CULTURA
«La propia política portuaria para Magallanes es aberrante. Se proyecta, a través de la Subsecretaría de Pesca, una política de desarrollo para la industria acuícola de aquí a 20 años. Todo aquello sin consultarle a la ciudadanía, a las comunidades indígenas. Aún en pandemia se han seguido haciendo las consultas, aplicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través del artículo 86 (del reglamento). Hagamos lo que hagamos, siguen aprobando proyectos», criticó Leticia Caro.
La dirigente kawésqar Leticia Caro expresó su preocupación por el medio ambiente en la Patagonia, en medio del proceso constituyente donde se debate poner fin al modelo extractivista de los últimos años.
Consultada sobre si ha visto un cambio al respecto desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, Caro indicó que la situación «ahora es peor».
«Se ha venido una lluvia de proyectos industriales, de leyes que amparan a la industria. La propia política portuaria para Magallanes es aberrante. Se proyecta, a través de la Subsecretaría de Pesca, una política de desarrollo para la industria acuícola de aquí a 20 años. Todo aquello sin consultarle a la ciudadanía, a las comunidades indígenas. Aún en pandemia se han seguido haciendo las consultas, aplicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través del artículo 86 (del reglamento). Hagamos lo que hagamos, siguen aprobando proyectos», criticó.
Actualmente, el gobierno de Sebastián Piñera intenta extender por veinte años más la Política Nacional Acuícola (PNA), según han denunciado entidades ecologistas. Recientemente, las comunidades kawésqar y ambientalistas pidieron el retiro de las salmoneras de la zona.
A la dirigenta además le llama la atención que esto ocurra a pesar del estallido social y las demandas allí planteadas.
A partir del 18 de octubre de 2019 «nosotros salimos a marchar todos los días con nuestros lienzos para la protección del territorio».
«Estuvimos en cada una de las manifestaciones y también nos estuvimos reuniendo para conformar propuestas, en Punta Arenas y Puerto Natales. Lo vivimos esperanzados en que haya un cambio a partir del 18 de octubre. Finalmente el único cambio que vimos fue el Acuerdo por la Paz y es a lo que tenemos que apostar hoy en día en esta Convención Constituyente», lamentó.
«El estallido lo veíamos venir hace rato, dadas las políticas imperantes, las políticas neoliberales, las políticas de compra y venta. El permiso que tienen las transnacionales de operar, el hecho que los gobiernos no respeten los derechos indígenas, que las consultas de pronto se volvieron una cuestión administrativa, pero todo estaba pactado anteriormente, donde se tenía derecho a argumentar o hacer cambios en ciertos artículos, reglamentos o leyes. Además estaba el aumento del costo de vida para la ciudadanía, el avance de las industrias sobre los territorios. Lo que pasa con las industrias y el gobierno es que no comprenden los territorios».
Caro además duda que esto cambie con la elección presidencial.
«No sé si en el mismo régimen y el mismo gobierno se pueda cambiar algo. Si seguimos en el mismo sistema, es difícil que un presidente pueda hacer cambios estructurales y radicales dentro de los servicios públicos. Para eso es importante reformar el sistema gubernamental», apostilló.
Caro además fue crítica con el proceso constituyente en curso.
«Todo el proceso constituyente, desde sus inicios, me parece contrario a lo que la ciudadanía y la mayoría de las comunidades esperaban para un proceso de esta magnitud, ya a partir del Acuerdo por la Paz. Desde siempre quisimos una asamblea constituyente plurinacional, o en un defecto una chilena y otra indígena. La situación de los escaños (reservados) se da a raíz de que el gobierno no realiza la debida consulta indígena para ver la forma en que queríamos participar. En la consulta debieron emerger los representantes, y de cuantos debían representar a cada pueblo», dijo.
«De esto resulta el actual proceso, que finalmente derivó en escaños reservados, que hubo que postular en el Servel, con todas las dificultades que eso tenía. Finalmente los pueblos indígenas se fueron a votación como todo el resto de Chile, sin tener alguna diferencia con los demás. Y la participación que hubo fue poquísima, y muchas de las personas no entendían el proceso. Y bueno, el resultado es este», afirmó.
En el caso del pueblo kawésqar, en un proceso donde la propia Caro fue candidata, fue elegida por escaño reservado Margarita Vargas.
«Chile está con un proceso de legitimidad hace mucho tiempo. Los pueblos indígenas no conocen estos procesos», comentó. Sin embargo, agregó que «la gente que fue a votar validaron a la persona que fue elegida constituyente y me parece bien, válido. Creo que hay que dejarlos trabajar. Hay que ver cómo avanzan y qué es lo que plantean».
Además, respecto a que la presidencia de la convención haya recaído en una figura indígena (Elisa Loncon), señaló:
«Me parece bien, pero sabemos que estaba pactado y conversado anteriormente. No es una sorpresa, digamos».
Y agregó:
«No hemos cambiado nada. La estructura sigue siendo regida por políticas partidarias».
Finalmente, en cuanto a sus expectativas sobre el proceso constituyente, dijo que «a los territorios hay que darles otra mirada, que la visión de desarrollo sea distinta, una nueva mirada sobre los derechos indígenas, sobre la ciudadanía, sobre el medio ambiente».
«Como bien dijo Elisa Loncon, que se limpien las aguas. Espero que se trabaje para eso, porque el agua, nuestro mar aquí, los ríos, todos los cuerpos de agua, hoy están sufriendo grave contaminación. En nuestro territorio y otros que han sido impactados gravemente por la industria, no solamente salmonera, sino también minera, forestal, agroindustrial. Sería interesante que eso se pudiera revertir en la Convención. Pero para eso no sólo hace falta la mirada de un constituyente o veinte, necesitamos que haya un acuerdo general», dijo.
Respecto a los derechos indígenas, a Caro le gustaría ver todos aquellos considerados en los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), «derechos sociales, civiles, culturales: derechos al territorio y del territorio».
«Eso significa que el territorio también tiene derechos. Son similares a los derechos de la naturaleza, pero estos vinculados a la visión de los pueblos indígenas sobre los territorios. Por ejemplo, nombrar a cada pueblo y su territorio con los límites y coordenadas, derecho a la educación, tener escuelas para la recuperación de la lengua, salud tradicional y también salud intercultural, a la libre navegación, que los pueblos indígenas no tengan que estar ligados a las cuotas de pesca».
Caro pidió la derogación de varias normas, como la Ley de Pesca, por su cuestionado origen, y los decretos 40 del Ministerio del Medio Ambiente y 66 del Ministerio de Desarrollo Social «que coartan la consulta indígena». También pidió la creación de un organismo que vele por el mar y avanzar a una ley diferente de bordes costeros y darle protección «a los sistemas que son frágiles, como humedales, ríos, lagunas, glaciares, y que las leyes sean consultadas previamente, pero en consultas que sean vinculantes».
