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Créditos Imagen: Aton
Hace pocos días se cumplieron dos años desde que el máximo tribunal del país evacuara un demoledor fallo contra el Estado, por su responsabilidad en el deterioro ambiental permanente en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, con nefastas consecuencias para la salud de sus habitantes. En lo concreto, la Corte Suprema ordenó en el 2019 el cumplimiento de 15 medidas inmediatas, siendo la primera de ellas identificar los contaminantes volátiles de las empresas que componen el complejo industrial en la bahía, a fin de detectar el origen de las intoxicaciones masivas. A un par de años del fallo, esta medida sigue sin cumplirse. “Es vergonzoso lo que pasa aquí, porque la primera medida, que es la más importante, no se ha cumplido. Lo primero es saber qué emite cada empresa, para luego hacer la sinergia de los contaminantes. Necesitamos saber qué nos intoxicó. A pesar de que ya han pasado tres años de las intoxicaciones masivas y dos años desde el fallo, aún no sabemos nada”, confiesa, con decepción, Katta Alonso, vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio.
En agosto y septiembre de 2018, las protestas civiles por la contaminación en la bahía de Puchuncaví, Quinteros y Concón se tomaron la agenda nacional como nunca antes, pese a vivir en un ambiente ambientalmente deteriorado por más de 30 años.
Por esa época se evidenciaron más 1.365 casos, de los cuales 818 correspondieron a niños, niñas y adolescentes, por intoxicación por gases y compuestos químicos presentes en el aire, producto de la alta contaminación que producen las empresas públicas y privadas que se han ido instalando en la zona desde los años 50.
En ese contexto, diversas organizaciones presentaron 12 recursos de protección contra el Ministerio del Medio Ambiente a raíz de las intoxicaciones masivas presentes en la localidad.
Hace poco más de una semana se cumplieron dos años desde que la Corte Suprema emitiera el emblemático fallo a favor de las organizaciones, reconociendo la vulneración de toda una población y el total abandono por parte del Estado. Es el Chernóbil chileno.
El tribunal entonces ordenó 15 medidas inmediatas al Estado, en las siguientes áreas: salud; el ambiente; la gestión de riesgos; el acceso a la información; niños, niñas y adolescentes; población vulnerable. Además, otorgó un plazo de un año para elaborar un informe detallando la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero.
Setecientos treinta días después de aquel pronunciamiento del máximo tribunal del país, nada ha cambiado. De las urgentes medidas, ninguna se ejecutó y la comunidad de la zona de sacrificio sigue esperando como alma en pena.
Katta Alonso, vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio, confirma su desazón.
“Es vergonzoso lo que pasa aquí, porque la primera medida, que es la más importante, no se ha cumplido. Lo primero es saber qué emite cada empresa, para luego hacer la sinergia de los contaminantes. Necesitamos saber qué nos intoxicó. A pesar de que ya han pasado tres años de las intoxicaciones masivas y dos años desde el fallo, aún no sabemos”, señala.
En efecto, en la actualidad no hay un diagnóstico integral de los niveles de algunos contaminantes, punto que debió haber sido resuelto hace más de un año.
“El aire es súper malo, la gente se sigue sintiendo mal, tenemos a cada rato emergencia sanitaria y peak de Co2, que es lo único que tenemos prácticamente normado. Además hay muchos compuestos orgánicos volátiles que no están normados y que también están en el aire, por eso está tan malo y, cuando hay mala ventilación, obviamente que los contaminantes bajan y la gente nos sentimos pésimos. Las medidas que se han tomado no nos sirven”, reclamó la vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio.
La directora regional de Unidad Política de Greenpeace, Josefina Correa, en tanto, apunta al mismo punto.
“Las medidas que fueron establecidas ,que partían por reconocer qué contaminantes existían en la zona, no están cumplidas. Hay, en cambio, una red de monitoreo que incluye normas regresivas. Por ejemplo, de lo que actualmente se logra medir en la zona, 85% de los días del año y el anterior, las personas viven bajo gestión de episodios críticos de contaminación por azufre, y eso no ha hecho que las autoridades revisen normas”, subrayó Correa.
Pese a que han pasado dos años, organizaciones como la Defensoría Ambiental han estado vigilantes del cumplimiento de las medidas impuestas por el fallo, creando incluso la campaña “El Derecho a respirar en paz”, en mayo del 2020, para reparar comunicacionalmente en el incumplimiento de las medidas.
Este 2021, la Defensoría Ambiental emitió un documento con un listado de las acciones que no se han llevado a cabo, el que se puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
“La Corte de Apelaciones ha solicitado informes a la parte recurrida en relación a los avances en el cumplimiento de las medidas, pero estos evidencian un retardo injustificado y cumplimiento tardío e inadecuado de las medidas ordenadas por la Corte. La Corte de Apelaciones se limita a acusar recibo de los informes sin analizar su idoneidad, es decir, si es que sirven para cumplir el objetivo de las medidas ordenadas por la CS. La Corte de Apelaciones ha archivado la causa de forma constante 3 veces (17 de junio, 02 de julio, 27 de noviembre 2020) e injustificada, a pesar del incumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema”.
Ante esta situación, la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales y la Defensoría Ambiental interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema.
“Lo más relevante es que no ha cambiado nada en términos concretos. Hasta la fecha, las organizaciones que presentaron los Recursos de Protección han estado tratando de hacer cumplir este fallo, pese a que la Corte de Apelaciones ha archivado tres veces la causa”, puntualizó Josefina Correa.
Otra de las medidas implementadas por el Estado es el Plan Operacional para la Gestión de Episodios Críticos (GEC) de Contaminación, vale decir, un plan de operación sobre los altos indices de contaminación atmosférica.
Según un informe realizado por la Defensoría Ambiental, desde enero hasta mayo 2021 se ha aplicado 114 veces el Protocolo GEC. Al respecto, la vocera Katta Alonso sostuvo que “el GEC no ha resultado, porque igual se producen las excedencias, las empresas siguen emitiendo mucho más de lo que deben. A pesar de que la norma es tan laxa y mala, igual la sobrepasan, entonces, el aire está realmente crítico”.
Uno de los puntos que ha realizado el Ministerio del Medio Ambiente es la creación del sitio web https://airecqp.mma.gob.cl/, con información respecto a los pronósticos de ventilación, la calidad del aire y los avances que se han hecho en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón.
Sin embargo, la directora ejecutiva de la organización Terram, Flavia Liberona, comentó que, si bien no ha habido grandes avances, sí hay algunas noticias alentadoras, relacionadas con la zona en la Región de Valparaíso.
“No mucho hasta hoy día, hay súper pocos avances, es poco lo que se ha cumplido de los 15 puntos; sin embargo, hay dos puntos importantes: uno es que la superintendencia llamó a los ejecutivos de ENAP porque hay una teoría que la contaminación en las personas habría sido causada por un petróleo iraní que se descargó en la Bahía de Quintero, pero no hay fallo”, detalló Liberona.
A dos años del fallo emitido de la Corte Suprema, los habitantes de Quintero, Puchuncaví y Concón siguen expuestos a la contaminación en la zona de sacrificio. Al respecto, la directora regional de Unidad Política de Greenpeace, Josefina Correa, recalcó que se está cometiendo una negligencia al no corregir la vulneración de los derechos de las personas y de NNA.
“Aquella voluntad más real que puede tener la administración del Estado, es dictar normas que permitan un estándar en que las personas puedan habitar respirando un aire que no enferme a los niños y que no envenene lo que los rodea. Pero lo que tenemos hoy es un sinfín de discursos aplastantes de la realidad. Si se hace una revisión efectiva de cómo ha sido la implementación de normativas, que han sido siempre a cargo de las Presidencias de la República, se puede ver que ha habido una negligencia mantenida en el tiempo, y esto se hace más grave cuando además hay una sentencia de la Corte suprema”, sentenció Correa.
