El máximo tribunal confirmó la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental que autorizaba la instalación de un centro de cultivo en el Seno Taraba, Región de Magallanes. Las aguas del parque están actualmente amenazadas por 67 concesiones otorgadas dentro de la reserva, a las que se suman otras 61 concesiones en trámite. “Este fallo comprueba lo que hemos venido diciendo durante años respecto al tremendo daño que generan las salmoneras y también que no es posible que se nos excluya de los procesos de decisión respecto del territorio a las comunidades Kawésqar”, señaló la dirigenta María Navarro Águila.
En enero de este año, el Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación interpuesta por tres comunidades Kawésqar contra la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Magallanes, y decidió invalidar la autorización de un centro de cultivo de salmones de la empresa Trusal (filial de la empresa de capitales chilenos Salmones Austral).
El proyecto, ingresado por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no contenía información suficiente respecto a sus impactos. En particular, los ministros concluyeron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no requirió al titular la totalidad de la información solicitada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, desde donde se manifestó la necesidad de evaluar los impactos que provocaría la descarga de contaminantes sobre las especies claves y estructuradoras de los ecosistemas.
Ahora, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la empresa Trusal y el SEA en contra del fallo del Tercer Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental que autorizaba la instalación del centro de cultivo.
La resolución fue emitida por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Mario Carroza y el abogado integrante Enrique Alcalde
“Este fallo es muy importante para la conservación de la biodiversidad”, explica Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA. “La Corte Suprema establece que el Tribunal llegó a una correcta convicción respecto a que no se habrían descartado los efectos adversos significativos sobre la biota marina del lugar, por lo que la Declaración de Impacto Ambiental debió haber sido rechazada”, agrega.
Este caso se suma a las múltiples acciones que las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar conformadas por Ata’p, Residentes en Rio Primero, As wal Lajep, Inés Caro, y Grupos Familiares Nómades del Mar -con el apoyo de las ONG AIDA, Greenpeace y FIMA- están realizando para proteger los prístinos ecosistemas marinos de Magallanes, territorios ancestrales indígenas, de la depredación producida por las salmoneras, las cuales ya han protagonizado múltiples eventos de daño y contaminación masiva en las regiones de Los Lagos y Aysén.
«Para nosotros, como comunidades, este nuevo triunfo es muy importante”, señala María Navarro Águila, de la comunidad Seno Obstrucción.
“Comprueba lo que hemos venido diciendo durante años respecto al tremendo daño que generan las salmoneras y también que no es posible que se nos excluya de los procesos de decisión respecto del territorio a las comunidades Kawésqar. Que la Corte Suprema haya mantenido el rechazo es un tremendo paso y señal respecto a lo incompatible que son las salmoneras con la protección de territorio. El Seno Taraba es muy importante para cada una de las comunidades que somos parte de este trabajo” agrega.
Por su parte, Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, celebró que el fallo reconoce “el problema de la contaminación orgánica que generan los centros de salmonicultura, por la descarga de fecas y alimento no consumido en el fondo marino y su disolución en la columna de agua. Lo anterior lleva a un aumento en la demanda de oxígeno, lo que genera zonas anaeróbicas o anóxicas, donde la vida se torna difícil o imposible. En Magallanes constantemente alrededor del 50% de las concesiones reportan aguas con este desequilibrio de oxígeno, y no hay medidas específicas para evitar que esto suceda o para exigir que se resuelva inmediatamente (incluyendo la reparación de daños que la asfixia implica)”.
El Parque Nacional Kawésqar se extiende por 2,8 millones de hectáreas terrestres, siendo el segundo parque más grande de Chile. Las zonas costeras que lo rodean, sin embargo, están protegidas bajo la figura de Reserva Nacional, categoría de menor protección.
El problema es que dichas aguas están actualmente amenazadas por 67 concesiones otorgadas dentro de la reserva, a las que se suman otras 61 concesiones en trámite.
“No es posible que se continúe permitiendo la aprobación de concesiones de salmonicultura dentro de áreas protegidas, sus alrededores y en territorio indígena”, sentencia Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace.
“Estamos ante ecosistemas muy frágiles de los cuales dependen diversas especies y comunidades locales. Es impensable pensar en la aprobación de un centro en estas zonas sin que sean afectadas. Por eso nuestro llamado a detener la expansión de la industria y frenar la aprobación de concesiones. El mar no da para más”, concluyó.