servicio de Salud Arica (SSA) – Secretaría Regional Ministerio de Salud (SEREMI) de Arica.
La respuesta toma como punto de partida la promulgación de la Ley de Plometales, la que, según detalla la carta: “Impuso obligaciones a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Salud, Medio Ambiente y Educación, con el fin de lograr los objetivos de reparación, prevención y compensación impuestos por el Programa Polimetales. En concreto, el Programa contempla el otorgamiento e implementación de beneficios en salud, vivienda y educación a las personas que habitan las zonas de riesgo, junto con establecer la necesidad de realizar una evaluación de riesgos medioambientales en el sector”.
Luego hay una enumeración de las acciones implementadas por los Ministerios del Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo y Educación y Salud. Donde también se nombran los estudios realizados por distintos estudios epidemiológicos.
“Los estudios concluyen que no existe un efecto significativo en la salud de las personas ante la exposición a polimetales, no pudiendo establecer un nexo de causalidad en la población de la ciudad de Arica respecto de las enfermedades descritas en la bibliografía precedentemente expuesta”, expresa la respuesta del Gobierno.
También responden exponiendo los distintos mecanismos de Protección de Derechos Humanos en Chile, de institucionalidad ambiental y sobre la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Además argumenta que en 2013 se llevó a cabo un proceso legal en Suecia en contra de la empresa Boliden donde en 2018 la “Corte Distrital de Skellefteå determinó que la evidencia presentada por los demandantes no era suficiente para determinar la eventual responsabilidad de la empresa sueca. Además, dictamina que los niveles de arsénico no eran lo suficientemente elevados como para confirmar la gravedad del daño que Arica Víctims reclamaban a Boliden”.
A continuación se pueden revisar los documentos emitidos:
